Ley de DNU: El PRO le quitó el apoyo a LLA luego de que Menem filtrara sus negociaciones con las universidades

La oposición alcanzó dictamen de mayoría para reformar la Ley de DNU, en un plenario en el que el PRO no acompañó el proyecto de rechazo oficialista luego de que Martín Menem filtrara las negociaciones entre Finocchiaro y los rectores universitarios.

Ayer durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados los bloques opositores se articularon para impulsar reformas en la Ley 26.122 y limitar el uso abusivo de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

Así, los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, y Democracia para Siempre juntaron 36 firmas para alcanzar dictamen de mayoría, y ahora la iniciativa está habilitada para ser tratada en el recinto.

Por su parte, La Libertad Avanza juntó 9 firmas para su dictamen de rechazo, mientras que la Coalición Cívica y el bloque UCR alcanzaron 2 firmas para sus respectivos proyectos, presentados por el lilito Juan Manuel López y la radical Karina Banfi.

Lo llamativo es la posición que tomó el PRO, cuyos legisladores decidieron no firmar ninguno de los dictámenes y dejaron al oficialismo sin uno de sus principales aliados legislativos.

La maniobra de Menem que desató la crisis

La decisión del PRO de quitarle su apoyo a La Libertad Avanza en la reunión de la comisión deja al oficialismo en una posición vulnerable de cara al tratamiento de la reforma en el recinto.

El Presidente Javier Milei había adelantado que en caso de que finalmente se sancione, la vetará. Sin embargo, para sostener el veto requerirá el apoyo del partido liderado por Mauricio Macri en la Cámara de Diputados.

El Presidente de la Cámara baja, Martín Menem, fue señalado como el responsable de la escalada de tensiones. Hasta el miércoles al mediodía, el bloque encabezado por Cristian Ritondo tenían la intención de firmar el dictamen de rechazo.

Sin embargo, dos horas antes de que comenzara el trabajo en comisiones, el riojano convocó a una conferencia de prensa para anunciar un aumento presupuestario para las universidades en el Presupuesto 2025.

La apresurada iniciativa enfureció a los legisladores amarillos, ya que desde el espacio venían sosteniendo negociaciones con los rectores en silencio y a través del diputado Alejandro Finocchiaro. Una vez que tomaron conocimiento, los macristas forzaron al libertario a cancelar la conferencia.

Según trascendió, José Luis Espert fue quien se enteró de las negociaciones entre las universidades y el macrismo, y procedió a comunicarle la información a Menem, quien luego llamó a la conferencia.

Acto seguido, el PRO le vació el plenario de comisiones. “No entienden nada estos muchachos y ahora nos vamos de la comisión sin firmar el dictamen de rechazo a la reglamentación de los DNU”, dijo un legislador macrista.

La respuesta de los amarillos no terminó ahí, y parece haber resquebrajado las relaciones entre ambos espacios. Por lo pronto, Menem sostuvo una reunión con Ritondo y Silvana Giudici en su oficina para calmar las aguas, pero según una legisladora: “Con suerte, el tema pasa al año que viene pero nosotros le sacamos el cuerpo“.

La posibilidad de que el macrismo decida no apoyar a La Libertad Avanza en el recinto preocupa en Casa Rosada, ya que significaría que no sería tan fácil para Milei gobernar por decreto e ignorar a los legisladores.

Los vetos presidenciales (que le sirvieron a Milei para detener el aumento de las jubilaciones y el financiamiento universitario) también se verán afectados si no tiene el apoyo de todo el PRO para alcanzar el tercio del cámara requerido para frenar a la oposición. Es decir, que el libertario no podría vetar la reforma a la Ley de DNU.

Cabe señalar que a los liderados por Macri los pone en una situación delicada la posibilidad de defender la ley de decretos actual, ya que en su discurso republicano se habían mostrado en contra de la ley, que se sancionó con apoyo de Cristina Kirchner.

Es una ley de mierda y la verdad que nos cuesta mucho bancar al gobierno“, resumió un macrista, dando cuenta del cambio de discurso que significaría comenzar a apoyar la normativa actual.

De hecho, la jugada de emplazamiento para cambiar esa norma había sido impulsada por Oscar Agost Carreño, titular del PRO en Córdoba, pero secretario parlamentario del bloque de Miguel Ángel Pichetto.

La propuesta para cambiar la ley de decretos

Cabe recordar que la Constitución Nacional habilita al Presidente a emitir Decretos de Necesidad y Urgencia en situaciones excepcionales en su artículo 99, y establece que el mandatario debe enviar sus decretos a una Comisión Bicameral dentro de los 10 días desde su promulgación.

Además, la ley actual exige que para que la normativa sea rechazada debe contar con el voto mayoritario en cada una de las cámaras. Si sólo una de ellas lo aprueba, el decreto es válido, y mientras no sea tratado, el DNU tiene vigencia.

En la práctica, la emisión de decretos ha sido más flexible y dado que es más fácil para el oficialismo sostener un DNU que impulsar una ley en el Congreso, la herramienta ha sido abusada en más de una oportunidad por los gobiernos nacionales.

Sin embargo, la gestión de Javier Milei incluyó los ejemplos más alevosos de este tipo de abusos. Ejemplos de esto fueron el Decreto 70/2023, a través del que se buscó modificar más de 300 normativas de regulación económica, o el rechazado DNU 656/2023, con el que se intentó otorgar 100 mil millones en fondos reservados a la SIDE.

Ante esta situación, la oposición se articuló en una propuesta de solo 3 artículos. El primero de ellos indica que los decretos “tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 5º del Código Civil y Comercial”.

Además, “perderán vigencia si no fueran aprobados mediante resolución de ambas Cámaras del Congreso en un plazo de noventa (90) días corridos contados desde su publicación”. Es decir que bastará el rechazo de una Cámara para frenar una iniciativa de este tipo y se establece un plazo para su tratamiento de 3 meses.

El segundo punto indica que cuando los decretos “sean dictados durante el periodo de receso parlamentario las Cámaras podrán abocarse a su expreso e inmediato tratamiento conforme al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”.

Finalmente, el tercer apartado aclara que “el rechazo por alguna de las Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar uno análogo en el mismo período parlamentario.”

Offtopic: