El presidente Alberto Fernández firmó el “Consenso Fiscal 2022” junto a los mandatarios todas las provincias del país, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires. El pacto elimina la reducción impositiva gradual que había iniciado la administración de Mauricio Macri en 2017 -que había dejado a las provincias sin financiamiento-.
Además, el pacto fiscal da impulso para aplicar impuestos sobre la herencia, aunque la decisión final sobre modificar tributos recae sobre los ejecutivos provinciales. Gobernadores opositores salieron a aclarar que no van a aumentar los impuestos y los jefes distritales oficialistas celebraron la medida. La UIA criticó que “el acuerdo implica una mayor carga sobre el sector productivo” (sic).
El acuerdo fiscal entre Nación y Provincias tiene como contexto la negociación que encabeza el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el FMI. La firma del Pacto no sólo puede mejorar el desempeño fiscal general, que es una obsesión del Fondo, sino que además permite al Gobierno recuperar iniciativa política y mostrar fortaleza, al igual que como pasó en Diputados con la modificación de Bienes Personales, luego del traspié del Presupuesto, bloqueado por la actitud irresponsable de la oposición.
“Sirve mucho en la discusión con el FMI, proyecta al futuro en términos fiscales racionales, y con el consenso de todos los gobernadores“, dijo en su discurso el presidente Fernández, acompañado por Guzmán, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.
“Nos hemos propuesto como un objetivo buscar la progresividad del sistema recaudatorio para que paguen los que más tienen y dejen de pagar los que menos tienen, y que podamos poner en discusión en 2022 un impuesto como el Impuesto a la Herencia”, agregó el mandatario.
El nuevo Consenso Fiscal entierra definitivamente las líneas del acuerdo que fue motorizado por el presidente Mauricio Macri en 2017. Ese escrito planteaba una baja gradual de la presión impositiva por los años siguientes, aunque la crisis económica que comenzó en 2018, junto al cambio de Gobierno y la pandemia, dieron vuelta los números y el color de la iniciativa.
La suspensión de aquel acuerdo que aplicó Alberto Fernández al asumir a fines de 2019 permitió a las provincias mejorar sus finanzas. Con el consenso 2022, se profundiza el cambio de rumbo respecto de las líneas que había trazado Macri.
El acuerdo también suspende los juicios vinculados al régimen de Coparticipación Federal y se establece un cronograma de devolución de fondos a las provincias a partir de enero de 2022.
Los detalles del pacto
Ingresos Brutos: Uno de los puntos más fuertes del texto es la determinación de alícuotas máximas de Ingresos Brutos (IIBB), algunas de las cuales están por encima de los valores actuales, lo cual implica que se abre un espacio para potenciales aumentos.
Las tasas máximas van del 0,75 % en la agricultura y ganadería, pesca y minería hasta el 9 por ciento en la intermediación financiera. El impacto recaudatorio depende de la situación particular de cada Provincia en determinada actividad y qué decisión política adopte.
El nuevo acuerdo supone un nuevo techo de IIBB, superior al que estaba previsto para el año que viene según el acuerdo de 2017. Pero por lo general se mantienen las alícuotas en relación a la situación actual. Tal es el caso de la industria manufacturera, que mantiene el 1,5 % en lugar de quedar exenta, como decía el texto de 2017. También se mantiene en comercio (5 %), 0,75 % para actividad primarias y 4,0 para servicios públicos residenciales.
Sellos y automotores: Se define una alícuota máxima del 3,5 a la transferencia de inmuebles y 3,0 a la transferencia de automotores.
Exportaciones: Otro de los puntos del acuerdo es “mantener desgravados los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes, excepto los vinculados con actividades mineras o hidrocarburíferas”.
Comercio electrónico: El texto prevé una serie de pautas para definir cuándo una transacción electrónica debe tributar, tanto cuando hay involucrados dos sujetos radicados en el país como cuando media una empresa extranjera.
Herencia:
“Las Provincias y la CABA, dentro del transcurso del año 2022, procurarán legislar un impuesto a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza. El mismo alcanzará el enriquecimiento que se obtenga en virtud de toda transmisión a título gratuito, incluyendo: herencias, legados, donaciones y anticipos de herencia”, dice el texto.
Este tributo funciona en la provincia de Buenos Aires desde 2011. Su base imponible es el monto de la herencia y la alícuota crece en función del patrimonio en cuestión y del grado de parentesco. Las alícuotas van desde 1,6 % a 6,4 %, con un mínimo no imponible de 1.344.000 pesos en el caso de que los herederos sean padres, cónyuges o hijos. También hay exenciones, totales o parciales, en caso de viviendas, si es que se trata de bien de familia o única propiedades.
