Autoridades del Ministerio de Salud de la Nación mantuvieron una reunión con el Consejo Consultivo Honorario sobre la investigación médica y científica del uso de la planta de cannabis y sus derivados.
Durante el encuentro, las organizaciones y especialistas que integran el Consejo acercaron recomendaciones para mejorar la implementación de la ley sancionada en 2017, que sigue criminalizando el cultivo para consumo propio (autocultivo) así como el cultivo solidario.
Los principales puntos propuestos para una nueva ley de Cannabis Medicinal
El texto es por ahora poco más que un borrador, pero en él ya se delinean cambios fundamentales para garantizar el derecho constitucional del acceso a la salud. Además, se busca resguardar al usuario de cannabis medicinal de la lógica del mercado y propicia importantes líneas de investigación.
Autocultivo y cultivo solidario
Se busca crear un registro de cultivadores para amparar el derecho de las y los usuarios medicinales a tener sus plantas. Tambien se contempla la reclamada figura del “cultivador solidario”, persona que lo hace para proveer a un familiar u otra persona que no dispone de las facilidades para tener sus propias plantas.
Si bien aún no están definidos los requisitos y controles que se aplicarán a quienes se inscriban, en principio, podría inscribirse cualquier persona que cultive para sí o para otra persona, e incluso se permitirá la figura del cultivo asociado.
Esto resulta un importantísimo avance, en tanto la reglamentación vigente, sancionada durante el macrismo, no contempla la figura del autocultivo y del cultivo solidario. Sin mencionar que además restringe el acceso al cannabis medicinal a personas con epilepsia refractaria.
Comercialización en farmacias
A diferencia de la ley aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri, que limita el acceso al cannabis mediante la importación de Aceite de Charlotte, con la nueva legislación las y los usuarios podrán acceder a la marihuana medicinal comprando en farmacias remedios de industria nacional.
Investigación
Por otra parte, el Ministerio de Salud propiciará la creación de guías de asistencia, tratamiento y accesibilidad fundamentadas en evidencia científica disponible, una demanda fundamental de las y los profesionales de la salud
Además, se asistirá la investigación sobre cannabis y su uso terapeútico a través de CONICET, promoviendo también líneas de desarrollos en organismos de ciencia, técnica, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Se trata de uno de los reclamos de la Red de Cannabis de Consejo de investigaciones.
Además, se dará un paso importante para lograr mayor autonomía de las y los científicos, ya que cuando los proyectos se impulsen desde organismos de ciencia y técnica o universidades, y no requieran investigación clínica aplicada, no será necesario el visto bueno de la cartera nacional de Salud.
Se impulsarán líneas de investigación tanto clinica como básica y social, al tiempo que se posibilitará la articulación entre instituciones científicas, organismos píublicos, privados y organizaciones civiles.
El rol de las universidades
Finalmente, el borrador del proyecto de ley dota a las universidades de un rol central, aunque articuado con otros actores sociales.
Además, el borrador contempla que se impulsen convenios tanto con universidades públicas como privadas así como con organizaciones civiles, con el triple objetivo de desarrollar programas para el cuidado integral, mejorar la calidad de vida y concientizar sobre tanto beneficios como riesgos que conlleva el uso medicinal de la planta de marihuana y sus derivados.
Bahía Blanca: la recepción de REPROCANN
Consultados por El Ágora Digital, la Red de Profesionales para el estudio del Cannabis medicinal (REPROCANN), ONG de Bahía Blanca, manifestaron que la noticia genera gran expectativa, especialmente por las perspectivas a futuro que implicaría su implementación.
En este sentido, señalaron que permitirá la ampliación de derechos y el acceso integral a la salud por parte de numerosos pacientes, generando mayores oportunidades para quienes requieran del cannabis y/o sus derivados para el alivio de diferentes sintomatologías vinculadas a diversas condiciones de salud-enfermedad.
Entre los aspectos más relevantes destacaron no sólo la regulación de actividades de cultivo, cosecha, producción, elaboración, acopio, distribución y expendio de cannabis, sino también la reduccion del narcotráfico y el fomento del uso y consumo responsable con el objetivo de proteger la salud de las y los usuarios. También celebraron que permitirá aportar nuevas evidencias científicas a través de políticas públicas robustas.
En el caso específico del cultivo personal, calificaron de “superadora” la despenalización en cuanto a la tenencia, siembra o cultivo de plantas sin destino a la venta ilegal, y adelantaron que aportará mayores derechos a las personas usuarias sin que ello implique su encarcelamiento, persecución, estigmatización o sustracción de materiales destinados para su uso particular.
Sobre esto último, cabe destacar que Bahía Blanca es una de las ciudades donde el prohibicionismo y la criminalización de las y los usuarios medicinales de cannabis impacta de manera más fuerte en nuestro país.
