El primer juicio oral y público contra Marcelo Sebastián D’Alessio, creador de una red de espionaje ilegal y extorsión, comenzará el próximo 8 de marzo. El juicio se refiere al intento de extorsión de Gabriel Traficante al que D’Alessio le reclamó un pago de 90 mil dólares a cambio de beneficiarlo en una causa judicial y evitar que el caso sea publicado por Clarín.
El Tribunal Oral Federal Nº2 encabezará el debate por la causa que investiga las maniobras desplegadas contra el empresario Gabriel Traficante por la que también serán juzgados el suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone y los exespías Claudio Oscar Álvarez y Rolando Hugo Barreiro.
“Fíjase audiencia a efectos de dar comienzo al debate oral y público de estas actuaciones para el día lunes 8 de marzo del año 2021 a las nueve treinta horas (9:30 h)”, dispuso el presidente del TOF 2, Jorge Gorini, en la resolución emitida este viernes.
El debate será de forma semipresencial a través de la plataforma Zoom, dada la normativa vigente en relación a la emergencia sanitaria vigente. De este modo, el tribunal se constituirá en pleno en Comodoro Py, mientras que quienes declaren como testigos y el resto de los participantes del debate lo harán a través del sistema de videoconferencia.
El tribunal está integrado por los jueces Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y el subrogante Enrique Méndez Signori, y preve escuchar a unos 30 testigos a lo largo de todo el juicio.
Se trata de la causa que fue instruida por el juez federal Luis Rodríguez que sostuvo que a los cuatro acusados se los juzga por “la extorsión bajo intimidación sobre Gabriel Traficante desde el periodo comprendido entre el 2/11/2016 hasta el 9/12/2016 aproximadamente, con el objeto de obligarlo a que le entregue distintas sumas de dinero”.
Según se desprende de la investigación judicial, D’Alessio buscó intimidar a Traficante para obtener dinero aduciendo que podía impedir su aparición en una investigación judicial en la que supuestamente estaba involucrado (la causa mediáticamente conocida como “La mafia de los contenedores”) y además evitarle que su nombre apareciera en las páginas del diario Clarín.
No obstante, finalmente se publicó la supuesta información en una nota con la pluma de Daniel Santoro, quien fue indagado hace más de un año pero cuya situación procesal aún no fue resuelta por el magistrado Rodríguez.
Traficante realizó la denuncia en 2016 pero la causa se reactivó luego de la investigación en curso en el juzgado de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, que investiga maniobras similares que se atribuyen a la asociación ilícita que D’Alessio conformó con otros acusados.
Además el fiscal Bidone, que fuera suspendido, fue procesado por Rodríguez ya que le proporcionó a D’Alessio un listado de llamados entrantes y salientes de Traficante a las que pudo acceder por sus facultades como integrante del Ministerio Público. Por esto mismo, quedó acusado como partícipe necesario de tentativa de extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de la ley de inteligencia.
Bidone “requirió a la empresa AMX Argentina SA (Claro) bajo un número de Investigación Penal Preparatoria el listado de comunicaciones entrantes y salientes de Traficante” y “que el resultado fue entregado a D´Alessio, con conocimiento de la maniobra ilícita en la que contribuiría e incumpliendo con los deberes propios del cargo” se detalla en el expediente.
Por su parte, el exespía Álvarez fue denunciado por las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y quedó acusado de fraguar un informe que usó Bidone para pedir los llamados del teléfono de Traficante.
Finalmente, otro exagente de inteligencia, Rolando Barreiro, fue ubicado como un imputado que participó “de manera activa en la extorsión misma y no como los antes nombrados que no habrían tenido contacto directo con Gabriel Traficante y sus allegados”.
