Diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto de ley para eliminar la Interrupción Voluntaria del Embarazo

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Diputados nacionales de La Libertad Avanza presentaron un proyecto de ley que busca eliminar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), vulgarmente conocido como aborto.

El proyecto fue redactado por la legisladora de Santa Fe Belen Bonacci, e incluye las firmas de Lilia Lemoine, Benedit Beltran, María Araujo, Manuel Quintana y el jefe de bloque, Oscar Zago.

La iniciativa propone derogar la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito sancionada en diciembre del 2020 e recrudecer las penas tanto a las personas gestantes como a los profesionales de la salud que lleven adelante la práctica.

Sin embargo, una de las diputadas incluidas, Lilia Lemoine, aseguró que ella no consintió que se agregue su firma al proyecto.

¿Qué dice el proyecto?

El proyecto, que ya fue girado a las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidad y Acción Social y Salud Pública, propone penas para quienes practiquen abortos “con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer“.

Asimismo, indica que “el máximum de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer”, mientras que elimina el artículo 85 bis, que indicaba una pena de prisión de tres meses a un año e inhabilitación por el doble del tiempo al profesional que se negara a practicar un aborto en casos legalmente autorizados.

En el artículo 86, condena a la “inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo“.

También modifica el punto que establece la legalidad de los abortos realizados con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14, aunque mantiene que la interrupción de un embarazo “con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios”.

“Nuestra propuesta apunta a eliminar la injusta y arbitraria distinción que la redacción actual traza entre los abortos realizados antes de la semana 14 sin reproche penal- y los realizados luego de dicho plazo -penalizados en los casos en que no se verifiquen las causales de no punibilidad-, en la convicción de que dicha distinción sienta un peligroso precedente al crear, de hecho, categorías de personas”, planteó Bonacci.

Más adelante, se propone la modificación del artículo 88, criminalizando a las personas gestantes que aborten. Según indica el proyecto:

Será reprimida con prisión de uno a tres años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible. El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho”.

En cuanto a los embarazos originados por una violación, la autora indica que “decidimos eliminar la causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica“.

En ese sentido, los firmantes fundamentan la iniciativa alegando que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (N° 27.610) “no es constitucional“, y aseguran que “contraría el sentir general del pueblo argentino y que no contempla la dignidad de la persona humana”.

Lilia Lemoine negó su firma en el proyecto

A pesar de estar incluida entre los firmantes del proyecto, la Diputada Lilia Lemoine negó al portal Corta que hubiera consentido a que se agregue su nombre, y explicó que “pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era momento ahora y me metió igual“.

“Es muy dañino”, remarcó, al tiempo que apuntó contra “la diputada que lo soltó sin tomar las precauciones necesarias para que no caiga en saco roto”, agregó.

Entre tanto, Bonacci comentó a través de sus redes sociales que “el proyecto es mi iniciativa, no del Ejecutivo, y ha sido puesto a la consideración del cuerpo que integro”.

Además, admitió que “no son firmas de puño y letra“, sino que “son acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por WhatsApp y otros personalmente“.

Podían estar o no. No sé por qué tienen el afán de llamarle operación a todo“, agregó.

Repercusiones en todo el arco político

Tras conocerse el proyecto, varios referentes políticos de diversos sectores expresaron su rechazo. Entre ellos estuvo la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau, quien aseguró que “los derechos conquistados no van a ser arrebatados. Buscan cambiar de tema, se equivocan otra vez“.

También la legisladora Margarita Stolbizer (perteneciente al GEN y parte del bloque Hacemos Coalición Federal) se expresó al respecto, indicando que “vamos a defender la vigencia e implementación de la Ley 27.610” porque “protege el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”.

Además, “evita la muerte de muchas mujeres, sobre todo las más pobres frente a un estado que todavía se pretende hacer más ausente“.

El Diputado socialista Esteban Paulon se sumó al repudio y comentó que “no vamos a permitir ni un paso atrás en materia de derechos humanos“.

La campaña Por el Aborto Legal también condenó la iniciativa del oficialismo y advirtió que “no sólo propone derogar la ley de IVE sino que busca que sea más restrictivo que el código penal de 1921 ya que quita la violación como causal de aborto no punible”.

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