LLA tuvo que aceptar cambios para darle media sanción la reforma de Biocombustibles en el Senado en medio de los reclamos de las Pymes, que denuncian que el proyecto “desregula para unos pocos y deja a los demás fuera del mercado”. Entre las afectadas, estará la planta que opera en Bahía Blanca.
El Senado dio media sanción este jueves a la reforma de la ley de biocombustibles, luego de una negociación que se extendió hasta último momento y que obligó al oficialismo a ceder una porción mínima de mercado para las pequeñas y medianas empresas del sector, que venían reclamando no quedar afuera del esquema.
El proyecto, impulsado por la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue aprobado en general por 41 votos a favor y 25 en contra. Con la aprobación en la Cámara alta, el texto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde todavía no hay fecha ni cronograma definido para su tratamiento.
Se opuso el bloque Popular (el justicialismo de Unión por la Patria), con la excepción del tucumano Juan Manzur, además del radical bonaerense Maximiliano Abad y los dos senadores de Santa Cruz, Natalia Gadano y José Carambia.
El oficialismo consiguió el respaldo de sus aliados habituales: el PRO, la UCR y los bloques provinciales, que responden a los gobernadores de provincias productoras de bioetanol como Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca).
Una ley que concentra el mercado de biocombustibles
El nuevo régimen reemplaza al marco vigente desde 2021, cuya validez se extiende hasta 2030, y establece una vigencia de 15 años. Entre sus principales definiciones, eleva el corte obligatorio de biodiésel para el gasoil del 5% vigente a 7,5% en lo inmediato, con un nuevo incremento al 10% un año después de la sanción.
En el caso del bioetanol para naftas, mantiene el corte en 12% y lo lleva a 15% transcurrido un año de la promulgación, dividido en partes iguales entre el elaborado a partir de caña de azúcar y de maíz, mientras que el 3% restante queda abierto a otras materias primas habilitadas.
El punto más discutido fue la participación de las empresas no integradas (las pymes que no producen su propia materia prima y deben comprarla a las grandes aceiteras) dentro del cupo de biodiésel. Con la ley actual, esas firmas concentran la totalidad del 7,5% reservado.
El proyecto aprobado reduce esa porción de manera progresiva: 6,5% en 2028, 5,5% en 2029 y 5% en 2030. Para el tramo 2031-2036, el dictamen original preveía un piso de 3%, pero a último momento se modificó a 4%.
Desde 2032, el 7% del mercado podrá comercializarse “libremente” entre todas las firmas, integradas y no integradas. En rigor, esto significa que las pymes perderán mercado progresivamente a medida que el mercado se concentre en las empresas de mayor tamaño.
Uno de los cambios que tuvo que aceptar el oficialismo es el de incorporar una cláusula antimonopólica: ninguna empresa podrá superar el 10% del biodiésel comercializado, con un techo máximo de cincuenta mil toneladas anuales, y en el caso del bioetanol ninguna firma podrá exceder el 20% del volumen anual comercializado bajo el corte obligatorio.
Se endureció también la definición de “empresa no integrada”: deberá tener una capacidad no superior a las 50 mil toneladas anuales y no estar vinculada a compañías de mayor tamaño, un cambio pensado para evitar que grandes grupos se presenten como pymes.
Otro de los cambios centrales es la liberación de precios. El esquema actual se rige por una fórmula polinómica; el nuevo texto los fija en base a los valores de importación de biodiésel y bioetanol.
También se permite la importación de biocombustibles para mezclas por encima del corte obligatorio o ante faltantes de oferta, aunque lo destinado al cupo obligatorio deberá producirse en el país con materia prima nacional.
Mayans: “El pez más grande se va a comer al pez más chico”
Al cierre del debate, Patricia Bullrich sostuvo que la ley da “un salto concreto” en bioetanol sin trasladar el costo al consumidor, ya que el corte pasará del 12% al 15% “con el mismo precio que el combustible fósil”.
Sobre el reclamo de las pymes de biodiésel, afirmó: “No estamos diciéndole a una PyME que mañana se arregle sola, no es así, le estamos dando tiempo para competir en el mercado que viene, no la estamos dejando tirada”. Y agregó, pese a los reclamos del sector: “Esto es win-win, no hay perdedores”.
