El gobierno porteño emitió un comunicado donde esbozó un intento de explicación del escándalo desatado luego de que el juez Andrés Gallardo suspendiera el sistema de reconocimiento facial tras haber detectado el uso irregular de datos biométricos del Renaper de más de 7,5 millones de personas, ente quienes destacan políticos, periodistas y jueces.
El Gobierno porteño afirmó que el Sistema de Reconocimiento Facial “está destinado a la detección, verificación, identificación y detención de personas sobre las cuales exista una orden de captura por parte de la Justicia“.
Las autoridades de la CABA precisaron que el mencionado sistema “permitió identificar y poner a disposición de la Justicia a 1.695 personas que eran buscadas por asesinatos, robos, narcotráfico, o delitos sexuales, entre otros“.
Además, remarcaron que “los datos biométricos de las personas captadas por el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos no se graban, a excepción de aquellas alertas que son positivas“, al tiempo que aclararon que:
“Las consultas al RENAPER, realizadas desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, no son exclusivamente por contraste con el Sistema de Reconocimiento Facial” sino que “responden a una pluralidad de trámites habilitados por la Justicia y no representan ninguna irregularidad“.
En esa línea, sostuvieron:
“El Sistema de Reconocimiento Facial funciona solo con una base de datos que es pública y lo que hace es identificar ÚNICAMENTE a las personas que tienen un pedido de captura de la Justicia. Operaba en forma rotativa sobre 300 de las más de 10.000 cámaras dispuestas en todo el territorio porteño. En vía pública, y en subtes, por ejemplo”.
Este intento de explicación no logra resolver la duda sobre por qué aparecen cientos de registros sobre figuras como Cristina Fernández de Kirchner, referentes de Derechos Humanos y periodistas.
