El gobierno intentó canalizar el descontento por la “campaña anti-Argentina” con un decreto para expulsar inmigrantes, pero provocó las críticas de legisladores y constitucionalistas por la falta de precisiones sobre cómo se aplicaría o qué se consideraría como “mensaje de odio“.
El gobierno de Javier Milei intentó canalizar el descontento generado por la llamada “campaña anti-Argentina” con un Decreto de Necesidad y Urgencia que habilita la expulsión de extranjeros que emitan “mensajes de odio” contra los argentinos.
Sin embargo, la norma ni siquiera define qué constituye ese tipo de mensaje y deja un margen amplio de interpretación que, según advierten desde la oposición, podría derivar en una persecución arbitraria de migrantes.
Especialistas en derecho constitucional y dirigentes de distintos espacios políticos ya cuestionaron tanto el contenido como el instrumento legal utilizado, y anticipan que la medida tendrá un nuevo capítulo judicial.
El DNU 681/2026 fue publicado en el Boletín Oficial y comunicado por la Oficina del Presidente (OPRA) a través de su cuenta de X pocos después de que el propio Milei generara un conflicto diplomático con Brasil al calificar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista“, y también insultara al poder judicial del país.
Ola de críticas contra el decreto anti-inmibrantes
El decreto no tardó en generar rechazo. El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, lo definió como “un acto de patrioterismo desprolijo e inconstitucional” y cuestionó en un posteo en X: “Otra vez asistimos a un arrebato sin el más mínimo filtro constitucional sobre la validez y aplicabilidad de un DNU y de su contenido”.
“Parece responder más a una necesidad política personal que a una verdadera necesidad y urgencia del país”, agregó, “el Presidente, una vez más, se coloca por encima del Congreso para modificar la Ley de Migraciones incorporando causales de permanencia y expulsión del país, vinculadas a cuestiones de naturaleza penal”.
“¿Quién y cómo va a aplicar esas causales?, ¿cómo se determinará que una persona incurrió en supuestos tan ambiguos como el ‘mensaje de odio’ hacia el país o nuestra población?”, comentó.
La legisladora peronista Florencia Carignano, ex directora nacional de Migraciones, señaló la contradicción de que la medida provenga de “un gobierno que hace de los mensajes de odio una política de estado” y remarcó: “Si todos los países hiciesen esto, Milei no podría entrar en varios”.
La funcionaria enumeró al menos ocho países en los que, según su lectura, el propio Presidente quedaría alcanzado por criterios similares: Brasil, Chile, México, El Vaticano, España, Colombia, China y Venezuela.
Desde la UCR, el diputado Pablo Juliano calificó la medida como “patrioterismo de cartón” y la vinculó con la agenda legislativa en danza: “se hacen los patriotas por DNU por una polémica de redes, mientras preparan la mayor entrega de nuestras tierras para la votación del 6 de agosto”.
“Los símbolos nacionales se respetan, pero la soberanía territorial de la Argentina no se remata”, completó. La referencia apunta al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que de aprobarse habilitaría la compra sin límites de tierras argentinas por parte de capitales extranjeros.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió que la reforma implica “un avasallamiento” al Congreso “sin que existan las causales de habilitación previstas por la Constitución” y agregó: “esta vez con una causal propia de la Venezuela de Maduro“. En la misma línea que Carignano, sostuvo:
“Lo paradojal es que con esta normativa Javier Milei no podría volver a ingresar a Brasil o España debido a su ‘discurso de odio'”.
Otro abogado constitucionalista, Pablo Manili, fue categórico sobre la validez del decreto: “No es un decreto válido. Hay una muy breve, pequeña y excepcional ocasión en la cual se pueden dictar los DNU, que es cuando existen causas graves que generan un peligro y son inexorablemente urgentes. No están dadas esas condiciones”.
“Tampoco está dada la condición de que el Congreso no pueda intervenir, que es otro de los requisitos para que un DNU tenga validez. Y además los DNU no pueden contener normas penales y esto es una norma penal disfrazada”, agregó.
Manili también planteó que la medida no aporta nada nuevo, ya que “las manifestaciones de odio siempre fueron delitos, ya están tipificadas” y la expulsión de extranjeros por cometer delitos “también está en una ley”.
El diputado nacional Agustín Rossi alertó sobre “la peligrosidad de un decreto de estas características, porque abre un montón de puertas que pueden ser utilizadas para violentar las garantías individuales y los Derechos Humanos” y trazó un paralelo con Estados Unidos:
“Es posible que con la excusa de este decreto el Gobierno se lance a una cacería sobre los migrantes, al estilo de la política que impulsó (el presidente Donald) Trump en Estados Unidos, teniendo en cuenta que este gobierno intenta copiar aquellas políticas que hace el gobierno de Trump como el ICE”.
Rossi remarcó además la “enorme discrecionalidad a la hora de interpretar la letra de la ley” y anticipó que el decreto “deberá ser analizado por la Comisión Bicameral de tratamiento legislativo”.
