La revelación de que el 90% de los créditos más altos del Banco Nación fueron a parar a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza no es solo un escándalo judicial: es una carambola de incoherencias que el gobierno de Milei no puede resolver apelando a la legalidad.
Abril empezó como terminó marzo: con un nuevo escándalo para la administración libertaria. La semana pasada se conoció que varios funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza accedieron a abultados créditos del Banco Nación, en algunos casos equivalentes a más de 300 mil dólares. La información era técnicamente pública —está en los registros del Banco Central—, pero nadie la había compilado hasta que la plataforma ¿Cuánto Deben? la sistematizó. Como siempre: a veces la mejor manera de esconder datos es ahogarlos en más datos.
Hasta acá, uno podría decir que no hay nada raro en que un funcionario saque un crédito hipotecario. El problema es que, cuando se revisan los montos y las particularidades, la imagen cambia. De los 50 créditos más altos otorgados por el Banco Nación en los últimos años, el 90% fueron para funcionarios o referentes libertarios, según señaló el diputado Esteban Paulón, uno de los que ya presentó denuncia. Y en varios casos los montos no cierran con los ingresos ni con las declaraciones juradas de los beneficiarios.
La lista que habla sola
La nómina incluye a Pedro Inchauspe, director del Banco Central, con 510 millones de pesos; Leandro Massaccesi, exjefe de gabinete de Capital Humano, con 420 millones; Felipe Núñez, director del BICE, con 373 millones; Federico Furiase, secretario de Finanzas, con 367 millones; Federico Sharif Menem, asesor de Diputados, con 357 millones; Emiliano Mongilardi, del directorio de YPF, con 309 millones; y Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital y operador del Twitter oficial del gobierno, con 112 millones. Además, diputados como Santiago Santurio, Mariano Campero, Alejandro Bongiovanni y Lorena Villaverde.
Algunos casos merecen una mención especial. Sharif Menem tiene 24 años, ingresó al Congreso en 2024 con un sueldo de 2 millones de pesos y ya figura entre los beneficiarios de créditos millonarios. Núñez declaró ese mismo año tener entre bienes, plazos fijos y efectivo menos de 20 millones de pesos y 18 mil dólares. Y a Villaverde primero le rechazaron el préstamo. Después, misteriosamente, se lo aprobaron. Nadie explicó qué pasó en el medio.
Una respuesta que empeoró todo
La reacción del gobierno fue caótica y, en cierta medida, más reveladora que el escándalo mismo. La primera en actuar fue Sandra Pettovello, que despidió a Massaccesi en cuanto se conoció la noticia. Pero casi de inmediato apareció el propio Javier Milei para aclarar que el motivo del despido había sido otro —sin especificar cuál—, y Pettovello retuiteó esa aclaración sin agregar nada. El propio Massaccesi, en su descargo público, se mostró sorprendido por la magnitud de la reacción, lo que sugiere que tampoco a él le explicaron demasiado.
La decisión de Pettovello dejó expuestos a otros funcionarios. Luis Caputo salió a responder con una frase que condensa todo: “Los tomaron por recomendación mía. No hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral. Encuentro realmente patético que se ponga esto como si se estuviera cometiendo algún delito”. El Banco Nación, por su parte, aseguró que todo fue transparente, pero reconoció un detalle central: los funcionarios tienen una línea de crédito especial con mejores condiciones que el resto de los ciudadanos. La casta tiene sus privilegios. Firmado: el gobierno que iba a terminar con los privilegios de la casta.
La legalidad no alcanza
Es esperable que cuando estalla un escándalo, el ciclo mediático siga su curso: denuncia, investigación judicial, eventual procesamiento, y para cuando termine el proceso ya pasaron dos gobiernos. Los tiempos de la Justicia no son los tiempos de la ciudadanía. Por eso vale la pena hacer la pregunta incómoda, la que parece obvia pero que nadie termina de formular: ¿es suficiente con que algo sea legal para decir que está bien?
No. La ley establece un piso mínimo de comportamiento aceptable para cualquier ciudadano, aplicado mediante un mecanismo de control que, por naturaleza, es imperfecto e incompleto. El caso del espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan es un buen ejemplo: Mauricio Macri fue sobreseído no porque no hubiera espionaje, sino porque la justicia determinó que estaba dentro de sus competencias. Varios dirigentes del macrismo festejaron eso como una absolución moral. No lo era.
La pregunta de fondo no es judicial. Es política. ¿Cómo queremos que sean nuestros representantes? Y cuando un funcionario involucrado en un escándalo lo primero que hace es apelar a los tribunales, lo que está haciendo es esquivar exactamente esa discusión.
Una carambola de incoherencias
La incoherencia más obvia de este escándalo es la del propio presidente. Durante la campaña, Milei prometió terminar con los privilegios de la política e incluso declaró que había que privatizar el Banco Nación para evitar los “desmanejos de la casta”. El resultado: el Banco Nación se convirtió en la plataforma desde la que los funcionarios de su gobierno ejercieron esos mismos privilegios. Algunos de ellos, además, son directores del Banco Central que él quería “quemar”.
Si uno no quiere cargarle las culpas al presidente por lo que hacen sus funcionarios, puede ir directo a los propios funcionarios. Furiase, por ejemplo, dijo hace unos años que “el Banco Nación es una cueva de acomodados políticos que lo único que sirve es para timbearse los ahorros de la gente” y que entre los “inviables y chorros” que se benefician están “los empresarios prebendarios amigos de los políticos y el mismo Ejecutivo”. Carreira, el tuitero oficial, escribió en sus redes: “Si algún día llego a recibir un peso del Estado, que me cuelguen de cabeza en el Congreso”. Y agregó: “Ojalá me ofrecieran un puesto en el Estado, así podría rechazarlo públicamente”. No pasó ninguna de las dos cosas.
El archivo no miente. Y revisarlo no es perseguir a nadie: es aplicar el único criterio que puede funcionar cuando no hay consenso ético universal. El de la consistencia. Cuando los políticos hacen exactamente lo contrario de lo que predicaron, eso merece una evaluación pública más allá de lo que digan los tribunales. Si normalizamos la incoherencia y no la señalamos, seguiremos eligiendo exactamente lo que nos quejamos de tener.
Un fantasma ruso para bloquear periodistas
El segundo escándalo de la semana pasó más desapercibido, probablemente porque la hostilidad de Milei hacia el periodismo se ha vuelto tan constante que ya dejó de sorprender. Sin embargo, merece atención.
El Gobierno Nacional bloqueó el ingreso a la Casa Rosada a los corresponsales acreditados de Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24, El Destape y C5N, todos medios críticos del oficialismo. Los periodistas llegaron el lunes y descubrieron que sus huellas dactilares ya no figuraban en el registro de ingreso. El argumento oficial: una supuesta campaña de espionaje rusa que habría financiado a portales argentinos para “desinformar y hablar mal de la administración libertaria”. Desde Casa Rosada no lo llamaron suspensión, sino “medida preventiva hasta esclarecer los hechos”. En los hechos, funciona igual que una suspensión.
La investigación que no cierra
El gobierno se apoyó en una investigación publicada por el medio británico openDemocracy y el africano The Continent, que analizaron 76 documentos vinculados a presuntas operaciones de inteligencia rusa. Según el informe, una red conocida internamente como “La Compañía” desplegó campañas de propaganda en más de 20 países de África y América del Sur, e invirtió 283 mil dólares en 23 medios digitales argentinos para perjudicar la imagen de Milei.
El problema es que la propia investigación reconoce no haber podido verificar si esos pagos efectivamente se realizaron ni a quién. La publicación de openDemocracy lo dice textualmente: “No tenemos pruebas de si se pagó a un medio, un periodista o un intermediario”. Sobre esa base endeble, el gobierno tomó una decisión de alto impacto.
Y la discrecionalidad en la aplicación es llamativa. Entre los medios que figuran en la investigación también están Infobae y El Cronista, que no sufrieron ninguna penalización. Lo mismo ocurre con portales de alcance regional como Sección Ciudad, Agenda Urbana o Contraste MDP, cuya supuesta utilidad para una operación de inteligencia geopolítica es difícil de imaginar. De hecho, Chequeado —el medio que hizo de la verificación su bandera— replicó la investigación de forma bastante acrítica y omitió en su versión la lista completa de medios mencionados.
La coincidencia temporal tampoco es menor: el bloqueo ocurrió justo cuando Manuel Adorni enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, cuando estalla el escándalo de los préstamos del Banco Nación y cuando siguen apareciendo revelaciones sobre los contactos de Milei con los responsables de la criptomoneda $LIBRA. Uno de los periodistas bloqueados fue el mismo que le hizo pasar un momento incómodo a Adorni en su última conferencia de prensa, al punto de que el vocero le respondió: “Sos periodista, no sos juez”.
No odia al periodismo. Odia la información
Milei volvió a escribir en redes su muletilla sobre que “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, en forma de sigla, como si el camuflaje tipográfico cambiara el contenido. Pero la verdad es que Milei no odia a los periodistas en general. Odia a los que no se alinean con su relato. Y esa distinción importa.
Cuando Milei actúa contra periodistas que lo interpelan, lo que está haciendo es obturar una de las pocas fuentes de información sobre las que tiene menos control. El periodismo crítico produce la materia prima del sentido común ciudadano: las preguntas que muchos ven pero pocos dicen en voz alta, los datos que están disponibles pero nadie sistematiza, los archivos que nadie quería que recordáramos. Eliminar esa información no es combatir a los periodistas. Es combatir la capacidad de la ciudadanía de formarse una opinión propia.
Pensado en esos términos, la cruzada de Milei contra el periodismo independiente está sospechosamente cerca de ser una cruzada contra la democracia misma.
