La Procuración del Tesoro de la Nación sigue adelante con la investigación judicial sobre la responsabilidad penal de quienes impulsaron el préstamo del FMI del 2018, en la que están imputados Mauricio Macri, Luis Caputo, Federico Sturzennegger y Guido Sandleris por los delitos de violación a los deberes de funcionario público, malversación de fondos públicos y defraudación a la administración pública.
Guido Croxatto, director nacional del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE) de la Procuración se refirió a la deuda, los delitos financieros, la dependencia económica y la necesidad de fortalecer un Estado muchas veces indefenso ante los poderes fácticos.
En este sentido frente a la idea de que la denuncia judicial quedara obstaculizada por el acuerdo con el FMI que reconoce la legitimidad de la deuda, Croxatto expresó:
“Una cosa es mantener la estabilidad institucional y tratar de conservarla de la manera más ventajosa posible, logrando una negociación sobre el acuerdo del gobierno anterior que le devuelva cierta solvencia al gobierno argentino. Y otra distinta es que haya una causa penal, promovida desde el Ejecutivo por decreto, en la que se van a investigar los delitos vinculados al endeudamiento con el FMI. Son dos equipos de trabajo dentro de un mismo gobierno y un mismo tema, pero no son incompatibles las tareas que realizan”.
Asimismo fue consultado sobre si efectivamente la deuda consiste en delito, a lo que el director nacional del Cuerpo de Abogados del Estado, señaló:
“Para algunos, el acuerdo fue un fracaso. Otros dicen que no fue un fracaso, sino un delito. No son meros errores de cálculo o falla de diagnóstico, sino la implementación de una política que empuja a millones de personas a la pobreza. Eso debiera exigir responsabilidades concretas. Por el eso el Decreto 239 ordena instruir una causa, para tratar de develar las responsabilidades penales de los seis funcionarios que, sin pasar por el Congreso, endeudaron de una manera descomunal al país”.
Ante la posibilidad de que la causa no llegue a buen puerto, se mostró realista al indicar:
“Los antecedentes, lamentablemente, nos marcan que eso puede pasar. Por estos delitos económicos, los funcionarios responsables, que incluso tienen cuentas sin declarar en todas las guaridas fiscales del mundo, no son llamados a declarar nunca. No son imputados en ninguna causa concreta nunca. En cambio, a los que nacen en la marginalidad y se crían en la indigencia, se los señala como los grandes delincuentes de la Argentina. Esa es la discusión que hay que dar: hasta cuándo vamos a seguir criminalizando la pobreza y cuándo vamos a empezar a investigar los delitos económicos. Porque son éstos los que generan pobreza y subdesarrollo en el país”.
