La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes dictó una sentencia sin precedentes contra el Gobierno Nacional, estableciendo que deberá indemnizar a trabajadores correntinos que fueron dados de baja del programa Potenciar Trabajo bajo acusaciones que resultaron ser falsas.
El fallo unánime, firmado por los jueces Mirtha Sotelo, Selva Spessot y Luis González, revoca una sentencia anterior y condena al Estado Nacional a pagar cuatro meses del programa, con intereses, correspondientes al período de diciembre 2023 a marzo 2024, precisamente los meses de mayor inflación durante la gestión actual.
El abogado Juan Manuel Cubilla Podestá, quien llevó adelante la causa, señaló que “es la primera condena de fondo que reciben Javier Milei y Sandra Pettovello en todo el país”. La resolución beneficia inicialmente a ocho familias correntinas, aunque existen otras diez demandas pendientes que involucran a aproximadamente 100 personas más.
La Cámara determinó que el Gobierno utilizó “datos erróneos y/o falsos” para justificar las bajas, desmintiendo la acusación oficial de que los beneficiarios eran empleados públicos provinciales. Los afectados son, en realidad, trabajadores informales dedicados a diversos oficios como albañilería, carpintería, costura y servicios de limpieza.
El fallo, fundamentado en tratados internacionales de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece un importante precedente en la defensa del derecho a un nivel de vida adecuado y especialmente a la alimentación.
