El escándalo en la Cámara de Diputados

Los Diputados del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, intentaron impedir la Sesión. Se trataban sendas leyes de apoyo al sector pesquero y al sector turístico en el marco de la pandemia

Fracasados en su intento (finalmente, la sesión se llevó a cabo y terminó ayer a las 5 de la mañana), ahora dicen que “judicializarán” el problema. Eufemismo para aludir a que se presentarán ante la justicia, seguramente pidiendo la nulidad de la sesión.

Semejante presentación no sería más que una “misce en scene” con intenciones de incentivar movilizaciones, agudizar el enfrentamiento, tratar de erosionar en todo lo posible la convivencia democrática y la paz social. Los objetivos y vías de acción enunciados por el hoy retornado ex presidente Macri son las instrucciones que impartió desde Suiza.

Cuando se prepara una demanda, entre todas las cosas que hay que estudiar y estar seguro de tener, además de la prueba de los hechos y el derecho, debe haber jurisprudencia en el mismo sentido que el fallo que se quiere obtener.

Lo que se discute es una cuestión reglamentaria interna de la Cámara de Diputados. La oposición dice que la sesión fue nula porque fue contraria al Reglamento. Dice la Constitución en su artículo 66: “Cada Cámara hará su reglamento”.

Hubo un plazo que se venció, el que establecía la validez de la sesiones remotas. Todos los bloques, menos uno, el de los quejosos, aprobaron una extensión del plazo vigente para las sesiones virtuales. Los bloques que aprobaron esa disposición reglamentaria son mayoría. Más del 50% de los diputados.

La Constitución lo establece de manera expresa, los quejosos no tienen el derecho.

Pero tampoco tienen la jurisprudencia. Desde hace más de 100 años la Corte ha mantenido una posición invariable. No se inmiscuye en decisiones que otros poderes toman en uso de facultades indiscutibles que les otorgas la Constitución (fallo “Alem, Leandro” 1893, los radicales deberían recordarlo, estoy seguro que el 90% de estos diputados radicales ni saben que ese fallo existió).

Las decisiones reglamentarias de las Cámaras son de exclusiva competencia de cada Cámara, el artículo 66 de la Constitución es claro: la Corte no sólo es último control de constitucionalidad, también tiene como deber preservar la gobernabilidad.

Que la Corte falle contra el Congreso a raíz del legítimo ejercicio por parte una de sus Cámaras de sus facultades constitucionales, plantearía un grave conflicto de poderes que afectaría la gobernabilidad.

En el caso del Senador Leandro Alem, en 1893, la Corte dijo que lo resuelto por el Senado (defendía a Alem) era una decisión política soberana de otro poder del Estado, y la Corte no tenía facultades para juzgarlo. Eso fue lo formal. La historia política del asunto fue que Roca y la UCR llegaron a un acuerdo para pacificar el país después de la sublevación radical de Rosario ese año.

Hubo combates. La flota bombardeó Rosario que estaba tomada por tropas sublevadas que apoyaban la revolución radical.

El Senador Alem era el jefe de la revolución y  se había auto proclamado “Presidente Provisional de la Nación” (un adelantado el hombre 120 años antes que Guaido). Roca, jefe del dispositivo de represión, venció a los sublevados y detuvo a Alem. Yrigoyen, que había tomado la ciudad de La Plata,  huyó a Montevideo antes de que lo detengan.

Con la revolución derrotada, el mismo Roca negoció con la UCR un acuerdo de pacificación. El Senado (controlado por Roca) respaldó el pedido de Alem ante la Justicia de ser liberado. Era parte del acuerdo. La Corte le puso el gancho al acuerdo con ese fallo que invocando la doctrina de los “Actos Políticos no Justiciables” ordenó la libertad de Alem.

El Presidente era Luis Sáenz Peña, estaba “pintado”, hacía lo que le indicaba su Ministro de Guerra, Roca. El Vicepresidente, y por ello Presidente del Senado, era José Evaristo Uriburu, consuegro de Roca (por eso era Vicepresidente).

El Senado, conducido por Uriburu (padre de José Félix, el que derrocó a Yrigoyen en 1930), defendió a Alem como parte del acuerdo tejido por Roca. Por algo le decían “El Zorro” a Roca.

La Corte siempre sostuvo que las decisiones de otros poderes en el marco de las facultades que les da la Constitución son “Actos políticos no justiciables”.

Cuando comenzó a discutirse la realización de sesiones remotas, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó en Jurisdicción Originaria de la Corte una Acción Declarativa de Certeza en donde le pedía a la Corte que diga si eran o no válidas las sesiones remotas con conectividad mediante Internet.

La Corte rechazó la acción instada por CFK. Es decir, se negó a tratar el tema. No se pronunció en forma directa sobre lo que CFK había pedido pero lo hizo en forma indirecta ya que en los fundamentos de su rechazo la Corte dijo exactamente lo que CFK necesitaba para que las sesiones fueran válidas.

Los medios hegemónicos titularon que la Corte rechazó la Acción promovida por Cristina.

Es verdad, pero se trató de un rechazo que en realidad respaldó a Cristina. Los medios que forman el oligopolio hegemónico de la comunicación, como siempre, tergiversaron el fallo.

La Corte dijo que la Acción no era procedente, ya que las cuestiones reglamentarias las decide el Senado; la Corte no juzga sobre eso. El hecho es que acaba de decir que ellos no juzgan cuestiones reglamentarias internas de otros poderes. Lo que los diputados del PRO/UCR están planteando para impugnar la sesión de ayer es una cuestión reglamentaria.

Se trata de una jurisprudencia con 127 años de antigüedad, reiterada a través de sucesivos fallos que la Corte produjo a lo largo de estas casi 13 décadas transcurridas.

Se trata además, de una línea doctrinaria en la que se preserva la gobernabilidad por sobre intentos de desconocer la voluntad popular en medio de circunstancias ocasionales.

Con alta probabilidad, la Corte les va a contestar lo mismo que contestó en el caso de la Acción Declarativa de Certeza iniciada por Cristina hace cuatro meses.

Offtopic: