La Cámara de Diputados comenzó a discutir los proyectos para reformar la ley que regula la sanción de Decretos de Necesidad y Urgencia, y evitar que Javier Milei pueda gobernar por decreto y sin la aprobación del Congreso.
Este miércoles la Cámara de Diputados comenzó a discutir los proyectos para modificar la ley 26.122, dedicada a regular los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), con el fin de evitar que los Presidentes puedan emitir normativas y gobernar sin necesidad de obtener la aprobación del Congreso.
Si bien la normativa había sido reglamentada en 2006, la discusión sobre el tema ganó fuerza tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia. Es que desde su asunción el libertario viene abusando de esta herramienta para impulsar varias reformas en el Estado.
En este contexto, se llevó adelante la primera reunión informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento; a la que ingresaron 16 proyectos con estado parlamentario que tienen por objetivo facilitar el rechazo de los decretos.
Entre los sectores que propusieron modificaciones están el radicalismo (Carla Carrizo, Pablo Juliano, Fernando Carbajal), Encuentro Federal (Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer, Mónica Fein, Ricardo López Murphy), la Coalición Cívica (Juan Manuel López) y Unión por la Patria (Roberto Mirabella, Mónica Litza).
Entre las propuestas están el establecimiento de plazos para que el Congreso pueda pronunciarse sobre los DNU (de entre 60 y 90 días) y la prohibición de los megadecretos, como el 70/2023, que fue publicado por Milei en diciembre e incluye 300 medidas.
Además, se propone que sea obligatorio que las iniciativas pasen por las dos cámaras. Actualmente alcanza con la aprobación de una cámara para ratificar un decreto, lo que lleva a que sea más fácil para el oficialismo gobernar utilizando esta herramienta que presentando leyes, que deben aprobarse tanto por diputados como por senadores.
Usos y abusos de los DNU
El Decreto de Necesidad y Urgencia es una herramienta garantizada por la Constitución desde 1994 para situaciones urgentes, y su aplicación está regida por una ley reglamentaria que fue sancionada en 2006 a instancias de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner.
La ley 26.122 establece que los decretos deben ser analizados por la comisión de Trámite Legislativo (integrada por 8 diputados y 8 senadores), que debe verificar su validez. Sin embargo, en la práctica ésta nunca llega a emitir sus dictámenes, que ni siquiera son vinculantes. Por otro lado, establece que el DNU debe ser rechazado en ambas cámaras para que pierda vigencia.
El DNU 70/2023 que Milei emitió en diciembre muestra con claridad cómo se puede abusar de la herramienta, ya que el libertario calificó como “urgente” la derogación de leyes de Alquileres, Abastecimiento y Góndolas, y la creación de las Sociedades Anónimas Deportivas, así como la normativa para liberar los precios de las prepagas.
Cuando la medida fue tratada en el Congreso, se mantuvo en pie, ya que, aunque fue rechazado por la Cámara de Senadores, aún no fue discutida en la Cámara de Diputados. En toda la historia, solo una vez se pudo rechazar un decreto, y fue hace un mes, cuando el Senado confirmó el rechazo de los Diputados a la normativa que otorgaba fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
En rigor, nada impide que el Presidente pueda gobernar por decreto. Por eso, en apenas 10 meses de gestión el gobierno firmó 42 decretos de este tipo, al tiempo que vetó todas las leyes que fueron en contra de su programa económico.
Discusión en el plenario de comisiones
La semana pasada Milei logró ratificar el veto contra la Ley de Financiamiento Universitario con el apoyo de 84 Diputados de la Nación. Sin embargo, en la misma sesión el cordobés Agost Carreño logró mocionar el emplazamiento para las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos.
La iniciativa contó con el apoyo del radicalismo, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Unión por la Patria, y permitió que hoy los presidentes de ambas comisiones, Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Silvia Lospennato (PRO), tuvieran que convocar al plenario.
Los diputados tienen hasta el miércoles 30 de octubre (2 semanas desde hoy) para emitir un dictamen, y aunque fueron varios los proyectos presentados, comparten el mismo espíritu en ciertos apartados como la propuesta de poner un plazo al Congreso para que se pronuncie sobre los DNU y -por iniciativa radical- que se prohíban los megadecretos.
Agost Carreño puntualizó que desde Encuentro Federal (bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto) se propone que el plazo sea de 60 días, y asegura que la reforma busca “elevar la calidad institucional”. Además, comentó que la situación actual genera una situación “inadmisible” y “dañina para la democracia”.
“Tenemos una ventana de oportunidad para mejorar la calidad institucional. Eso genera confianza internacional y ayuda al Gobierno“, dijo, “no es en contra de ningún presidente, es a favor de la república”.
“Vamos a empezar a cumplir con la Constitución Nacional, que claramente es restrictiva”, agregó, “es inadmisible que tenga más valor un decreto que una ley. Siempre pedimos que dos Cámaras aprueben una ley pero solo se necesita una firma para sacar un decreto”.
“Mi proyecto es bastante restrictivo: plantea un plazo de 60 días para que lo revisen las cámaras. Si una rechaza, pierde vigencia. Y propone que pueda aceptarse parcialmente”, completó.
Juan Manuel López (Coalición Cívica) aclaró que “no es una ley contra Milei” y aseguró que evitaría abusos en futuros gobiernos, sean del partido que sean. También se manifestó en contra de la creación de empresas por decreto.
Juan Brügge, del peronismo cordobés, también rechazó la situación actual y remarcó que la ley “invierte el rol del Congreso y se lo entrega al Poder Ejecutivo”. “Es una mala ley para beneficiar los ejecutivos de turno porque, con esta ley, el Congreso se borró“, completó.
La radical Carla Carrizo manifestó que la discusión no busca “quitar capacidad de gobernar, sino quitarle el monopolio de arbitrariedad acotando el tiempo y las materias (una por vez) para legitimar rápido”, algo que evitaría los megadecretos.
Carolina Gaillard (Unión por la Patria) comentó que el Poder Ejecutivo ha hecho un uso “irracional” e “inconstitucional” de los decretos, y llamó a los demás legisladores a “ponerse de acuerdo” para derogar los DNU más discutidos.
El PRO y La Libertad Avanza cierran filas
Entre tanto, la defensa de la ley actual estuvo a cargo de los legisladores de La Libertad Avanza y el PRO. Silvana Giudici (PRO) aseguró que “el kirchnerismo trajo esta ley para violentar las instituciones de la democracia” y cuestionó:
“Tendrían que explicar por qué ahora quieren hacer modificaciones. ¿Por qué ahora cuando no fue antes? Siempre fue rechazado por el mismo sector. Ahora la mayoría que quiere forzar esta ley es la que antes se resistió”.
También alertó sobre la “tiranía de las mayorías” y cuestionó que el Congreso se haya convertido en “una escribanía” del Poder Ejecutivo. Sin embargo, evitó referirse a la propuesta propiamente dicha y dejó claro que su estrategia será estirar el debate para que no pueda ser tratado en el recinto este año:
“Es un tema demasiado profundo para no escuchar a todas las miradas, es algo que no se puede abordar en tres sesiones. Este no es un tema para tomar a la ligera. No cancelen la oportunidad de un debate profundo”.
El libertario Nicolás Mayoraz comentó que “el emplazamiento obliga a reunirse, pero no es obligación firmar dictamen, nadie puede ser obligado a dictaminar“. Sus palabras generaron alarma en algunos sectores de la oposición.
A continuación, el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martinez, aclaró que “es verdad que nadie está obligado a firmar ningún dictamen, será nuestra responsabilidad llegar a una mayoría de firmas para que ese dictamen sea válido”.
