Organizaciones sociales, políticas, sindicales y religiosas presentaron los resultados del Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle de la Ciudad de Buenos aires, que reveló que hay cerca de 12 mil personas sin casa en territorio porteño.
Este lunes se dieron a conocer los primeros datos del Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle de la Ciudad de Buenos Aires, que revelaron que hay 11.892 personas viviendo en las calles, cifra que incluye tanto a quienes fueron encuestados directamente como a aquellos alojados en los Centros de Integración Social del Gobierno porteño.
El relevamiento se llevó a cabo entre el 26 y el 28 de junio, con la participación de más de treinta organizaciones sociales, políticas, sindicales, religiosas y de derechos humanos, y se comunicaron a través de una conferencia de prensa realizada el 7 de julio a las 18 horas en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Carlos Calvo 2365).
Durante esos tres días, cientos de voluntarios recorrieron todos los barrios de la ciudad para documentar no solo la cantidad de personas en situación de calle, sino también sus condiciones de vida, acceso a salud, educación, trabajo y la efectividad de las políticas públicas implementadas.
Este censo busca visibilizar una realidad que el Gobierno de la Ciudad a cargo de Jorge Macri minimiza, ya que año tras año las cifras oficiales no reflejan la verdadera magnitud del problema. El dato triplica el arrojado por el Gobierno de Jorge Macri en su último relevamiento oficial, que fue de tan solo 4.049.
Los tres censos populares realizados hasta ahora (2017, 2019 y 2025) han arrojado números significativamente más altos que los reportados por las autoridades, lo que evidencia la falta de políticas públicas adecuadas y con presupuestos suficientes.
Además, se subrayó que la población en situación de calle sigue en aumento, impulsada por la crisis socioeconómica y el deterioro del sistema de salud impulsado por el Gobierno Nacional de Javier Milei, así como la pérdida de redes familiares y comunitarias.
Estos factores profundizan una problemática que requiere medidas urgentes y soluciones integrales, según indicaron desde las organizaciones, quienes lanzaron un listado de reclamos tanto al gobierno porteño como a la Nación.
“La calle no es un lugar para vivir y tampoco para morir”
Las organizaciones que impulsaron el censo exigen al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Estado nacional el estricto cumplimiento de la Ley 3.706, con un presupuesto acorde a la cantidad real de personas en situación de calle.
Además, reclaman que se garantice el acceso irrestricto a todos los dispositivos de alojamiento, ya sean públicos, conveniados o co-gestionados, así como la provisión de comida, refrigerios y mantas en la vía pública.
Entre las demandas, figura la jerarquización del decreto 690/06, que establece un subsidio habitacional, para convertirlo en una ley de asistencia integral que proteja no solo a quienes ya están en la calle, sino también a familias sin techo y personas en riesgo.
También piden la suspensión de desalojos por dos años en todo el país y la declaración de emergencia en situación de calle y adicciones en la Ciudad de Buenos Aires, con un aumento presupuestario y menos burocracia en los programas sociales.
Las organizaciones denuncian el uso de lenguaje estigmatizante por parte de funcionarios y fuerzas de seguridad hacia esta población y exigen el cese inmediato de la represión y la violencia institucional.
“Basta de persecución hacia quienes ya sufren la exclusión”, señalan, al tiempo que reclaman información sobre las frazadas almacenadas en depósitos del Ministerio de Capital Humano y su distribución urgente.
Otra exigencia central es la derogación del Decreto N° 373/25, que quitó al Gobierno nacional la aplicación de la Ley N° 27.654 (de atención integral a personas en situación de calle), y demandan que se retome su implementación con un presupuesto actualizado y distribución equitativa en todas las provincias.
Finalmente, piden que se realice un relevamiento anual federal, tal como lo establece la ley, con participación de organizaciones sociales y de derechos humanos, para tener datos reales y actualizados sobre esta problemática.
“La calle no es un lugar para vivir y tampoco para morir“, completa el documento.
