Denunciaron al exasesor de campaña de Javier Milei en el marco del escándalo de corrupción en ANDIS, luego de que declarara ante la justicia que Diego Spagnuolo ya le había hablado de la existencia de un esquema de coimas que llegaba hasta Karina Milei y sus allegados.
Fernando Cerimedo (consultor político y exasesor en la campaña de Javier Milei) fue denunciado por encubrimiento en el marco del escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que destaparon los audios del extitular Diego Spagnuolo.
En esas grabaciones, Spagnuolo había mencionado a varias figuras del gobierno nacional, como el propio Javier Milei, su hermana Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, estrecho colaborador de la secretaria general de Presidencia.
El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia ante el fiscal Franco Picardi contra Cerimedo y su esposa Natalia Basil, exfuncionaria de ANDIS, por el delito de encubrimiento. La acusación se fundamenta en que ambos tenían conocimiento de los hechos de corrupción pero no los denunciaron ante la autoridad competente.
La semana pasada, Cerimedo había declarado como testigo bajo juramento ante la Justicia, donde confirmó la veracidad de los audios de Spagnuolo y ratificó que el exfuncionario le había hablado sobre un “esquema de corrupción” en el organismo.
Durante su testimonio, el fundador de La Derecha Diario reconoció que Spagnuolo le había comentado sobre coimas y un entramado de favores vinculados a las contrataciones de ANDIS. Con sus dichos, echó por tierra la estrategia de Casa Rosada, que calificó al extitular de ANDIS como un “mentiroso”.
Según la presentación judicial, Cerimedo tenía la obligación legal de presentar una denuncia al haber tomado conocimiento de estos hechos ilícitos. Dalbón argumentó en su escrito:
“Solicito se disponga la extracción de testimonios a fin de investigar a Fernando Cerimedo y Natalia Basil por el delito de encubrimiento (art. 277 del Código Penal de la Nación y 177 inc. 1º del Código Procesal Penal de la Nación), en virtud de haber tomado conocimiento de los hechos ilícitos que aquí se investigan y no haberlos denunciado ante la autoridad competente”.
En el caso de Natalia Basil, cabe mencionar que no solo es la esposa de Cerimedo, sino que también ocupó el cargo de Directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS, con responsabilidad directa en el área de presupuesto.
Justamente por eso, el abogado denunciante consideró que su deber de denuncia era mayor: “Lo que la coloca en una posición agravada respecto de su deber de denunciar”.
Cerimedo ratificó ante la Justicia que Spagnuolo le hablaba de coimas y corrupción en ANDIS
Allanamiento a Spagnuolo y renuncia de sus defensores
En cuanto a Spagnuolo, cabe destacar que tras la declaración de Cerimedo, la justicia avanzó con allanamientos en sus propiedades, incluyendo una caja fuerte donde la Policía encontró 80.000 dólares y 2.000 euros en efectivo.
Prácticamente al mismo tiempo que se llevaba adelante la pesquisa, los abogados de Spagnuolo presentaron su renuncia a la defensa del exfuncionario, aduciendo “motivos personales”. Los letrados Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze abandonaron la representación de su cliente, quien ahora deberá nombrar a nuevos defensores para que lo asistan.
La renuncia de los abogados se produjo en medio de las dudas sobre si Spagnuolo se convertirá en “imputado colaborador”. Días atrás, sus entonces defensores habían solicitado más tiempo para responder sobre un planteo para anular el caso, sin llegar a definiciones concretas antes de abandonar la representación.
Cabe recordar que la causa comenzó a partir de una serie de audios del entonces director de ANDIS, quien reveló una trama de corrupción que involucra a la droguería Suizo Argentina de la familia Kovalivker. Según las grabaciones, el esquema incluiría el cobro de retornos del 8% sobre las contrataciones y compras realizadas por la agencia a esta empresa privada.
En los audios, Spagnuolo señaló como beneficiarios de estos sobornos a Karina Milei (secretaria general de Presidencia, quien se quedaría con el 3% del monto), y a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario y estrecho colaborador de la hermana del presidente.
La investigación, que lleva adelante el juez Sebastián Casanello junto al fiscal Franco Picardi, se centra en los delitos de administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles con la función pública.
Los propietarios de Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker y sus hijos Jonathan y Emmanuel, han planteado la nulidad de la causa basándose en la supuesta ilegalidad de los audios. Su defensor sostiene que todo lo actuado debe ser declarado nulo porque considera que el origen de la investigación son grabaciones ilegítimas.
Sin embargo, el fiscal considera que los audios no están siendo utilizados como elemento de prueba sino como “un indicio” a partir del cual “se comenzó a recolectar prueba”. Sea como fuere, hasta el momento ni el gobierno ni los Kovalivker pudieron esgrimir argumentos convincentes para desmentir el contenido de los audios.
