La Oficina Anticorrupción (OA) denunció a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional por compras realizadas en 2018 y con hasta 315% de sobreprecio, de ambulancias, municiones, chalecos antibalas y otros materiales, con el fin de ser utilizados durante la cumbre del G-20.
Como si fuera poco, la firma a la que la exministra macrista realizó la compra está vinculada con Graciela Ocaña, diputada nacional de Juntos por el Cambio.
Los ilícitos también alcanzan a otros funcionarios de la entonces cartera de Seguridad, como Alberto Fernando Fohrig, Martín Siracusa y Daniel Fihman, y su consumación se habría dado a través de unas 9 licitaciones que estaban destinadas a la compra de bienes para ser utilizados en la cumbra del G20 que tuvo lugar entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018.
A su vez, la denuncia surge de una investigación de la OA impulsada por una auditoría de la SIGEN (Sindicatura General de la Nación), que detectó que en las licitaciones se había aclarado expresamente que los bienes a comprar eran necesarios para el operativo que desplegarían las Fuerzas de Seguridad durante el evento internacional.
No obstante, los propios funcionarios de la cartera aceptaron que recibieron la entrega del material con posterioridad al 1 de diciembre y con el mentado sobreprecio que en algunos casos superó el 315% de su valor.
Desde modo, no pudieron ser utilizados con la finalidad señalada en la licitación ni los 5 camiones hidrantes, ni las 4 ambulancias, ni los 20 furgones, ni los 475 chalecos antibalas, ni los 900 uniformes ignífugos, ni los 2 scanners de vehículos, ni los sistemas de comunicación, equipos antiexplosivos y 120 pistolas tácticas. Este equipamiento tuvo un costo de “apenas” 9 millones de dólares.
En el caso de la licitación de equipos antiexplosivos se adquirieron a la empresa Everthron Marine Systems S.R.L, por más del 315% del precio testigo establecido por la SIGEN (Resolución RS-2018-59884329-APN-MSG firmada el 21 de noviembre de 2018).
También la compra de 475 chalecos antibalas a la firma ANTAAJ S.R.L fue irregular en tanto se pagó un sobreprecio del 30% respecto al valor real y como si fuera poco, fueron entregados recién más de dos meses después de concluido el evento.
En la denuncia de la OA también se refiere que “desde el año 2016 hasta el 2021 todas las compras de chalecos antibalas (se refiere a las llevadas a cabo por el ministerio de Seguridad) excepto la presente, se concretaron con Fabricaciones Militares S.E mediante un procedimiento interadministrativo. De modo que no puede descartarse que la selección de un proceso más burocrático como es la licitación pública, el que se llevó a cabo con las irregularidades reseñadas, respondiera a un intento de direccionamiento para favorecer a ANTAAJ S.R.L.”.
La denuncia cursa en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, a cargo de Luis Osvaldo Rodriguez, e interviene la Fiscalía Federal N° 10, a cargo de Paloma Ochoa.
Allí se destaca que los “beneficios” que obtuvo la adjudicataria ANTAAJ S.R.L. por parte de Patricia Bullrich y el resto de las autoridades del ministerio de Seguridad, podían responder al vínculo que poseía entonces el socio gerente de la firma, Alejandro Altoé, con la diputada Graciela Ocaña.
