El juez Julián Ercolini cerró otra de las causas iniciadas por el juez del lawfare Claudio Bonadio y dictó el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de ex funcionarios y de un centenar de empresarios acusados en un tramo del caso conocido como las Fotocopias de los Cuadernos del chófer Oscar Centeno.
Se trata del tramo relacionado con movimientos de fondos que en su momento fueron revelados por el financista Ernesto Clarens relacionados con la adjudicación de obras por la Dirección Nacional de Vialidad a empresarios.
El estropicio de Bonadio
El fallecido magistrado Bonadio dedujo que en todas la obra pública que se realizó entre 2003 y 2015 hubo coimas y por lo tanto procesó a empresarios y funcionarios considerando que, de acuerdo a la modalidad que se vislumbró en las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, existió cohecho y cartelización.
La base de la acusación no fueron hechos concretos sino un listado de obras de Vialidad Nacional. La Cámara Federal revocó aquellos procesamientos entre otras cosas porque había empresarios que dijeron que nunca pagaron nada o que ni siquiera estaban a cargo de las empresas en la época de cada obra. Por lo tanto, la Cámara dictó una falta de mérito, es decir que se debía seguir investigando.
Como Ercolini no consiguió nuevas pruebas, ahora terminó sobreseyendo a unos cien empresarios y a los funcionarios involucrados, empezando por Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y otros integrantes del gobierno del Frente Para la Victoria.
Lo ocurrido en este expediente sigue el modelo armado por Bonadio. Se partió de una hipótesis de relevancia: hubo empresarios que pagaron coimas -o aportes a las campañas electorales- haciéndole llegar el dinero al financista Ernesto Clarens y éste, supuestamente, le entregaba el dinero a José López, el funcionario que tiró los 9 millones de dólares en el convento de General Rodríguez.
A partir de los datos surgidos de las fotocopias de los cuadernos, Bonadio resolvió que la modalidad seguramente estuvo presente en todas las obras públicas, le pidió un listado a Vialidad Nacional y procesó a los empresarios y funcionarios públicos que habrían tenido que ver con la construcción de rutas.
Cuando fueron llamados a indagatoria, hubo empresarios que dijeron que nunca pagaron nada, otros que sostuvieron que ya no estaban en la empresa, otros que contestaron que no se ocupaban de las obras públicas, entre explicaciones de todo tipo. Es que la única base de la acusación fue el listado de Vialidad, no pruebas concretas.
Tres años más tarde, Ercolini puso fin a gran parte del expediente: “Considero que las nuevas probanzas incorporadas al sumario no arrojaron luz respecto de la intervención de los nombrados en los acontecimientos mencionados”.
A esa conclusión llegó el magistrado porque le pidió a la AFIP que le aportara elementos sobre esos pagos de supuestas coimas. El órgano recaudador no pudo recoger ninguna evidencia. Le pidió a Vialidad si podía agregar pruebas. Vialidad tampoco pudo aportar prueba alguna.
Se le encargó a la Gendarmería un peritaje sobre las computadoras y teléfonos de Clarens. Y se le asignó a la Policía Federal el análisis de las llamadas de todos los imputados. Tampoco surgió absolutamente nada de esos peritajes.
