Después de años de tarifazos sostenidos y falta de inversiones por parte de las empresas energéticas, ahora se desata un nuevo escándalo. La Justicia investiga si tres firmas eléctricas realizaron maniobras fraudulentas para evadir impuestos y fugar divisas al exterior durante la presidencia de Mauricio Macri.
Según el poder judicial, es factible que Edenor, Edelap y Edea, hayan contratado a pequeñas empresas para desviar cientos de millones de pesos. Se trataría de PyMEs que realizaban trabajos como cableado, pozos, y refacción de veredas.
Estas empresas operaban como “usinas mixtas de facturas falsas”, es decir, empresas que simulan tener mayor capacidad de servicios de la que efectivamente poseen. De este modo, facturan por ejemplo, montos 10 veces mayores a lo que realidad correspondería a los servicios prestados.
Siguiendo el ejemplo, los 90 pesos que se cobran en exceso regresarían en negro al cliente, en este caso, las empresas eléctricas. El monto total que se estima que se habrían procurado por esta maniobra ilegal es de al menos 900 millones de pesos.
La causa tramita en el Juzgado Federal Nº1 de San Martín, cuyo titular es Emiliano Canicoba. Recientemente ordenó el allanamiento de Edenor y de la auditora PwC, más concida como Price.
Esta disposición fue ordenada en base a un informe preliminar de la AFIP, en el que se señala que las empresas proveedoras facturaban montos millonarios a las eléctricas. Otras pruebas son escuchas telefónicas, correos electrónicos y documentos secuestrados durante el allanamiento.
Finalmente, cabe destacar los vínculos entre las tres empresas. No sólo utilizaron los mismos proveedores sospechados de inflar los costos sino que los dueños y ex dueños de las tres empresas formaron parte de un mismo grupo económico durante años.