Coparticipación: Nación y la CABA se vuelven a reunir en la Corte Suprema

En el segundo capítulo de la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires volverán a disputar por el destino del 1,18% de coparticipación que la gestión porteña reclama en su favor.

Se trata de un monto que en septiembre pasado el presidente, Alberto Fernández, decidió destinar a la provincia de Buenos Aires, para solventar el aumento salarial de la Policía bonaerense ante el levantamiento de un sector de la fuerza.

Con ese panorama, el Gobierno porteño, con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, llevó la pulseada por la quita de ese porcentaje de su tajada de la coparticipación a la Corte Suprema de Justicia, que desde abril convoca a una audiencia de conciliación.

En ese marco, representantes del Gobierno nacional y de la administración porteña volverán a reunirse en la segunda parte de la audiencia judicial, y así retomar la discusión del 21 de abril pasado, que pasó a un cuarto intermedio.

En ese momento, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, dijo que la Corte era “incompetente” para resolver el litigio entre ambas jurisdicciones, que surgió tras la decisión del Presidente de reasignar el 1,18% del fondo de coparticipación.

Cabe destacar que a esa medida le siguió la sanción de una ley en el Congreso nacional ratificó que se destine el excedente de recursos que el expresidente Mauricio Macri le cedió a Rodríguez Larreta en el 2016 en materia de seguridad a la provincia.

Por eso, el encuentro de hoy será previo a la del jefe de Gobierno porteño con los ministros de Economía y del Interior, Martín Guzmán y Eduardo De Pedro, para acordar criterios sobre el traspaso de la Policía Federal a la Capital, el próximo martes 18.

“Vamos a la audiencia a informarle a la Corte sobre la reunión del 18 (de mayo) en el marco del espacio de diálogo abierto, pero mantenemos que la ley sancionada en el Congreso es inconstitucional”, indicaron ayer voceros de los funcionarios porteños.

Asimismo, en la reunión de abril, por el Estado Nacional participaron los letrados apoderados del Ministerio de Economía Sergio Acevedo, Ricardo Yamone y Guillermo Anderson.

En aquel encuentro, los abogados del Ministerio de Economía nacional manifestaron que por el artículo 2 de la Ley 27.606, que regula la transferencia del sistema de seguridad a la Ciudad, la administración porteña “debe avenirse a dialogar“.

Ese artículo prescribe que:

“El gasto anual que demande la transferencia realizada a la Ciudad en el marco del convenio aprobado por el artículo 1° de la presente, serán acordados en forma bilateral por el Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad”.

Por su parte, la postura de la gestión porteña es “promover una acción de amparo, plantear la inconstitucionalidad y solicitar una medida cautelar” en relación a la reducción del 3,5% al 2,32% del coeficiente total de la coparticipación de la Ciudad.

En ese contexto, la intención de la administración porteña en la audiencia es retrotraer el efecto de la quita en la coparticipación, que implica el descuento de $150 millones de coparticipación para pagar el aumento a la Policía bonaerense.

A pesar de haber recibido el monto en 2016 por decreto, la Ciudad indicó en su demanda que, “en tanto no se sancione una nueva Ley de Coparticipación tal cual lo exige la Constitución, el Estado Nacional no puede restar el porcentaje de coparticipación”.

Cabe remarcar que los montos de Nación destinados a la gestión porteña entre 2002 y 2015, por un acuerdo entre las partes, resultó en un coeficiente del 1,40% del total. A la vez, el decreto de Macri de 2016 infló ese porcentaje hasta el 3,75%.

Como en ese entonces hubo Gobernadores que reclamaron por el aumento en la coparticipación de la Ciudad, al administración nacional bajó el índice a 3,50%, valor que terminó en 2,32% en 2020 con la quita del 1,18% por parte de Fernández.

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