Ana Russo, fiscal federal de la ciudad de La Plata, imputó a todos los asistentes a la reunión de la “Gestapo” antisindical del macrismo, realizada en 2017 en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro). El expediente es conocido como la “mesa judicial bonaerense“.
A finales de diciembre del 2021, Russo imputó a Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal, e impulsó una investigación de los hechos denunciados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
El dictamen incluye, sin nombrarla, a la ex gobernadora bonaerense y actual diputada nacional porteña, María Eugenia Vidal, como respuesta un requerimiento el juez Ernesto Kreplak. El dictamen firmado por la fiscal explica respecto de Vidal que ya se pronunció al imputar, de manera genérica, a quienes “resulten coautores o participes” de los delitos bajo investigación.
En la reunión en el Bapro participaron también los funcionarios Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), Roberto Gigante (exministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro, y cinco empresarios de la construcción de la capital bonaerense.
De parte de la AFI, los asistentes fueron Diego Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Silvia Majdalani, y Sebastián De Stéfano, exjefe del área de jurídicos de la central de espías; todos altos funcionarios de la Agencia en tiempos del macrismo.
La representante del Ministerio Público Fiscal presentó el requerimiento de instrucción ante el juez federal de la Plata Ernesto Kreplak.
La fiscal Russo pidió una serie de medidas de prueba y al referirse a los hechos, que aún no calificó, citó la Ley Nacional de Inteligencia, por lo que fuentes judiciales observaron que la investigación podría estar dirigida a determinar si esa norma fue quebrantada, entre otros posibles delitos.
En su artículo 4º, la mencionada Ley prohíbe a los organismos de Inteligencia:
- Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.
- Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.
La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de los videos en los que:
“Podrá observarse la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical. centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata”.