Las empresas distribuidoras y transportistas de gas presentaron ante el Ente Nacional Regulador Del Gas (Enargas) sus propuestas de subas desde febrero de al menos el 350%.
El proceso para aumentar las tarifas de gas incluye una audiencia pública que tendrá lugar el 8 de enero para determinar cómo será el descongelamiento en las boletas, cuyo último aumento tuvo lugar a principio de año.
Ese proceso incluye un paso previo que tiene que ver con documentos que las distribuidoras de gas envían a la autoridad del área (Enargas) con sus estimaciones propias de subas necesarias de las tarifas según los criterios de costos acumulados pisados por los últimos meses sin actualización. En esos documentos las firmas plantearon cuál es el escenario para cada una.
Para Metrogas, que opera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el aumento debería ser superior al 375%. Por su parte, Naturgy, que distribuye en la Provincia de Buenos Aires, solicitó un incremento del 437%.
Naturgy además planteó a esa entidad que se necesitará un mecanismo automático de actualización que identificaron en el IPIM, es decir el índice de inflación mayorista que publica mensualmente el Indec.
“Resulta necesario que la Autoridad Regulatoria defina un mecanismo que permita mantener la tarifa que se otorgue en términos reales para que acompañe el crecimiento de los costos mensualmente en esta coyuntura de alta inflación”, argumentaron.
Gasnor aseguró que sus tarifas de distribución están atrasadas para los usuarios residenciales entre 438% y 704%; Ecogas (Córdoba, La Rioja, Catamarca) estimó un promedio de 126% de impacto en las tarifas; Redengas (Entre Ríos), solicitó desde marzo un incremento promedio de 481%; Transportadora Gas del Sur (TGS) calculó que hace falta una recomposición mayor, de 567%; y TGN lo hizo en 573%.
¿Cuánto es el aumento pedido para Bahía Blanca?
Camuzzi Gas Pampeana, la empresa prestadora del servicio de gas natural en Bahía Blanca y gran parte de la región, reclamó al Gobierno nacional un 421% de aumento en la tarifa de distribución.
De cualquier manera, se entiende que este aumento –en caso de que sea convalidado por el ente- no significa que ese mismo porcentaje se traslade al valor final de la factura.
En la actualidad, es el propio insumo (el gas) supone un 40% del precio final a pagar; el transporte, el 11%; la distribución –el punto del reclamo-, el 24%, mientras que el 25% restante incluye impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Además, en el caso del Sudoeste Bonaerense, desde mediados de 2021 nuestra región está incluida en el régimen de Zona Fría, que incluye descuentos de entre el 30% y el 50% para unos 250 mil usuarios residenciales en el valor de consumo de gas.
De cualquier modo, el planteo de las empresas no es vinculante para la decisión final de la suba de tarifas, que dependerá de la Secretaría de Energía. Cabe recordar que el titular de esa cartera es Eduardo Rodríguez Chirillo desde que asumió el presidente Javier Milei
“Las opiniones que sean recogidas en la audiencia no obligan al Enargas a adoptar una decisión sobre ellas en el mismo acto de la Audiencia. Tal como expuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si bien constituyen un ámbito de participación ciudadana en la toma de decisiones no constituyen la propia decisión, que se mantiene inalterada en manos de la autoridad pública”, explica un documento de Enargas.
“Sin perjuicio de ello, reviste relevancia dado que importa una real participación ya que las manifestaciones realizadas en ese ámbito deben ser consideradas y el Enargas tiene como obligación fundamentar adecuadamente en la decisión final cuáles argumentos han sido receptados y cuáles han sido desestimados y las razones de ello”, menciona.
Sobre este punto cabe recordar que el ministro de Economía del gobierno libertario, Luis “Toto” Caputo, dijo días atrás que que “los subsidios hoy tanto de energía como de transporte son dos puntos de producto. Los vamos a ir corrigiendo a razón, aproximadamente, de un tercio por año. Entonces hoy estamos corrigiendo 0,7 de esos dos puntos, de los cuales, 0,5 es de energía y 0,2 es de transporte”.
“Queremos cambiar el enfoque de que, en vez de subsidiar la oferta, se va a ir a un enfoque de subsidiar la demanda, entonces se le va a decir a la gente que tiene cierta cantidad de kilowatts para gastar por mes. Si estás dentro de ese gasto, vas a estar dentro del subsidio, sino se va a empezar a pagar otra tarifa”, profundizó. Y aclaró que “la tarifa plena se va a pagar en tres años“.
