Gerardo Morales intimidó a periodistas de Jujuy por investigar funcionarios

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Luego de que el programa periodístico “Jujuy investiga” reprodujera un informe sobre denuncias contra el fiscal general de la provincia, Alejandro Ficoseco, Gerardo Morales intimidó a periodistas de Jujuy a través de una intimación al canal “bajo apercibimiento”.

El informe que difundió “Jujuy Investiga” da cuenta de las denuncias contra Ficoseco y también contra tres miembros del Tribunal de Cuentas de la provincia norteña.

Tras la emisión, el fiscal de Investigaciones Complejas, Marcelo Cuellar, exigió a las autoridades del “bajo apercibimiento” la lista completa con los nombres del personal que realiza “Jujuy Investiga“. Como si fuera poco, puso 24 horas como plazo para brindar la información requerida.

Por otra parte, el encargado de motivar el oficio fue Sergio Lello Sánchez, titular del Ministerio Público de la Acusación y hombre cercano al gobernador Gerardo Morales.

Sergio Lello Sánchez, brazo judicial de Gerardo Morales

A Lello Sánchez muchos lo definen más como un funcionario político que judicial, ya que fue clave a la hora de motorizar los procesamientos y la ilegítima detención de Milagro Sala y también fue una pieza clave de la persecución contra la familia Fellner. El funcionario también posee denuncias en su contra cursadas por funcionarios judiciales y por el Colegio de Abogados de Jujuy.

El repudio a la intimidación de periodistas en Jujuy

Además, una serie de entidades gremiales, judiciales y periodísticas repudiaron la acción de la fiscalía, calificándola como una maniobra destinada a amedrentar el trabajo de periodistas, cercenando los derechos a la información y el libre ejercicio del periodismo.

Por su parte, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina que nuclea a fiscales y procuradores de todo el país, emitió un durísimo comunicado “ante el atentado contra la libertad de prensa sufrido por el programa ‘Jujuy Investiga'”.

En él se repudia el accionar de la fiscalía y se compromete a “someter a tratamiento del pleno la situación del fiscal de la acusación” promoviendo la expulsión del letrado “de esta Asociación comprometida con la democracia y el régimen republicano”. También se considera “preocupante el grave condicionamiento al que se somete a la justicia -en Jujuy- y ahora se ataque la libertad de prensa”.

El colectivo de Periodistas Unidxs Autoconvocadxs de Jujuy (PUAJ), también se expresó a través de su cuenta de Twitter recordando que “el tratamiento informativo de los hechos de la realidad y las opiniones que puedan verterse en el marco del ejercicio periodístico no deben ni pueden ser objeto de represalias, presiones e intimidaciones por parte del Poder Judicial”, y agregaron que:

“Los tres poderes del Estado tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de todos los ciudadanos: el derecho al ejercicio del periodismo, el derecho a la libre expresión y también el derecho de la población a estar informada”.

Finalmente, la Asociación de Periodismo Digital (APD) (integrada por los portales “Qué Pasa Salta” y “Qué Pasa Jujuy”, entre otros), también cuestionó el accionar judicial y exigieron que se garanticen las condiciones y derechos para ejercer el periodismo en libertad.

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