Gasto: Se establece que el gasto podrá crecer a lo sumo igual a la tasa de incremento del PBI, mientras que la deuda provincial no se puede usar para financiar gastos corrientes.
Se reaviva la interna entre la UCR y el PRO
A raíz de la firma del pacto, volvió a recalentarse la interna en Juntos por el Cambio entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien busca posicionarse como líder indiscutido de la alianza y candidato presidencial, y los gobernadores radicales, que buscan dejar atrás la hegemonía del PRO y posicionar al partido centenario al frente de la oposición y hasta volver a ser gobierno.
La mesa nacional de Juntos por el Cambio intentó aplacar las diferencias que separan al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y los tres gobernadores radicales –Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes) ante la firma del nuevo Pacto Fiscal.
Larreta justificó su faltazo a la Casa Rosada (el único entre los representantes de los 24 distritos nacionales) y admitió las divergencias de posturas con sus socios políticos que rubricaron el acuerdo con el Ejecutivo nacional, argumentando supuestas “realidades diferentes”.
La Mesa Nacional de JxC acordó “respetar y avalar” las posturas enfrentadas y pactó la tregua afirmando que ninguno de los distritos que gobierna aumentará sus impuestos en sintonía con su “promesa electoral”.
El relato larretista de “no aumentar impuestos” choca con la brutal realidad impositiva porteña: la CABA es el segundo distrito con más alta alícuota de IIBB. Si Larreta quisiera, podría bajarlo.
Pero el acuerdo sellado de urgencia en Buenos Aires no tiene correlato en las provincias: en Mendoza, el PRO y los empresarios liberales que adhieren a la alianza opositora, intentaron forzar a Suárez a no firmar el Pacto Fiscal con el Gobierno.
“Respecto al Consenso Fiscal, se acordó respetar y avalar las decisiones de los gobernadores y el jefe de Gobierno, en el marco del compromiso asumido en la campaña electoral de no crear nuevos impuestos ni incrementar los existentes, para lograr el impulso al trabajo y la producción, tan necesarios en este momento de la Argentina”, dice el párrafo del comunicado con que la Mesa de JxC pactó no exponer más diferencias.
Pero Larreta le volvió a marcar la cancha a sus socios radicales en medio de la cada vez más furiosa disputa interna por la conducción de la alianza opositora y las candidaturas presidenciales para 2023.
El jefe de Gobierno porteño dijo que los distritos gobernados por JxC que refrendaron el Consenso Fiscal (Mendoza, Jujuy y Corrientes) “tienen realidades diferentes, porque arrastran deudas con el Gobierno nacional que para su refinanciación necesitan el consenso fiscal“.
“La situación es distinta en la Ciudad de Buenos Aires, donde, por el contrario, no tenemos deudas con la Nación sino que tenemos un reclamo ante la Corte por la coparticipación“, amplió Larreta en declaraciones realizadas al anunciar obras del arroyo Cildáñez.
Los gobernadores radicales ya habían adelantado la misma postura en sus provincias. Los tres (Morales, Valdés y Suárez) estuvieron involucrados en el compromiso de “no aumentar impuestos” difundido en el comunicado de la Mesa Nacional opositora.
Lo mismo había anunciado el radical mendocino Suárez y su mentor, el exgobernador y extitular de la UCR nacional Alfredo Cornejo. Aunque la interna mendocina en JxC estalló igual. “Nos comprometimos a otra cosa, no es momento de firmar este consenso que tiene olor a extorsión”, afirmó el presidente del PRO mendocino Alvaro Martínez, en una advertencia al gobernador radical.
“Si Mendoza se suma al Pacto Fiscal bajará el nivel de inversiones y la generación de empleo”, sostuvo el ala liberal del oficialismo mendocino aglutinado en Cambia Ya. El sector encabezado las diputadas provinciales Josefina Canale (PDP) y Hebe Casado (PRO); el industrial Julio Totero (MID), y el bodeguero Rodolfo Vargas Arizu (+República), le reclamaron públicamente a Suárez que “suspenda” la firma del pacto “hasta tanto las graves consecuencias de hacerlo sean discutidas y analizadas en la Legislatura de Mendoza en consulta con las fuerzas empresariales y productivas de toda la provincia”.