Un sector del kirchnerismo busca despenalizar el consumo de estupefacientes

El caso de la cocaína adulterada, que dejó más de 20 muertos y más de 80 internados durante la semana pasada en el conurbano bonaerense, abrió un debate en el Congreso de la Nación sobre la legalización del consumo personal de estupefacientes. La iniciativa fue presentada por la diputada oficialista Carolina Gaillard.

El proyecto propone una reforma del Régimen Penal de Estupefacientes, Ley 23.737, con el objetivo de despenalizar el consumo, aplicando la doctrina del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional la persecución de personas usuarias de cualquier sustancia.

La ley que rige hoy fue sancionada en 1989 y castiga el consumo, la comercialización y la tenencia de drogas. El fallo de la Corte Suprema, de 2009, declaró inconstitucional la penalización del consumo de marihuana, al tratarse de una persona adulta que no pone en peligro a terceros.

La decisión está basada en el artículo 19 de la Constitución Nacional, según el cual cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre su estilo de vida que desea sin que el Estado pueda intervenir.

“Vemos hace mucho tiempo la necesidad de una modificación de la ley de drogas. El paradigma prohibicionista fracasó en el mundo como también la política de guerra contra las drogas. Es necesario priorizar la mirada de salud pública por sobre la mirada de criminalización”, dijo Gaillard.

Gaillard afirmó a Radio Provincia:

“Lo que estamos haciendo es despenalizar el consumo personal de todos los estupefacientes. El consumidor de cocaína no puede estar penado, sino que debe ponerse el acento sobre la narcocriminalidad”.

La iniciativa ajusta la política de drogas en relación al cannabis, otorgándole un estatus jurídico proporcional y comprensivo de su dimensión medicinal. En este punto, Gaillard explicó:

“También modifica la ley para legalizar el cultivo de cannabis, entendiendo que no es lo mismo que otros tipo de sustancia y de esta manera evitar los allanamientos y causas a los usuarios medicinales”.

Asimismo, armoniza la ley penal con la protección de la salud pública y Ley de Salud Mental, eliminando la criminalización y los tratamientos compulsivos que no cumplen, y por el contrario obstruyen, los objetivos de salud pública.

Por otro lado se fija un umbral de dosis, hasta 40 gramos de flores y/o semillas y la cosecha o cultivo de hasta 9 plantas de cannabis de efecto psicoactivo. Se reconocen las circunstancias de vulnerabilidad de género y pobreza como atenuantes de responsabilidad.

Un punto importante es que propone excluir de responsabilidad criminal a médicos y profesionales que receten cannabis con destino medicinal, terapéutico y/o paliativo, a fin de evitar que la criminalización se contraponga a la ley de cannabis para la salud y su acceso.

El proyecto cuenta con la firma de los diputados oficialistas Mónica Macha, Blanca Osuna, Verónica Caliva, María Rosa Martínez, Carolina Yutrovic, Jimena López, Itaí Hagman, Mabel Caparrós, Lucia Masin y Mara Brawer.

Entre las miradas en contra del proyecto, está el diputado nacional por Río Negro, titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo, quien señaló:

En argentina hay una despenalización de hecho. No se va preso por consumir cocaína o tener un porro. El propio ministro de Seguridad bonaerense te dice que hay más de 200 mil dosis diarias que se están vendiendo. De alguna manera, acá el problema pasa por pensar que hay sectores que quieren detrás de la despenalización la legalización”.

“La legalización de las sustancias no sólo que no soluciona el problema sino que aumenta el número de consumidores. Esto está demostrado con el uso de las sustancias legales. En nuestro país tenés un bombardeo permanente desde la publicidad para el consumo de sustancias que tienen que ver con la modificación del estado de ánimo. Hay una inducción social. No hay política de gobierno para disminuir o generar conciencia del daño que producen, salvo en el caso del tabaco”.

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