El papa Francisco se metió indirectamente en el debate sobre el protocolo de uso de armas de fuego para las fuerzas federales de seguridad, recientemente aprobado por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, advirtiendo sobre posibles excesos policiales en la legítima defensa que podrían ser considerados como “crímenes de Estado”.
El Sumo Pontífice consideró, en un extenso documento entregado a los miembros de la Comisión Internacional contra la pena de muerte con quienes mantuvo una reunión privada en el Vaticano, que “todo uso de fuerza letal que no sea estrictamente necesario para este fin solo puede ser reputado como una ejecución ilegal, un crimen de estado”.
En el texto, el Papa subrayó que “la defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar perjuicio” por lo que quienes detentan la autoridad legítima “deben rechazar toda agresión, incluso con el uso de las armas, siempre que ello sea necesario para la conservación de la propia vida o la de las personas a su cuidado”. En este sentido, añadió que “toda acción defensiva, para ser legítima, debe ser necesaria y mesurada” ya que incluso “un acto que proviene de buena intención puede convertirse en ilícito si no es proporcionado al fin”.
En coincidencia con las reglamentaciones internacionales para el uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad, que obligan a una respuesta proporcionada a los hechos que se busca enfrentar, Francisco consideró que “si uno, para defender su propia vida, usa de mayor violencia que la precisa, este acto será ilícito”.
“Si rechaza la agresión moderadamente, será lícita la defensa, pues, con arreglo al derecho, es lícito repeler la fuerza con la fuerza, moderando la defensa según las necesidades de la seguridad amenazada”, agregó.
El Papa también pidió a todos los Estados que continúan aplicando la pena de muerte “que adopten una moratoria con miras a la abolición de esta forma cruel de castigo”. En sintonía con la nueva redacción del Catecismo para la Iglesia Católica, que considera “inadmisible” la pena de muerte, concluyó: “La suspensión de las ejecuciones y la reducción de los delitos conminados con la pena capital, así como la prohibición de esta forma de castigo para menores, embarazadas o personas con discapacidad mental o intelectual, son objetivos mínimos con los que los líderes de todo el mundo deben comprometerse”.
