El juez federal Walter Lara Correa rechazó una medida cautelar presentada por Cablevisión, una de las empresas del grupo Clarín, en el que exigían no ser considerados un servicio público. El magistrado falló que lo planteado por la firma no tiene fundamentado y que el decreto no reviste irregularidades legales.
Cablevisión presentó amparo luego de que el gobierno de Alberto Fernández declarara a la telefonía, internet y el servicio de cable como servicios esenciales.
Desde la empresa del Grupo Clarín argumentaron que la medida convirtió sus precios “fijados de un modo completamente libre y en competencia” en “precios regulados (tarifas); dispuso de la suspensión de todo aumento o modificación de los mismos hasta el 31/12/2020”.
Según señalan, se trataría de una “confiscación regulatoria de su derecho a fijar las condiciones comerciales y de prestación de sus servicios”, al tiempo que expresaron que la declaración de servicio público es inconstitucional porque viola su artículo 42 y “no hay ley que lo ampare”.
Desde el gobierno nacional respondieron que el decreto es plenamente constitucional, tanto por ser una norma de necesidad y urgencia, como en lo atinente al contenido del mismo y las regulaciones que efectiviza. También señalan que tiene un fin noble, que es el de posibilitar el acceso totalidad de los habitantes a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas.
El juez explicó que el poder ejecutivo dictó el Decreto Nº 690/20 tomando en consideración que “el derecho de acceso a internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión”.
Además, recordó que el decreto fue aprobado por la cámara de Senadores y que Cablevisión no mostró pruebas de la supuesta incidencia económica concreta que el congelamiento de precios, los aumentos fijados o el valor del Servicio Básico Obligatorio producen en su economía.