La ex ministra de Seguridad Sabina Frederic enmarcó la medida dentro de una política migratoria más amplia que el Gobierno viene construyendo desde mayo de 2025, cuando ya había endurecido los controles de ingreso y limitado el acceso gratuito a salud y educación superior para no residentes. Sobre la aplicación concreta del nuevo decreto, se preguntó:
“Me pregunto cómo y quién va a hacer el análisis y la distinción entre un tipo de discurso y otro”.
El diputado Jorge Taiana, ex ministro de Defensa, sostuvo que la medida “confirma el carácter racista, xenófobo y discriminatorio de las políticas de Milei y su gabinete” y advirtió: “Desde el Congreso vamos a hacer todo lo necesario para frenar este decreto y evitar este nuevo retroceso en materia de derechos”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también se pronunció sobre el patrón de política migratoria del Gobierno, al señalar que se “impone barreras económicas y burocráticas que empujan a la población migrante hacia la irregularidad” y que “se construye la figura de un ‘enemigo interno’ para justificar el despliegue del aparato punitivo”.
Migrantes, xenofobia y la batalla cultural
El texto del DNU 681/2026 incorpora una nueva causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional para todo extranjero que “dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad”, así como para quien “ultraje” los símbolos patrios.
La norma modifica la Ley de Migraciones 25.871. En sus fundamentos, el decreto sostiene que “han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional” y que esto “constituye un riesgo para todos los argentinos” .
El comunicado oficial que acompañó la publicación remarcó: “Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país“.
Pese a esa extensión de fundamentos, el decreto no define con precisión qué constituye un “mensaje de odio”, ni fija parámetros objetivos para diferenciarlo de una opinión política, una crítica periodística o una manifestación artística.
Tampoco establece un procedimiento específico para determinar cuándo una conducta encuadra en esa categoría. En los hechos, esa evaluación quedará en manos de la Dirección Nacional de Migraciones, sin intervención judicial previa.
Desde el oficialismo se aclaró que la prohibición y la expulsión quedan circunscriptas a los ataques colectivos hacia la ciudadanía por su condición de argentinos o a la agresión a símbolos patrios, dejando al margen las “posiciones e ideologías políticas”, aunque esa distinción es justamente uno de los puntos más cuestionados por los especialistas consultados.
Históricamente, las restricciones migratorias en la Argentina estuvieron vinculadas a cuestiones más objetivas, como antecedentes penales, terrorismo, narcotráfico, documentación irregular o amenazas concretas a la seguridad pública. El nuevo decreto incorpora, en cambio, una causal basada en expresiones públicas.
Sin embargo, lo más insólito es que el impulso para modificar la Ley de Migraciones no respondió a un informe de la Dirección Nacional de Migraciones ni a una situación de emergencia fronteriza, sino a una lectura política instalada en el círculo más cercano al Presidente luego del Mundial de fútbol sobre la llamada “campaña anti-Argentina”.
Esa interpretación tomó forma en el despacho que el asesor presidencial Santiago Caputo ocupa en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada. Desde allí impulsó la idea de que el Gobierno debía responder con herramientas “institucionales”.
La idea ganó fuerza al ritmo de las críticas de artistas, periodistas y figuras públicas contra el país tras la final que la Selección perdió frente a España, y de la escalada diplomática que el propio Milei alimentó al denunciar, sin presentar pruebas, que detrás de esos cuestionamientos estaban los gobiernos de Brasil y México.
El propio Caputo alimentó a través de sus redes el sentimiento racista tras la eliminación de Brasil ante Noruega: “Qué piedra se volvió ser negro. Es culpa de Hollywood. Las advertencias fueron debidamente presentadas”.
De hecho, el asesor fue uno de los principales impulsores de la narrativa. “Se pasaron meses diciendo que no existían las campañas de desinformación extranjeras. Me alegro que se unan a la defensa de los intereses argentinos finalmente”, escribió en redes sociales.
Horas después compartió un mensaje de Agustín Laje, quien sostuvo que la “campaña anti-Argentina” constituía “la última manifestación ideológica de la agenda woke“. Días más tarde, esa lectura política terminó convertida en uno de los fundamentos centrales del decreto, cuya redacción estuvo a cargo de los equipos de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.
La instrumentación quedó en manos de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien se ocupó de contactar personalmente a los distintos ministros para explicar el alcance de la iniciativa y coordinar la firma.
El decreto se firmó apenas un mes después de que la Cámara Nacional Electoral declarara la nulidad de otro DNU, el 366/2025, con el que el Gobierno había intentado transferir a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina.
En esa resolución, los jueces habían concluido que el Poder Ejecutivo no había acreditado circunstancias excepcionales que justificaran apartarse del procedimiento legislativo. El nuevo decreto vuelve a apoyarse en el mismo artículo, el 99 inciso 3 de la Constitución.
