El gobierno de Mauricio Macri había solicitado ampliar los plazos para analizar la propuesta del Grupo Macri en relación a la deuda por el Correo Argentino. No obstante, la Corte Suprema exigió que se apure el expediente de la Causa Correo Argentino. El gobierno nacional deberá aceptar o rechazar la propuesta del Grupo Macri en los próximos días.
La prórroga había sido solicitada por el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, por 120 días. Era con el fin de analizar la oferta del Grupo Macri en relación al pago de los 300 millones de dólares adeudados al estado por el pago del canon del Correo Argentino.
Hace un mes, la Cámara Comercial había rechazado el pedido de prórroga de Savaria Frías. No obstante, le había otorgado un plazo extraordinario de 15 días para definir si aceptaba o rechazaba la propuesta del grupo económico presidencial. Además había habilitado que el caso pase a la Corte Suprema.
Cabe recordar que el plazo para analizar la oferta venció el 3 de septiembre de este año.
El tribunal supremo consideró que no existe un “caso federal” que habilite su intervención y que la Sala B de la Cámara Comercial no realizó un correcto análisis. En el fallo establecen que “si tal apelación -prima facie valorada-satisface todos los recaudos formales y sustanciales que condicionan su admisibilidad y, entre ellos, la presencia de una cuestión federal”.
En síntesis, el escrito de la Corte estableció que “se declara mal concedido el recurso. Devuélvanse las actuaciones al tribunal de grado para que se prosiga con su trámite”.
Por otra parte, la Cámara Federal había rechazado en agosto pasado un pedido para dar por concluida la investigación contra Oscar Aguad y otros funcionarios nacionales. La investigación busca establecer si el acuerdo al que había llegado el Estado con la familia Macri era contrario a los intereses del tesoro nacional.
Además, la justicia investiga también al presidente del Correo, Jaime Cibils Robirosa, el abogado de la firma, Jaime Kleidermacher, y a Juan Manuel Mocoroa, quien suscribió un acuerdo que licuaba la deuda del Grupo Macri.
El acuerdo fue denunciado en su momento por la fiscal del fuero comercial Gabriela Boquín. La fiscal aseguró que en caso de efectivizarse genería grandes pérdidas para el estado argentino. Según Boquín, el acuerdo suponía una quita de más del 98% del dinero adeudado por la familia del actual presidente.
