Los Gobernadores de las provincias de la Patagonia se expresaron en contra de los cambios en la actividad pesquera del proyecto de ley ómnibus, y advirtieron que “habrá consecuencias devastadoras para la totalidad de la industria pesquera” en caso de aprobarse las reformas.
Los Gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Rolando Figueroa (Neuquén) publicaron un documento en el que manifestaron su rechazo a la nueva normativa pesquera presente en la ley ómnibus.
El comunicado “en defensa de la soberanía, los recursos y la industria pesquera de las provincias patagónicas” remarca que el proyecto enviado por Milei al Congreso “nos obliga a defender la actividad pesquera de nuestra región, su sostenibilidad y principalmente la soberanía de nuestro país“.
En ese sentido, apuntaron a tres “modificaciones en materia de regulación que impone la propuesta legislativa”.
En defensa de la soberanía, los recursos y la industria pesqueras de las provincias patagónicas. pic.twitter.com/VRuL176lJV
— Alberto Weretilneck (@Weretilneck) January 2, 2024
Obligatoriedad de descarga en puertos argentinos
En primer lugar, los mandatarios provinciales expresaron que “vemos con preocupación la derogación del Artículo 25° del Régimen Federal de Pesca, Ley 24.922″, que obliga a “descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos nuestro país“.
Al respecto, recordaron que la medida tiene “el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en suelo argentino“, y remarcaron que:
“Miles de personas que trabajan en torno a la actividad, como estibadores y personal de logística para que después las plantas procesen los productos”.
“Con su derogación, nuestros recursos se podrían descargar fuera de nuestro país“, indicaron, “lo que afectaría considerablemente la industria nacional en términos laborales y económicos”.
Asignación de cupos de captura
En segundo lugar, apuntaron contra la modificación del Régimen de Pesca del Artículo 27. Sobre el tema, comentaron que previamente se tenían en cuenta “el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que habían generado” a la hora de distribuir el acceso a los distintos cupos de especies.
“La modificación indica que nada de todo esto tiene valor, sino que queda sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, una competencia absolutamente desigual”, argumentaron.
Obligatoriedad de contratar personal argentino
Por otro lado, se mostraron en contra de los cambios en el artículo 40 de la misma ley, que “establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina” y “con diez años de residencia”.
“A partir de ahora, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero“, cuestionaron, al tiempo que recordaron que los empleados extranjeros:
“No están alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, punto que afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región”.
Pérdida de representatividad de las provincias
Finalmente, aludieron a la “pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras” que provocaría la reforma sobre el artículo 9 de la Ley Federal de Pesca, que:
“Remueve atribuciones del Consejo Federal Pequero para que sean ejercidas de forma exclusiva por parte del funcionario designado por el Poder Ejecutivo Nacional“.
“De tal manera las decisiones en materia pesquera dejan de ser determinadas de manera democrática“, apuntaron, y explicaron que “se cercena la voluntad de las Provincias que delegaron facultades en el Consejo Federal Pesquero al momento de adherir a la Ley Federal de Pesca”.
En defensa de la soberanía económica
En este contexto, expresaron su rechazo a las modificaciones y remarcaron que “es momento de defender la soberanía, los recursos que son de nuestra región y de igual forma los empleos para trabajadores argentinos“.
“En caso de llevarse adelante las reformas planteadas, habrá consecuencias devastadoras para la totalidad de la industria pesquera de las Provincias Patagónicas, el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos, además de debilitar la soberanía económica”, completaron.
