A pesar de las sospechas que existieron maniobras ilegales ligadas al blanqueo de capitales que impulsó el gobierno de Mauricio Macri que habían tenido como beneficiarios a la propia familia del expresidente, nunca se habían podido comprobar, pese a las múltiples investigaciones abiertas. Eso ya cambió, con el lavado de dinero que efectuó Gianfranco a su propia madre.
Gianfranco Macri –hermano del exmandatario– fraguó los requisitos contenidos en la ley de exteriorización sancionada por el Congreso, en 2016, para declarar como propio un “trust”, equivalente a un fideicomiso, radicado en Liechtenstein que, en realidad, pertenecía a Alicia Blanco Villegas, madre de ambos e impedida legalmente para acceder a los beneficios que otorgaba la amnistía fiscal.
Ya hay una causa judicial que tramita en el fuero penal económico -donde se incorporó la documentación del trust como prueba nueva de hechos ilícitos- donde el hermano del expresidente está imputado. Según los investigadores, el monto blanqueado estaría en torno a los u$s 25 millones, casi el 60% del volumen de dinero que Gianfranco admitió como propio en las presentaciones que hizo ante el fisco para acogerse al blanqueo.
“Quiñel Trust” es el nombre del fideicomiso que fue creado el 29 de noviembre de 2000, de acuerdo a las leyes del Principado de Liechtenstein, considerado un paraíso fiscal de solo 160 kilómetros cuadrados, ubicado entre Austria y Suiza. Quiñel posee el 100% de las acciones de Reata Pacific Ltd, BVI, que a su vez era titular de dos cuentas bancarias.
Los derechos del fiduciante estaban administrados por el Credit Suisse Trust AG, en nombre de Alicia Beatriz Blanco Villegas, con quien figura un contrato firmado. La primera esposa de Franco Macri es la madre de Mauricio, Gianfranco y Mariano (además de Sandra, ya fallecida), y según su estatuto, la principal beneficiaria de los fondos y las rentas del mismo.
Pero no fue ella quien lo declaró, sino que lo hizo uno de los denominados “segundos beneficiarios”, que de acuerdo al reglamento, solo podría actuar en nombre de su madre en caso de fallecimiento o incapacidad definitiva constatada.
Nada de eso ocurrió, sino que se utilizó un artilugio para que a través de una persona interpuesta, esos activos no declarados pudieran ingresar al patrimonio de los involucrados, sin levantar sospechas.
De acuerdo a la documentación obrante en Liechtenstein, Blanco Villegas era la única e ilimitada beneficiaria del Trust, y en caso de su muerte, un 70% correspondía a sus hijos, mientras que el 30% restante se repartiría entre sus nietos. Pero el dato saliente es que la propia Blanco Villegas lo terminó reconociendo, al explicar que cuando su hijo Gianfranco mudó su domicilio fiscal a Uruguay –para evitar ser alcanzado por la AFIP cuando su hermano dejó la presidencia– ella poseía la administración y control de los activos del Trust, los que fueron incorporados a su declaración de Ganancias y de Bienes Personales.
Pero su incorporación, fue recién en 2020, tres años después de que Gianfranco los ingresara al blanqueo de la Ley N° 27.260 como propios. La mujer, adujo que simplemente se trató de un “cambio” de contribuyente. Las autoridades solicitaron a Gianfranco que explique también por qué incluyó esas cuentas bancarias en la exteriorización que hizo, amparado por la norma. Todavía no respondió.
El problema central que explica la maniobra se encuentra en el Artículo 83 de la Ley que contenía la Reparación Histórica para jubilados. Quedaban expresamente excluidos de los beneficios los “cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados” de los funcionarios.
Blanco Villegas es la madre del entonces Presidente que impulsó el blanqueo. Pero Gianfranco nunca pudo haber perfeccionado esa exteriorización de Quiñel Trust porque la propia ley especificaba que solo se podía declarar ante la AFIP las tenencias de moneda y bienes que figuraran como pertenecientes a las sociedades, fideicomisos en el exterior “cuya titularidad o beneficio les correspondiera al 31 de diciembre de 2015, inclusive”. La operatoria tampoco encontraba justificación en el decreto con el que Macri trató de atemperar el ingreso de familiares al blanqueo.
Así planteado, la justicia investiga ahora si con estos hallazgos, Gianfranco Macri habría blanqueado cuentas en el exterior, de un fideicomiso del cual Blanco Villegas era titular beneficiaria, que por ser la madre de Mauricio Macri se encontraba impedida de acceder al régimen de exteriorización.
Cuando Gianfranco abandonó la residencia fiscal argentina, los activos volvieron a ser declarados en el patrimonio de la madre del expresidente. Un escándalo que puede dar un giro a un expediente que venía aletargado desde que el nombre Macri irrumpió en Panamá Papers y parte de las pruebas de dinero no declarado y la creación de un entramado offshore con el cual el clan operaban sus negocios fue intentado cargar a la cuenta de un ya convaleciente Franco Macri.
Causas
Esta información se incorporó a un desprendimiento de la causa de Panamá Papers, a cargo del juez Diego Amarante. El descubrimiento de esta maniobra pone en crisis un intento de sobreseimiento prematuro que había sido intentado por el fiscal subrogante Germán Bincaz, que sostenía la extinción de la acción penal porque la AFIP la había dado por válida, a través de las formalidades de rigor, el ingreso el 23 de diciembre de 2016 de Gianfranco Macri al sinceramiento fiscal.
Por esto, había dictaminado por el sobreseimiento de los imputados, sobre los que pesaba la sospecha de no ser los titulares de las empresas que habían sido “blanqueadas”. La sociedad bajo sospecha ante infracciones a la Ley Penal Tributaria era BF Corporation SA, con activos en el Banco Safra de Suiza.
Tanto Gianfranco como su hermano Mariano estaban investigados por evasión fiscal a partir de la radicación de empresas off shore en extrañas jurisdicciones con sistemas de intercambio de información restrictivos. Por todos los medios, el hermano del expresidente había intentado clausurar la pesquisa.
En hechos que eran conocidos, no solo BF estaba en la mira, sino EQT SA, radicada en Uruguay. Para el fiscal Bincaz no está corroborado que ambas compañías operaran para SOCMA bajo el control de Franco Macri, quien a 2012 había cedido el paquete accionario de la controlante y la cuenta bancaria sospechosa abierta en Alemania fines de ese año con transferencias al banco suizo en 2015.
Lo que subyace es que tampoco aquí se conoce la titularidad real de los activos bajo investigación. En octubre de 2020, Amarante había ordenado examinar las titularidades del patrimonio para saber si había correspondencia con quienes lo blanquearon. Hubo expresas sospechas en la justicia de la manipulación de las titularidades.
La causa judicial se originó a partir de la denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y hubo información aportada por la fiscalía de Hamburgo al Ministerio Público Fiscal de Argentina por operaciones sospechosas relativas a BF Corporation. La investigación disparó pedidos de información a Panamá, Suiza, Islas Vírgenes Británicas y también a Liechtenstein.
Quiñel Trust no es lo único que ha llamado la atención a los investigadores. Gianfranco Macri incluyó en el blanqueo a la firma Wanama Capital Inc. En el formulario habría consignado que contaba con el consentimiento de Franco. Otra sospecha más de que podría haber intentado blanquear una sociedad que pertenecía a su padre, impedido por su relación con el entonces presidente Mauricio Macri.