La impericia, ausencia de muñeca política y repetidas amenazas del gobierno de Javier Milei hartaron a la oposición colaboracionista, logrando que la Ley Ómnibus no tenga asegurado el respaldo en la maratónica sesión de Diputados prevista para este martes.
Luego de haber alcanzado un dictamen en plenario de comisiones, y de haberlo modificado de forma irregular en ámbitos impropios al debate parlamentario, a última hora del domingo el gobierno envió a los bloques de la oposición colaboracionista una nueva “versión” del proyecto de Ley Ómnibus, ahora sin el paquete fiscal, como había anunciado el viernes en conferencia de prensa el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo.
Uno de los cambios más relevante que se puede ver en el nuevo borrador es que bajarían el número de las emergencias de nueve a siete, sacando del listado la previsional y la de salud. Es decir, quedarían las emergencias económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024. Y, en el borrador, hacen la aclaración de que dicho plazo “podrá ser prorrogado por el Congreso de la Nación por el plazo máximo de UN (1) año“.
Otro de los cambios sería sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. En el borrador no figura más el artículo que permitía la transferencia de activos del FGS al Tesoro. El proyecto original planteaba la transferencia de los activos del FGS al Tesoro Nacional y que el traspaso se haga compensando las deudas de las provincias con el FGS y que los flujos permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las cajas jubilatorias no transferidas. En la nueva versión, en tanto, sólo se permitiría la consolidación de deuda.
Por otra parte, si bien el gobierno anunció que eliminaría el capítulo fiscal, aún persistiría en la nueva propuesta la parte de impuestos internos, transparencia fiscal y otras medidas fiscales como la asignación específica del impuesto País. Una nueva modificación estaría vinculada al artículo de fondos fiduciarios energéticos para incluir zona fría, un pedido de los gobernadores patagónicos.
Seguiría en pie, sin modificaciones, el artículo de privatizaciones -que no acompañarían desde la oposición amigable-.
Otro dato importante es que en esta nueva versión se eliminarían todas las reformas electorales. En la versión anterior persistía un artículo vinculado al financiamiento de los partidos políticos por parte de privados que, según analizaban desde la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF), iba a permitir el ingreso de, por ejemplo, fondos del narcotráfico para financiar campañas políticas.
Por último, se retirarían las modificaciones al Código Civil en conceptos de fondo como mora o teoría de la imprevisión, pero quedarían las modificaciones al divorcio, sucesiones, y contratos comerciales.
Tal como anunció Caputo en la conferencia de prensa que dio el viernes en Casa Rosada, quedarán fuera el aumento de las retenciones, el nuevo mecanismo de actualización de las jubilaciones, el blanqueo de capitales, los cambios en el Impuesto a los Bienes Personales y la moratoria.
Incertidumbre en el Congreso
Pese a haberse modificado cerca de la mitad del proyecto, el gobierno libertario no tiene asegurado el acompañamiento de la oposición colaboracionista en el Congreso.
Durante las breves y frenéticas negociaciones de la semana pasada para acercar posiciones, se desgastó la confianza entre el gobierno y los bloques aliados.
Los legisladores con voluntad de acordar llegaron al punto límite de desconocer al verdadero negociador oficialista. Hablaron con uno, después los llamó otro sin decisión política para, finalmente, rechazar desde arriba. Finalmente apareció, de un momento a otro, el ministro de Economía para voltear cien artículos y una ley paralela (la que restituía el impuesto a las Ganancias a 800 mil trabajadores).
Las idas y vueltas del gobierno, más el colador de información que filtraba las reuniones a la prensa, provocaron que Miguel Ángel Pichetto (HCF) se retirara de las negociaciones con el oficialismo.
Poco y nada ayudó el día de furia que tuvo “Toto” Caputo el pasado miércoles, cuando amenazó a los gobernadores -a quienes les piden el voto en el Congreso- con profundizar el ajuste si no impulsan el Ómnibus.
Para peor, la conferencia de prensa del ministro del pasado viernes, lejos de configurarse como una claudicación del gobierno, se muestra como una confirmación de las amenazas: sin el paquete fiscal, el ajuste a la población -y a las provincias- será aún mayor.
“Es un mayor ajuste para la política, la Nación y las provincias“, dijo Caputo al explicar cuál sería la alternativa inmediata al retiro del paquete fiscal de la ley Ómnibus.
Por todo ello, el acompañamiento de los bloques aliados no está asegurado.
La UCR podría acompañar parcialmente el proyecto, pero se dividiría en la discusión por artículos. Sucede que el cordobés Rodrigo De Loredo preside en lo formal un grupo de 34 diputados pero, durante la discusión de la ley, Facundo Manes y Emiliano Yacobitti llegaron a sumar alrededor de 14 diputados en un fuerte rechazo a toda la ley, que convalidó la Convención Nacional de la UCR, que preside el hermano del neurocientífico. Por eso, es una incógnita cuantos votos aportará finalmente el radicalismo.
La bancada Hacemos Coalición Federal (HCF), atraviesa horas de incertidumbre: Pichetto cortó los diálogos con el gobierno, Florencio Randazzo decidió no votar algunos artículos, posición similar de Margarita Stolbizer y Natalia De la Sota que hasta podrían rechazar toda la ley; sin contar que la Coalición Cívica marchaba con dictamen propio antes que Caputo retirase el paquete fiscal.
Por su parte, los diputados salteños y sus pares misioneros del bloque Innovación Federal que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz y Hugo Passalaqua se inclinaban por ordenar a sus legisladores voten por la afirmativa en general y ser más flexibles en el tratamiento en particular. Son tres de la provincia norteña y cuatro por la mesopotámica, pero el bloque se completa con un rionegrino y un neuquino.
Únicamente el PRO se dispuso públicamente a dar quórum y votar a favor de toda la ley, incluso cuando contemplaba el aumento a las retenciones.
En tanto, Unión por la Patria (UP) y el Frente de Izquierda (FIT) definieron desde el principio el rechazo a toda la ley. Más aún, se preparan para presentar denuncias penales si el oficialismo y sus aliados cometieran la imprudencia de presentar a discusión un dictamen distinto al aprobado en comisiones en la madrugada del miércoles de la semana pasada.
