Este lunes, el Banco de la Nación Argentina (BNA) informó que suspendió los convenios por el cual adelantaba fondos para el pago de haberes de empleados públicos, tanto a nivel nacional como distrital. La medida del gobierno de Javier Milei acorrala a más de 700 mil empleados públicos y pone en riesgo los sueldos de 3,5 millones de trabajadores.
La Universidad Nacional de Rosario (UNR) fue la primera en advertir la situación:
“A partir de una circular del Banco Central de la República Argentina dispuestas por las autoridades nacionales, el Banco de la Nación Argentina informó a nuestra Universidad que no podrá adelantar, desde este mes y hasta nuevo aviso, el pago de haberes, tal como está dispuesto en el convenio entre nuestra institución y la entidad bancaria”, informó la Universidad en un comunicado.
Los convenios suspendidos permitían que trabajadores de las universidades y empleados públicos cobrasen el primero día hábil de cada mes. Ahora deberán esperar a que el Tesoro deposite en el Nación para trasferir los sueldos:
“El pago de haberes para agentes que perciben los mismos por Banco Nación se efectuará en el momento en que la Tesorería de la Nación concrete la correspondiente transferencia“, explicaron desde la UNR.
La situación afecta a todos los trabajadores universitarios y públicos en general que tienen cuentas en el Banco Nación como también a los entes autárquicos que tienen convenios similares.
La comunicación A7674 del Banco Central, que pone límites a los adelantos de entidades financieras a organismos públicos, universidades nacionales y otros entes no privados, complicará el pago de haberes en término (último día hábil de cada mes o primero del siguiente) a empleados públicos, docentes, profesionales y trabajadores de la salud y de otras reparticiones.
Motosierra a los trabajadores
La norma dificulta el pago de sueldos de los trabajadores de los organismos estatales nacionales, pero también de provincias y municipios.
Gremios estatales como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) indicaron que la medida implica una inminente demora en el cobro de más de 700 mil agentes de la administración central y encendió la alarma sobre un universo de millones de trabajadores.
La primera línea de perjudicados pertenece a la plantilla de la administración pública nacional, que incluye a trabajadores estatales de organismos, docentes universitarios y personal civil y uniformado de las Fuerzas Armadas, que suman al menos 716 mil trabajadores. Pero la misma complicación, ampliada a los municipios y gobiernos provinciales que se financian de la misma manera, encendió las alertas por el pago de sueldos de este mes de un total de 3,5 millones de personas.
La venganza por la Ley Ómnibus
Lo cierto es que se trata de una medida que el vocero presidencial Manuel Adorni anticipó en conferencia de prensa la semana pasada cuando la Ley Ómnibus quedó empantanada en negociaciones sin rumbo.
El vocero presidencial adelantó que el BCRA no iba a extender la autorización “para que las provincias se endeuden con bancos provinciales para afrontar necesidades urgentes“.
Hasta ahora, los bancos públicos o privados que administran cuentas de las distintas dependencias de los gobiernos, entes autárquicos y empresas públicas, financiaban el pago de haberes sin impacto en el computo del descubierto permitido en sus balances, a partir de una norma del Banco Central dispuesta en octubre de 2019 durante la gestión de Mauricio Macri.
Vence el próximo 1 de febrero y el gobierno de Javier Milei decidió no renovarla.