La senadora también aseguró que la liberación de precios es una medida a favor de los consumidores: “Un actor olvidado es el consumidor”, dijo, y sostuvo que el objetivo de fondo es avanzar “de un sistema basado en cupos, con precios discrecionales, a un mercado con reglas y transparencia”.
El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, fue el que planteó la crítica más dura durante el debate. Pidió postergar la votación del capítulo de biodiésel para seguir negociando y advirtió sobre la concentración del mercado en pocas manos:
“El pez más grande se va a comer al pez más chico. Nosotros no podemos permitir que eso pase. Nosotros queremos votar la parte de Bioetanol, donde hay acuerdo, pero no podemos votar la parte de Biodiesel por solidaridad con los sectores a los que le van a cerrar la empresa. Esto perjudica al 50% de los pequeños productores, los dejamos en manos de los grandes, que los van a reventar”.
Ya en el cierre, Mayans insistió en que la reforma no era necesaria: “Perdimos 30 mil PyMES en esta gestión, ¿hace falta perder más? Si la ley nuestra sigue funcionando, no veo por qué tanto apuro”.
Y remarcó su desacuerdo con el reparto final del cupo de biodiésel: “Nosotros no estamos de acuerdo con el 50% de esto, porque perjudica a los pequeños productores y quedan en manos de los grandes”. Otros senadores de bloques opositores también expresaron reparos.
El puntano Fernando Salino cuestionó el margen que la ley deja a la reglamentación y, tras el cambio de último momento que fijó el piso en 4% en lugar de 3%, señaló: “El empresario invirtió y este cambio lo deja fuera del mercado“. El radical bonaerense Maximiliano Abad, que votó en contra, resumió su posición con una frase breve: “Mi provincia perdió”.
El reclamo de las pymes a Javier Milei
Antes de la votación en el recinto, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), que nuclea a firmas de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, había enviado una carta al presidente Javier Milei para advertir sobre el impacto del proyecto tal como estaba redactado en el Senado.
En el texto, firmado por el director ejecutivo de la entidad, Federico Martelli, las pymes plantearon: “Escribimos porque el proyecto de ley de biocombustibles que impulsa su Gobierno, tal como fue dictaminado, amenaza con hacer desaparecer a nuestras empresas; y antes de que eso ocurra, entendemos que es nuestro deber agotar todas las vías del diálogo institucional para que ello no suceda”.
La cámara empresaria cuestionó además que la reforma se presente como una apertura de mercado: “el proyecto se presenta como una desregulación, pero no lo es. El proyecto segmenta, asigna cupos y fija precios de referencia. No elimina la regulación, la cambia de manos. Desregula para unos pocos y deja a los demás fuera del mercado”.
Y describió la situación de las plantas del interior frente a las grandes aceiteras integradas: “La pyme regional debe comprarle el insumo principal a su propio competidor, y encima soporta el flete al estar lejos del puerto. Poner a competir en igualdad a quién fabrica el insumo con quien debe comprárselo no es libre mercado: es una cancha inclinada”.
Como alternativa, CEPREB había propuesto fijar el corte total de biodiésel en 12,5%, dividido en tres franjas: 5% reservado para pymes ubicadas a más de 80 kilómetros del puerto de Rosario, 2,5% para plantas no integradas del cordón portuario y 5% abierto a las grandes aceiteras integradas. Esa propuesta no fue incorporada al texto finalmente aprobado.
Por su parte, el gobernador Axel Kicillof se reunió semanas antes del tratamiento con representantes de CEPREB, junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, para manifestar su rechazo al proyecto impulsado por Bullrich.
Del encuentro participaron referentes de plantas radicadas en Ramallo, Pilar, Junín, Daireaux, Bahía Blanca y Saladillo, entre ellos Juan Carlos Bojanich, de Biobahia (Grupo Bahía), empresa con sede en Bahía Blanca, junto a representantes de Aripar Cereales, Advanced Organic Materials y Agro M&G.
