En sus últimas apariciones televisivas, el ex presidente Mauricio Macri apuntó directamente contra la fiscala Gabriela Boquín, quien frenó la condonación de la multimillonaria deuda de su familia con el Estado en el caso Correo Argentino. No mucho después, se reactivó un sumario contra Boquín basado en una denuncia que podría ser falsa.
La influencia que aún tiene Macri en la jefatura de los fiscales, viene de la mano del Procurador General interino Eduardo Casal. Macri apuntó contra Boquín y a las pocas horas Casal le comunicó a la fiscala que se daba inicio al sumario en su contra.
El lunes 12 de octubre, Macri había dicho que desde que Cristina Fernández de Kirchner volvió al gobierno “se ha dedicado personalmente con Zannini, con Nissen, con la fiscal Boquín, a perseguir a mi familia con el Correo”. El viernes siguiente, 16 de octubre, desde la Procuración que aún maneja Casal activaron el sumario administrativo contra Boquín a partir de una denuncia presuntamente falsa de maltrato laboral.
Este impulso al sumario administrativo contra Boquín sucede después de un rechazo a su recurso de reconsideración por el inicio de una denuncia presuntamente falsa. Ese rechazo lo firmó el propio Casal el 29 de septiembre pasado.
Además, el ex mandatario mencionó a Carlos Zannini, actual procurador del Tesoro y a Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia. El primero se desempeñó como abogado del Estado y acompañó los pedidos para acelerar la causa que lleva 19 años de dilación; el segundo declaró “irregulares e ineficaces” todos los papeles presentados por Correo Argentino desde 2008 a 2017.
El sumario lo inicia Casal en base a una denuncia por supuestos maltratos laborales, basado en la declaración de una ex empleada de la fiscalía de Boquín cuyo esposo, el juez Sebastián Sánchez Cannavó, concursó para acceder a la Sala B de la Cámara Comercial. Se trata de la Sala que interviene en el caso Correo Argentino.
La maniobra de Casal fue unificar los expedientes 157 y 1535, de 2018, en los cuales dos personas denunciaron maltrato laboral contra Boquín. Una es Verónica Fernández y la otra, Marina Nieves Calzia. La primera, que tenía un régimen laboral diferenciado por discapacidad, reconoció en los documentos la sensibilidad de Boquín por su condición en el ambiente laboral, por lo que no habría motivos para su enojo.
Por otro lado, en el expediente constan intercambios vía mail y Whatsapp certificadas por escribano que muestran buena relación entre Boquín y Calzia, que se conocen y trabajan en el mismo ámbito desde hace años, pero no los tuvieron en cuenta.
A esto se sumó el testimonio de Juan Cruz Alvarez, delegado de la Unión de Empleados Judiciales (UEJN) del fuero Comercial, que reveló en El Destape Radio que la denuncia contra Boquín fue guionada, declaración que tampoco se tuvo en cuenta.
