La iniciativa fue aprobada este jueves en Diputados. Consiste en una serie de incentivos fiscales para que empresas y emprendedores en el diseño, se adapten y desarrollen software y servicios afines a las nuevas tecnologías.
La Cámara de Diputados convirtió este jueves en ley el proyecto de Economía del Conocimiento, que promueve, a través de incentivos fiscales y hasta el año 2029, que las empresas y emprendedores en el diseño, adapten y desarrollen productos y servicios afines a las nuevas tecnologías.
La iniciativa fue respaldada por el Frente de Todos y por los interbloques provinciales Unidad para el Desarrollo, Federal y Movimiento Popular Neuquino, juntos sumaron 133. Por otro lado, 88 legisladores de Juntos por el Cambio se abstuvieron, mientras que los dos diputados del Frente de Izquierda, dos del PRO y Graciela Camaño, de Consenso Federal, votaron en contra.
El proyecto original ya había sido aprobado en la Cámara Baja en junio y luego modificado por el Senado. Ahora la sanción es definitiva. Esta vez, el proyecto presentaba otro escalonamiento de los beneficios a las empresas, según su volumen, ya sean grandes, medianas o pequeñas.
La modificación “no se trata de una cuestión discriminatoria sino de administrar recursos escasos, como los fiscales, para que los mismos vayan a los que más los necesitan, y por eso se orientó esa masa de recursos en ese sentido”, explicó el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, del Frente de Todos.
A su turno, el presidente de la comisión de Comunicaciones, Pablo Carro, también del Frente de Todos, expresó: “No escuche ninguna Cámara que se quiera ir del país por el contenido de este proyecto. Celebro los cambios hechos por el Senado y le pido a la oposición que reconsidere su posición y acompañe este proyecto”.
Por parte de la oposición, la diputada del PRO-Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato, dijo que en el 2019 “votamos por unanimidad una ley que trabajamos con el sector privado, porque hablar con el sector privado no es una mala palabra, y es lo que hace cualquier país que quiere crecer porque la única vacuna contra la pobreza es crear empleo” y que “en lugar de continuar con esta política lo primero que hicieron fue suspenderla, luego mandar un proyecto que reducía los beneficios y luego el Senado termina de cercenar el proyecto” .
En este sentido comentó que se “hace a espaldas del sector privado porque lo que está detrás es una mirada antiempresa”.
Por el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, su presidente, José Luis Ramon, dijo que “las grandes empresas van a recibir estímulos, pero no pueden recibir lo mismo que el resto. Si tratamos a todos por igual se van todos los incentivos fiscales para los más grandes”.
¿De qué se trata esta ley?
Es un régimen de promoción que estará vigente desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre de 2029. Comprenderá a la industria del software; la producción audiovisual en formato digital; la biotecnología, bioinformática e ingeniería genética; nanotecnología y nanociencia; industria aeroespacial y satelital; e ingeniería para la industria nuclear.
¿A quiénes beneficia?
Se podrán adherir las empresas que se hayan constituido en la Argentina o que estén habilitadas a trabajar en el país. Además, deberán acreditar que el 70% de su facturación del último año esté vinculada a las actividades promovidas.
En el caso de emprendimientos nuevos se deberá acreditar fehacientemente el desarrollo de estas actividades. Los beneficiarios deberán mostrar mejoras continuas en la calidad de sus servicios e invertir en la capacitación de sus empleados: un 1% para las micro empresas, 2% para las pymes y 5% para las grandes.
En este sentido, las empresas que inviertan en capacitar a desocupados menores de veinticinco y mayores de 45 años o mujeres que accedan por primera vez a un empleo formal, podrán computar por el doble de su valor.
Otro de los requisitos que deben cumplir es realizar exportaciones de bienes de las actividades promovidas en un porcentaje respecto de su facturación total del último año de al menos 4% para las Micro Empresas y 10% para las Pequeñas y Medianas Empresas y un 13% para las Grandes Empresas.
Por otro lado, los beneficiarios de la ley podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el setenta por ciento de las contribuciones patronales que hayan pagado.
Los bonos podrán ser utilizados por el término de veinticuatro meses desde su emisión para la cancelación de tributos nacionales. Además, no podrán utilizarse para cancelar deudas anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario al régimen de la ley.
El beneficio ascenderá al 80% de las contribuciones patronales cuando se trate de nuevas incorporaciones laborales de mujeres, personas travestis, transexuales y transgénero, hayan o no rectificado sus datos registrales; profesionales con estudios de posgrado en materia de ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; o personas residentes de “zonas desfavorables”.
El proyecto crea el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento.
