La megacausa que investiga -entre otros- a Marcelo D’Alessio y Carlos Stornelli sigue ampliándose, ahora con la investigación de operaciones de inteligencia política contra el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz y el ex gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi. Se trata de un hecho de sin precedentes en la historia desde la recuperación democrática en 1983.
Estamos investigando temas como el espionaje político en Corrientes, donde el afectado fue nada más y nada menos que el ex gobernador Colombi. Estamos investigando actividades de espionaje en Rosario, donde se pudieron haber hecho maniobras para afectar al gobernador socialista de Santa Fe.
D’Alessio está siendo investigado por haber ingresado a Tribunales durante el juicio a Los Monos donde mantuvo una charla con Monchi Cantero, uno de los líderes de la banda.
El hecho cobró aún mayor trascendencia pública cuando en el juzgado lograron confirmar que el espía ilegal se comunicó a un teléfono registrado a nombre de la ministra Patricia Bullrich para, presuntamente, informarle de su actuación respecto a Los Monos. La funcionaria en su momento hizo trascender que el celular era utilizado por su nieto para jugar.
La revelación hecha por el juez Ramos Padilla abre un capítulo más en la investigación de la red la inteligencia ilegal involucrando ahora a un gobernador y un ex gobernador. Desde el gobierno de Santa Fe se encuentran evaluando presentar de un escrito ampliando la denuncia que efectuada en el juzgado federal de Dolores.
La denuncia tendría la firma del mismo gobernador Miguel Lifschitz. La hipótesis que manejan desde la gobernación de Santa Fe es que Marcelo D’Alessio operaba “independiente” con el fin de producir informes de inteligencia que serían vendidos a funcionarios y legisladores nacionales.
Consideran fundamental establecer qué tipo de instrumentos, tecnología y logística utilizaba el abogado trucho así también como sus recursos humanos y la posibilidad de tener acceso a escuchas telefónicas. Esto daría el indicio de una red mucho más amplia y orgánica, con un claro anclaje estatal.
