La Cámara Federal porteña -integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah– decidió anular la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de aceptar como querellante a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa que investiga el ataque al Congreso y su despacho cuando se debatía en Diputados el acuerdo con el FMI.
Irurzun y Farah consideraron que Capuchetti no explicó en su decisión si había otorgado el rol de querellante al Senado, a la Presidencia del Senado o la propia CFK en lo personal.
El 21 de marzo, once días después del ataque al despacho de CFK, Graciana Peñafort, en carácter de Directora General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia del Senado de la Nación, se presento en el juzgado de Capuchetti para pedir ser querellante.
En el escrito se detalló que el 10 de marzo, se había registrado:
“Un violento ataque sobre el Congreso de la Nación, específicamente sobre las ventanas que dieran al despacho de la Presidencia del H. Senado de la Nación en el que, en aquel momento, se encontraban tanto la actual Vicepresidenta de la Nación, Cristina E. Fernández de Kirchner, la Senadora Anabel Fernández Sagasti, el Senador Oscar Parrilli y el Diputado Máximo Kirchner entre otros colaboradores”.
Horas después, la jueza Capuchetti aceptó a CFK como querellante, pero la defensa de los detenidos se opuso.
Con esa apelación, la Cámara Federal anulo la decisión de Capuchetti. La Sala II hizo notar que en la disposición de la Presidenta del Senado y en el poder especial otorgado para asumir el rol de querellante se invocó actuar en representación de Senado de la Nación, mientras que en el pedido concreto para asumir esa posición de acusador privado, la Directora de Asuntos Jurídicos del Senado invocó actuar en representación de la “Presidencia del Senado de la Nación”.
Una defensa apeló y esbozó un cuestionamiento a la potestad de la poderdante –la Presidenta del Senado del Congreso de la Nación- para asumir el rol en los términos en que lo pidió y obtuvo. Entre otros agravios, dijo:
“Respecto de los bienes de uso público afectados, estos serían, indudablemente, propiedad del Congreso de la Nación o más precisamente del Poder Legislativo Nacional no del Senado y, menos aún, de la Presidencia de la Cámara”.
