La Libertad Avanza busca avanzar con el dictamen del Super RIGI en la Cámara de Diputados y, aunque el gobierno de Javier Milei insiste en que la iniciativa pretende atraer inversiones tecnológicas, incluso entidades liberales advierten sobre el impacto negativo que tendría.
La Libertad Avanza busca dictaminar este miércoles el proyecto de Súper RIGI en comisiones de la Cámara de Diputados, con el objetivo de llevarlo al recinto en una sesión especial prevista para el 24 de junio.
Con el respaldo de los bloques aliados y buena parte de la oposición dialoguista, el oficialismo parece tener asegurados los votos necesarios para convertir el proyecto en ley. Sin embargo, a medida que la iniciativa avanza en el Congreso, crece el número de voces que cuestionan su diseño.
A las críticas de organizaciones cercanas al peronismo y al campo progresista se sumaron en los últimos días informes de espacios de tradición liberal, que advirtieron sobre el riesgo de un alto costo fiscal, la pérdida de divisas y el impacto en las economías regionales y la industria local.
El régimen también despierta interés entre empresarios tecnológicos como Peter Thiel, dueño de Palantir, que además sigue de cerca la ley de reforma societaria que avanza en el Senado.
Una agenda cargada en comisiones
Este miércoles 17 de junio, las comisiones de Diputados tienen previstas varias reuniones para destrabar tres proyectos centrales en la agenda legislativa del Gobierno de Javier Milei.
Desde las 12, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Justicia se reúnen para tratar el acuerdo de conciliación con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, dos holdouts que no ingresaron al canje de deuda de 2016 firmado durante el gobierno de Mauricio Macri.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado desde el 5 de junio, habilita el pago de 171 millones de dólares (67 millones a Bainbridge y 104 millones a Attestor) con una quita cercana al 30% sobre la deuda original, y debe convertirse en ley antes del 30 de junio, fecha límite fijada en el entendimiento judicial alcanzado en tribunales de Estados Unidos.
Antes del pase a la firma, expondrán Sebastián Amerio, procurador del Tesoro de la Nación, y Juan Ignacio Stampalija, titular de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía.
A las 15, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se reúnen para firmar el dictamen del Súper RIGI, tras dos jornadas informativas con exposiciones de funcionarios y representantes del sector empresarial.
A diferencia de otros proyectos del oficialismo, este cuenta desde su ingreso al Congreso con el aval de los bloques aliados y de la oposición dialoguista, aunque algunos legisladores de bancadas provinciales pidieron modificaciones puntuales que el oficialismo aceptó incorporar.
El Súper RIGI es una versión ampliada del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones vigente desde 2024, orientada a sectores antes excluidos: litio, uranio, baterías, hidrógeno verde, vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, reactores nucleares modulares, semiconductores e inteligencia artificial.
El umbral de inversión mínima sube de 200 a 1.000 millones de dólares, la estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria se extiende a 30 años, y el plazo de adhesión pasa de dos años con una prórroga a cinco años con una prórroga adicional.
Entre los beneficios figuran una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada del 60% en el primer año, exención de derechos de importación, eliminación de retenciones a la exportación y disponibilidad progresiva de divisas que llega al 100% a partir del tercer año.
Los dividendos tributarán un 7%, con una reducción al 3,5% después de cuatro años de adhesión, punto que los bloques aliados buscan ajustar.
Tras semanas de reclamos de gobernadores provinciales, que pedían mayor encadenamiento con la producción local, el oficialismo incorporó al dictamen dos cambios respecto del texto original: una exigencia de 20% de compre nacional y beneficios específicos para inversión en investigación y desarrollo local.
A las 17, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General retoma el debate sobre la regulación del lobby, con un futuro más incierto: organizaciones como el CELS y cámaras empresarias advirtieron que las categorías del texto son demasiado amplias y no distinguen entre lobbismo corporativo y simples pedidos ciudadanos de información.
También figura en agenda la reforma a la Ley de Inocencia Fiscal, que se volvió noticia en las últimas semanas por el caso de Manuel Adorni, que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito tras justificar unos 300.000 dólares mediante inversiones en criptomonedas.
Mientras la oposición pidió el recinto para el martes 23 de junio para avanzar con una moción de censura contra Adorni, La Libertad Avanza convocará a sesión especial para el miércoles 24, con el Súper RIGI y el acuerdo con los holdouts como únicos puntos del temario previsto hasta el momento.
Fundar advierte por el lobby de los beneficiados
Un informe de la organización Fundar identificó cinco críticas centrales al proyecto. La primera apunta a que el esquema “mantiene la contradicción original”, ya que, según el informe, “el Gobierno, que reivindica el libre mercado, adopta como política emblema la selección estatal de ‘ganadores'”.
El RIGI vigente ya había seleccionado ocho rubros, pero el 90% de la inversión se concentró en hidrocarburos (50%) y minería (40%), mientras que la ampliación suma ahora a inteligencia artificial, semiconductores, baterías de litio, industria aeroespacial e infraestructura digital.
En segundo lugar, el informe sostiene que las concesiones tributarias del Súper RIGI son mayores que las del proyecto original de 2024: la alícuota de Ganancias baja al 15% frente al 25% del RIGI vigente, y se suma una reducción de las contribuciones patronales al 10%, beneficio inexistente hasta ahora.
