En una resolución dividida, la Cámara Federal porteña hizo lugar al pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que había solicitado analizar los celulares de las asesoras del diputado PRO Gerardo Milman para determinar si existen mensajes que acrediten que el legislador tenía información sobre el atentado ocurrido el pasado 1 de septiembre.
Por una decisión dos votos a uno, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi concedieron un pedido de la querella de la vicepresidenta y ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti que analice los celulares de las asesoras del diputado, Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco.
Se tratan de las dos mujeres que estaban con Milman en el restaurante Casablanca cuando éste dijo la frase: “Cuando la maten, voy a estar en la Costa”.
Se peritarán comunicaciones desde el 1° de julio hasta el 1° de diciembre.
Las asesoras del ex funcionario macrista negaron la afirmación de un empleado del Congreso, quien aseguró haber escuchado a Milman decir la frase dos días antes del atentado.
La resolución no es un dato menor teniendo en cuenta que el peritaje sobre los celulares de las asesoras de Milman fue el eje de la disputa de la querella con la jueza Capuchetti.
La jueza desde un primer momento y con argumentos flojo de papeles rechazó secuestrar los teléfonos de las testigos y así evitar recolectar pruebas claves sobre los vínculos entre los atacantes y políticos opositores.
Desde entonces CFK insistió en apartar a la magistrada de la causa. Ahora, la Cámara porteña habilitó analizar los teléfonos.
En un primer momento se fijó un lapso limitado en torno al 30 de agosto, día del almuerzo en Casablanca. Pero la querella reclamó que sea desde el 1° de julio porque si Milman o sus colaboradoras sabían algo tuvieron que haberlo mencionado antes.
Marcos Aldazabal, uno de los abogados de Cristina, subrayó que no habrá una violación de la intimidad de las mujeres porque no se accederá a mensajes que no estén vinculados al foco de la investigación.
Recordó además que cuando las asesoras de Milman se presentaron a declarar mostraron contradicciones.
Una de ellas dijo que había borrado la información de su teléfono y la otra que cambió el equipo. No obstante, el material ya fue extraído de los móviles.
Bruglia y Bertuzzi argumentaron su voto positivo al decir:
“Luce razonable que se realice la búsqueda de la información contenida en los aparatos telefónicos secuestrados a Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, la cual habrá de circunscribirse a corroborar o descartar la existencia de cualquier mención a los dichos que, según el testigo, habría proferido Gerardo Milman en la jornada del 30 de agosto de 2022 y/o cualquier mención o texto que pueda vincularse al atentado”.
Y añadieron:
“En igual sentido consideramos fundamentada debidamente por la parte -en consideraciones de razonabilidad- la ampliación del lapso temporal propuesto, en virtud de lo cual concluiremos que el examen de dicha información debe realizarse entre el 1° de julio y el 1° de diciembre de 2022 -fecha en la que se aportaron los dispositivos en cuestión-; debiendo ser realizado, tal como lo ha sugerido la propia querella, bajo preciso control jurisdiccional y del Ministerio Público Fiscal y con restricción de absoluta reserva de toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”.
Llorens el encubridor
En disidencia, el juez Mariano Llorens rechazó el planteo de la querella.
“Existe un viejo principio que expresa que: todo puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando ello sea útil para corroborar una hipótesis criminal concreta y que se lo haga sin vulnerar garantías constitucionales. Resulta innegable que, dentro del procedimiento penal, junto a las pruebas directas, la de indicios constituye uno de los medios más eficaces para la búsqueda de la verdad que la justicia procura. Y sobre la base de este tipo de prueba es que se está trabajando en este proceso, en el límite mismo de una hipótesis anunciada por la Querella que -con los elementos hasta ahora recabados- aparece lejana”
Según señaló:
“En base a la prudencia e inteligencia que debe reinar en las resoluciones judiciales, le otorgamos a la parte quejosa una concesión para avanzar sobre la privacidad e intimidad de las dos testigos, teniendo como norte un periodo acotado a fin de no avasallar derechos supralegales. La intención era que, una vez obtenido el resultado, la querella lo analice, lo estudie, lo relacione con el resto de la prueba y presente sus conclusiones en función de la hipótesis en la que trabajan, aunque nada de ello ocurrió hasta el momento”.
A su criterio, la querella de CFK “no logró fundar adecuadamente la extensión solicitada, máxime, cuando en la propia audiencia ambos letrados advirtieron la inutilidad de la prueba pedida debido a su sospecha de que el contenido de un aparato telefónico habría sido borrado mientras que el otro habría sido cambiado por su usuaria. En ese contexto, los argumentos de la Querella de momento parecen abstractos y carentes de sentido objetivo”.
No es la primera vez que Llorens busca obstaculizar la investigación sobre el atentado contra CFK. El camarista federal firmó diversas resoluciones que pusieron palos en la rueda como la liberación de los miembros del grupo extremista Revolución Federal 8RF), los rechazos a los pedidos de recusación contra Capuchetti e incluso ordenar dividir las causas que investigan el atentado, a RF y el borrado del contenido del celular de Fernando Sabag Montiel, quien gatilló en el rostro de Cristina.
