El gobierno de Javier Milei justifica su ajuste aludiendo a la necesidad de proteger el superávit, pero ¿qué pasa cuando el gobierno de Estados Unidos baja la orden de aumentar el gasto en Defensa? Quizás el libertario esté allanando el camino para responder a esa pregunta.
La carrera armamentística que nadie pidió
Estados Unidos ha comenzado a ejercer presión sobre América Latina para que incremente su gasto militar. La XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, celebrada recientemente en Cusco, fue el escenario donde el Subsecretario de Guerra estadounidense, Elbridge Colby, expresó su preocupación por lo que considera inversiones insuficientes en defensa.
El argumento oficial es que la región no debería depender de la protección estadounidense; la realidad es que Washington espera que estos países firmen contratos de compra de armamentos con el Pentágono.
Colby fue explícito en sus demandas: pidió aumentar el gasto militar básico del actual 1,2% del PBI al 3,5%, más un adicional de 1,5% en rubros de seguridad. Esto implica casi triplicar la inversión en defensa, pero para Argentina significaría un gasto aún mayor. Según el Banco Mundial, el país dedica apenas el 0,6% del PBI a Defensa (uno de los porcentajes más bajos de la región).
Llegar al promedio latinoamericano requeriría duplicar la inversión actual; alcanzar el objetivo estadounidense demandaría multiplicarla por más de cinco. La última vez que Argentina destinó cantidades comparables fue a finales de los años setenta, cuando el presupuesto de Defensa llegó al 4,7% del PBI.
La tensión es evidente: Javier Milei ha mantenido un discurso obsesivo sobre el ajuste fiscal y la defensa del superávit, pero simultáneamente ha concretado algunas compras militares de la mano de Estados Unidos, incluyendo aviones F-16. Las fuerzas armadas han sufrido la motosierra, pero hay indicios de que el gobierno podría estar preparando el terreno para un cambio de dirección.
Esos indicios adquieren forma en el comportamiento del presidente durante su reciente visita a Perú, donde asistió a la asunción de Keiko Fujimori. En la Universidad San Martín de Porres, Milei volvió a insistir en sus insólitas acusaciones contra la oposición argentina, asegurando que intentó hacerle un golpe de Estado y “sembrar el terror en las calles”. Es una acusación que roza la imputación de terrorismo, pero que no tiene sustento en la realidad.
Si bien se presentaron siete pedidos de juicio político, ninguno obtuvo dictamen de comisión ni fue tratado en el recinto. De hecho, la Comisión de Juicio Político del Congreso está controlada por el oficialismo, presidida por la diputada Lilia Lemoine, y nunca ha entrado en funcionamiento.
¿Por qué Javier Milei insiste en la teoría del golpe? La respuesta podría estar vinculada al acercamiento a Perú: Fujimori asumió con un programa de militarización del país. En su discurso de investidura, anunció que las Fuerzas Armadas asumirán el liderazgo de operaciones de seguridad y control del orden interno en zonas afectadas por el crimen organizado.
Argentina ya intentó algo similar en 2024, cuando el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para habilitar a las Fuerzas Armadas a realizar seguridad interior. Aunque no obtuvo dictamen, los proyectos de La Libertad Avanza tienen la particularidad de resurgir con el paso de los meses.
El acercamiento de Casa Rosada a Perú ocurre precisamente en el contexto de esta militarización regional, en un momento en que Estados Unidos ha blanqueado su intención de iniciar una carrera armamentística. La simpatía de Milei hacia el modelo fujimorista puede estar respondiendo a más que una mera afinidad política.
La trampa institucional del Banco Central
Lo cierto es que hay aspectos más concretos de la influencia peruana en el modelo de gobierno libertario. El jueves pasado, Javier Milei se dirigió a la nación para presentar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Se trata de un movimiento que va mucho más allá de lo técnico. La propuesta es retrotraer la normativa de 2012 (establecida durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) a la versión de 1992, redactada en la era menemista.
El cambio implica reducir los objetivos de la entidad monetaria: de los actuales cinco (que incluyen estabilidad monetaria, estabilidad financiera, empleo y desarrollo económico con equidad social) a tres (preservar el valor de la moneda, contribuir a la estabilidad financiera y regular el sistema bancario). La propuesta también prohíbe que la entidad financie al Tesoro Nacional e incorpora sanciones para los funcionarios que incumplan esta norma.
Pero la modificación más significativa es la que afecta a la remoción de autoridades del Banco Central. Actualmente, el presidente de la entidad puede ser removido mediante un DNU y ratificación de una bicameral. La reforma exigiría el respaldo de dos tercios del Senado y dos tercios de Diputados.
En términos prácticos, esto significa que Santiago Bausili, actual presidente del BCRA, quedaría prácticamente inamovible si el gobierno obtiene la aprobación de la reforma y logra que se ratifique su mandato hasta septiembre de 2028.
Los intereses detrás de esta iniciativa quedan claros cuando se considera a quién beneficia realmente. No se trata de una reforma técnica orientada a mejorar el funcionamiento de la entidad, sino de un blindaje institucional diseñado para que el próximo gobierno no pueda escapar del rumbo económico establecido por La Libertad Avanza en diciembre de 2023.
En otras palabras, Milei está preparándose para un posible resultado adverso en las elecciones de 2027, asegurando que su sucesor quede atado a un cierto grado de ajuste fiscal. La sospecha se refuerza cuando se observa que la reforma forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.
En la segunda revisión de su programa, el FMI sostuvo que sería necesario avanzar con cambios legales en la Carta Orgánica una vez consolidada la estabilización macroeconómica. Julie Kozack, vocera del organismo, respaldó explícitamente la iniciativa, afirmando que permitiría “fortalecer las salvaguardas institucionales” y “reducir los riesgos derivados de la dominancia fiscal”. Traducido: el FMI quiere asegurarse de que el país continúe aplicando su programa de ajuste sin importar quién gobierne.
Otro aspecto controversial de la iniciativa del gobierno es la del “shutdown”, un instrumento que llevaría a la paralización del Estado si se agotan los fondos presupuestarios. Se trata de un mecanismo similar al que ha operado repetidamente en Estados Unidos bajo la administración Trump, paralizando servicios esenciales durante meses.
Milei asegura que, en el caso de Argentina, la parálisis no se extenderá a los servicios esenciales, pero vale preguntarse qué servicios sí serán afectados, especialmente teniendo en cuenta que una de las cosas que se paralizarían serían las transferencias a las provincias.
La pregunta de fondo permanece sin respuesta explícita: ¿es posible blindar institucionalmente una política económica para que trascienda los cambios políticos? O más bien: ¿debería serlo? La reforma del Banco Central sugiere que para Milei, la respuesta es afirmativa.
Si la medida se aprueba, el próximo gobierno heredará no solo una crisis económica, sino también una arquitectura institucional diseñada para impedirle tomar decisiones alternativas.