En materia de comercio exterior, el nuevo régimen establece la liberalización total de retenciones y aranceles a la importación desde el inicio, mientras que en el RIGI original los derechos de exportación recién se eliminaban al tercer año y la exención de aranceles solo alcanzaba a bienes de capital.
El documento también señala que a los beneficios tributarios se suman ahora concesiones cambiarias: la libre disponibilidad de divisas será del 20% en el primer año, 40% en el segundo y 100% a partir del tercero, contra el cuarto año que exigía el RIGI original, y los ingresos por colocaciones de deuda quedan exceptuados de liquidarse en el mercado de cambios.
Respecto de los encadenamientos productivos, Fundar advierte que las exigencias “que ya eran pocas, también fueron recortadas”, ya que se eliminó el compromiso mínimo de contratación local de bienes y obras.
Según el informe, el proyecto “solo pide informar la ‘integración local’. Peor aún: el artículo 55 prohíbe al Estado obligar al inversor a comprar insumos nacionales cuando haya una alternativa importada más barata. El Estado se ata las manos para generar encadenamientos, incluso mientras otorga beneficios extraordinarios”.
Por último, la organización alertó sobre el riesgo de que el esquema se transforme en una política permanente: “La clientela de beneficiarios de este régimen de emergencia tendrá en el futuro fuertes incentivos para hacer lobby con el objetivo de extender y ampliar el régimen, aún en condiciones de mayor normalización de la economía argentina”.
“Existe también el riesgo de que el Súper RIGI induzca al sector privado a demorar inversiones que haría de todas formas, condicionándolas a su inclusión en el régimen”, agrega el informe, que concluye:
“Con todas las concesiones tributarias y cambiarias, la recaudación efectiva puede ser mínima y los dólares generados pueden no ingresar al mercado local. El resultado posible es una inversión que no deje impuestos, no aporte divisas y tampoco genere proveedores. Porque este paquete de beneficios se entrega sin contrapartidas productivas de ningún tipo”.
Las miradas del IERAL y la Fundación Mediterránea
Una segunda fuente de cuestionamientos provino del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), dependiente de la Fundación Mediterránea, entidad con sede en Córdoba que históricamente funcionó como think tank de Domingo Cavallo y que en 2023 elaboró el plan económico de Patricia Bullrich junto a Carlos Melconian.
La presiden actualmente la constructora María Pía Astori, junto a Marcos Brito (Banco Macro), Sergio Roggio (construcción, subte y ferrocarril Urquiza), Adriana y Roberto Urquía (Aceitera General Deheza) y Euclides Bugliotti (grupo Dinosaurio), entre otros empresarios.
El documento, titulado “Súper RIGI: otra isla en el océano de distorsiones” y elaborado bajo la dirección de Osvaldo Giordano, primer titular de la ANSES durante la gestión de Milei, no objeta el régimen por su impacto fiscal, sino por considerar que se aleja de su carácter excepcional original.
Según el texto, el esquema “por su propio diseño, no tiene capacidad para transformar el patrón de inversión prevaleciente en las últimas décadas. Su funcionalidad se centra en promover y hacer viables proyectos en determinados nichos”.
El informe sostiene que “hay que asumir como punto de partida que ningún régimen especial sustituye una mejora general e integral de las instituciones que condicionan el proceso de inversión como condición para alcanzar niveles que le den sustento a un proceso continuo de crecimiento”.
El IERAL remarca que el Súper RIGI “supone un desvío respecto de la estrategia original” de Milei, que había prometido extender al conjunto de la economía los beneficios del RIGI: baja del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, fin de las retenciones a la exportación y eliminación del cepo cambiario para empresas.
El informe enumera desventajas de sumar regímenes especiales: “Una desventaja muy importante es que aumenta los costos administrativos, tanto para el Estado (responsable de administrar los regímenes especiales) como para las empresas (que tienen que demostrar que su proyecto encuadra en las reglas que regulan el régimen especial)”, y agrega que:
“Se generan señales ambiguas y riesgos de que se reduzca la prioridad a avanzar en las reformas que generen condiciones generales favorables para la inversión”.
El instituto también coincidió con Fundar en el riesgo de mayor discrecionalidad y lobby a partir del aumento de los costos administrativos. Y advirtió sobre el impacto cambiario de los grandes proyectos promovidos.
“La expansión de las exportaciones, en parte estimuladas por proyectos de gran envergadura promovidos a través del RIGI, y a lo que se podrían sumar los que genere el Súper RIGI, generan una oferta creciente de divisas“, comentó, pero aclaró:
“Esto sin dudas es positivo, pero tiene como derivación una probable apreciación del tipo de cambio real en el mediano plazo, aumentando la presión sobre sectores más mano de obra intensivos concentrados en los grandes aglomerados urbanos. Una eventual contracción de estos sectores, o su no expansión, tendría consecuencias sociales significativas en términos de empleo urbano”.
El documento concluye que “este perjuicio cambiario que se ocasiona a las actividades urbanas que son las que más contribuyen al PBI y al empleo hacen más urgentes, prioritaria y esenciales las reformas generales para la inversión en toda la economía en lugar de seguir expandiendo regímenes especiales”, y resume su posición de fondo:
“No es una buena opción agregar nuevas capas de excepciones que profundizan las inequidades horizontales y la complejidad administrativa. Buena parte de los objetivos que se espera alcanzar con el Súper RIGI se podrían lograr sin establecer una nueva normativa de excepción”.
A estas dos posiciones se suman otras críticas previas formuladas por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el colectivo Misión Productiva y la consultora Audemus, del exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas.
