El gobierno de Alberto Fernández giró al Congreso el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que declara la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
La iniciativa además propone una “reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020”. Según explicó en rueda de prensa el ministro de Economía, Martín Guzmán, se traducirá en el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos por 180 días.
El proyecto de Ley lleva bajo el título III el nombre de “Sistema energético” y en su artículo 5 establece que las tarifas de electricidad y gas natural se mantendrán bajo jurisdicción federal, facultando al Poder Ejecutivo a iniciar un “proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario”.
Además en el artículo 6, habilita al Poder Ejecutivo a invervenir tanto al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) por el plazo de un año.
También se suspende el traspaso de la jurisdicción de las empresas Edenor y Edesur desde la órbita nacional al ámbito de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una medida impulsada por Mauricio Macri sobre el final de su mandato, rechazada por el gobernador Axel Kicillof en su discurso de asunción.
Durante la duración de la emergencia, el ENRE “mantendrá su competencia sobre el servicio público de distribución de energía eléctrica de las concesionarias Empresa Distribuidora Norte S.A. (Edenor) y Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur)”.
Además, Guzmán indicó que el sector energético sufrió “un enorme deterioro, se agravaron las situaciones, se afectó la situación de la gente y empresas”. En ese sentido, consideró que el proyecto enviado a la Cámara de Diputados es “un nuevo marco general e integral para discutir”.
Finalmente, explicó que se tomará un plazo máximo de 180 días “para cambiar el esquema tarifario que tengan un balance adecuado entre objetivo social, condiciones adecuadas para la producción y condiciones que fomenten la inversión en energía”. Durante ese plazo, indicó que “se mantiene la postergación de aumentos tarifarios”.
