Mauricio Macri podría verse beneficiado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de la quiebra de Correo Argentino. Esto lo harían al transferir el caso a la Ciudad de Buenos Aires donde una justicia adicta al macrismo podría salvaguardar al expresidente. El fallo sobre el DNU que restringía las clases presenciales en CABA sirve como antecedente.
Los juristas del Gobierno nacional que siguieron las actuaciones del procurador del tesoro Carlos Zannini prestan atención en uno de los considerandos del fallo de la Corte que “habilitó” -aunque se había expresado sobre un DNU vencido por lo que la CABA entró en abierta rebeldía– a Horacio Rodríguez Larreta a abrir las escuelas aún cuando un decreto nacional lo prohibía, le otorgó atribuciones a la justicia local que podría servirle a Macri para que intervenga en la causa Correo.
El Tribunal Superior de Justicia porteño falló dos veces a favor de Socma, principal accionista de Correo Argentino SA, pero la Justicia nacional lo desconoció y siguió la instrucción hasta sentenciar la quiebra de la empresa, en juicio con el Estado desde 2001 por incumplimientos en la concesión del Correo.
El lunes la jueza Marta Cirulli declaró la quiebra de Correo Argentino SA tras dar por fracasado el proceso de salvataje y entender que la oferta realizada por la empresa del Grupo Macri “solo representaba el 100% de la deuda a los ojos de la propia empresa“, pero “no abarcaba el valor actual de la misma“.
Macri, en clara victimización, denunció una supuesta persecución contra sus hijos aún cuando ya le vendieron sus acciones al hermano Gianfranco. Zannini anunció que el Estado seguirá activo en la causa y pedirá la “extensión de la quiebra a Socma“, la firma emblema del Grupo Macri, para comprobar si sus accionistas tienen activos para responder.
“El síndico tiene que elaborar un informe con plazo para el 1 de noviembre de este año, y ahí aconsejar a la jueza (Cirulli) la extensión de la quiebra a Socma“, anunció y aclaró que no subestima a los abogados de Macri.
Aunque evitó mencionarlo, el camino que teme es el que pueda llevar a Macri a definir su futuro en el Tribunal de Justicia porteño, donde ya le mostraron fidelidad tres de los cinco miembros:
Marcela De Langhe; Santiago Otamendi, ex secretario de Justicia del gobierno de Macri; e Inés Weinberg, quien fuera candidata del expresidente de Cambiemos a la Procuración General de la Nación.
Los juristas del gobierno aseguran que Macri estuvo tan involucrado en la causa que hasta habría participado de gestiones privadas ante los magistrados, además de los aprietes públicos a la jueza Cirulli por Twitter.
La magistrada, recuerdan en el Gobierno, no tenía muchas intenciones de bloquear el acuerdo que Macri intentó cerrar con su empresa familiar cuando era presidente, que luego fue considerado “abusivo” por la fiscal Gabriela Boquín, en un dictamen que evitó que la causa quedara en el olvido.
Cuentan que fue el único caso en el que el ex presidente no logró frenar a su favor un litigio contra una empresa familiar en sus años de presidente. Los abogados del Ministerio de Transporte, por caso, habrían cerrado varios casos, siempre desconociendo los reclamos iniciados por gobiernos anteriores.
La Corte le envió un imperceptible mensaje favorable a Macri con el fallo a favor de Larreta. “En los considerados se jerarquiza el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, por lo que si llega a esa instancia puede ganar. Pero no va a pasar menos que un año”, advierten.
La cautela de Zannini se debe además a que el Poder Judicial siempre evitó actuar contra Macri y hasta hubo magistrados que hicieron carrera protegiéndolo como la camarista María Gómez Alonso de Díaz Cordero, quien rechazó los fallos de los jueces contra Socma.
Como premio, Macri designó a su hija Agustín Díaz Cordero como jueza civil en la ciudad y la mayoría peronista del Senado la votó en marzo de 2018. Eran las gestiones del por entonces jefe del PJ Miguel Ángel Pichetto que el entonces presidente valoraba.
Pero la otra protección judicial también llega a lo penal: el juez Ariel Lijo todavía no citó a Mauricio Macri y recién el viernes pasado pidió el listado oficial de accesos a la Casa Rosada de todos los involucrados en la trama de negociaciones previas.
“Hasta ahora sólo citó al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, cuando Macri dejó los dedos pegados en todos lados“, señalan. Es que la causa investiga la marcha atrás que dio el ex presidente en el acuerdo firmado con su empresa y rechazado por Boquín, que sólo puede justificarse en que estaba mal hecho.
Macri nunca lo entendió así y cedió recién cuando la presión pública no le dio opción, al inicio de un año electoral que terminó con un triunfo de Cambiemos en al mayoría de las provincias. No imaginaba que iniciaba, por primera vez, un camino judicial adverso.
