Son pocos los magnates que se resisten judicialmente a pagar el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Hasta hoy unos centenares contra más de diez mil individuos que sí cumplieron.
Esa minoría estridente “roba cámara”: se deja ver en los medios gráficos y electrónicos. No obstante la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya recaudó 230 mil millones de pesos. Va por más con altas perspectivas de conseguirlo.
Según datos propios de AFIP y del Ministerio de la Producción encabezan a los pleitistas dueños o gerentes de medios de difusión, del mundo de las finanzas y del agro.
Lógico porque son los sectores concentrados más opositores al Gobierno, los que más medraron durante la pandemia y los más insolidarios. Resulta más llamativa la presencia de industriales de otras ramas de actividad, tutelados por intensas políticas públicas.
Sin ser ilegal ofende éticamente que quieran zafar de su obligación legal empresarios riquísimos beneficiarios en 2020 y 2021 de suculentos beneficios del Estado: ATP, licencias automáticas, créditos a tasa subsidiada.
Alrededor de una buena cuarta parte de los litigantes lo es. Puesto de modo coloquial; luego de succionar la generosa teta del Estado corcovean a la hora de abonar un aporte por única vez para contrapesar la tragedia.
Los multimillonarios litigantes consiguieron pocas medidas cautelares para suspender los pagos: de momento se cuentan con los dedos de una mano. Los expedientes que figuran en los sitios web de los tribunales son alrededor de 400.
Cifra tentativa que seguramente se ampliará porque hay demandas no notificadas a la AFIP y por ende desconocidas por la repartición. Suelen ser amparos y pedidos de sentencias declarativas: los accionantes acostumbran a reclamar que se “reserven” los expedientes para impedir el acceso a quien no sea parte.
Con tanto activismo, hasta hoy solo prosperaron 4 medidas cautelares y fueron rechazadas 22.