El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer a 92 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública, a través de un programa de gestión de residuos urbanos (GIRSU).
Se trata de una causa por la que ya estaban procesados Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, quienes eran los responsables políticos del manejo del programa.
Los procesamientos fueron dirigidos a intendentes y ex intendentes de ciudades de las provincias de Chaco, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe, Tucumán, Río Negro, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Misiones, La Pampa y Buenos Aires.
Según Bonadio, cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos. “Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentado”, sostuvo en su fallo.
De los 92 jefes comunales procesados, 32 pertenecen al PJ. Por ello, esta tarde, dirigentes del Justicialismo Bonaerense denunciaron ser blanco de una “extorsión” con fines electorales.
“Los carpetazos y las falsas denuncias públicas que carecen de sustento jurídico son un mecanismo que atenta contra la democracia y que está muy lejos de la premisa que prometió el propio Gobierno: consolidar una Justicia libre e independiente”, dice el comunicado difundido por el PJ de la Provincia.
Los y las dirigentes y militantes del @pjprovinciaba repudiamos las versiones de extorsión a intendentes peronistas como parte de una presunta estrategia electoral de Cambiemos.#PJ2019 pic.twitter.com/aQxKs5r6Kq
— Partido Justicialista de la Provincia de Bs As (@pjprovinciaba) 7 de febrero de 2019
Y agrega que: “Si Durán Barba ve que a Cambiemos no le dan los números, tendría que hacer una autocrítica y no apelar al engaño, como ya lo hizo en 2015 y 2017, para sotener un modelo que, justamente, es insostenible”.
