El primo del expresidente Mauricio Macri, el empresario Ángelo Calcaterra, está citado para declarar en el juicio de las obras públicas viales de Santa Cruz, un caso emblemático del lawfare en Argentina, que tiene a Cristina Fernández de Kirchner como principal imputada.
Calcaterra fue el dueño de Iecsa, la empresa constructora del Grupo Macri, pero en 2007 supuestamente su padre, Franco, se la vendió a Ángelo en una operación cuya autenticidad está puesta en duda: no faltan quienes apuntan a Calcaterra como testaferro de los Macri.
Como fuera, la fiscalía del caso de las rutas del sur convocó a Calcaterra porque éste declaró como arrepentido en el expediente de las fotocopias de los Cuadernos: se ve que los fiscales tienen la expectativa de que diga que también pago coimas en Santa Cruz.
Sin embargo, Iecsa no intervino en ninguna licitación en esa provincia, salvo la más grande de todas, la de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner. Lo notable es que intervino en esa licitación en sociedad con Lázaro Báez, el empresario al que el macrismo usó de chivo expiatorio, acusándolo de una enorme cantidad de delitos.
Calcaterra declaró en 2016 como arrepentido ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio. El primo de Macri se presentó de forma espontánea después que el magistrado detuviera al CEO de Iecsa, Javier Sánchez Cavallero.
Por supuesto que el primo presidencial no había sido citado y tampoco corrió el riesgo, como todos los demás, de ir preso. En su declaración dijo que aportó dinero, sobre todo en 2013, porque había obras en las que tenía demorados los pagos. De todas maneras, Angelo ya estaba sospechado de pagar coimas relacionadas con una obra emblemática: el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en sociedad con la brasileña Odebrecht.
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso citaron a Calcaterra para este martes 19, día en el que también está convocado otro empresario de renombre: Eduardo Eurnekian, que no va a ir porque pidió postergación de la fecha: el viernes falleció su hermano. En su lugar fue citado Carlos Mion, titular de Equimac, pero habrá que ver si asiste a una convocatoria de última hora.
A primera vista parece difícil que Calcaterra aporte algo a la acusación encabezada por el fiscal Diego Luciani. Sucede que no participó de licitaciones en Santa Cruz, salvo las relacionadas con las represas.
En esa obra, Calcaterra estuvo en sociedad con Báez y un consorcio chino, pero perdieron a manos del grupo encabezado por Electroingeniería y otro grupo chino. Se trata de la obra más grande realizada fuera de China por una empresa del gigante asiático. Daría la impresión que a Calcaterra le costaría explicar que Báez tenía una conducta delictiva cuando, al mismo tiempo, se asoció con él en la licitación más importante.
Por ahora, el juicio ante el Tribunal Oral Federal 2 va dejando mal parada a la acusación. Y un ejemplo son las declaraciones de los empresarios de la construcción.
La semana pasada, el testigo fue Carlos Wagner, extitular de la Cámara de la Construcción. Sostuvo que nunca les llegó ninguna denuncia por irregularidades en las licitaciones de Santa Cruz y aseguró que era lógico que Lázaro Báez ganara la mayoría de las obras porque disponía, en la provincia, del personal y la maquinaria.
Wagner dijo que el traslado era muy costoso, que además se requería cierto know-how por las dificultades climáticas, razones que le daban ventajas competitivas a Báez. Justamente uno de los cuestionamientos es que Austral, la empresa de Báez, ganó 51 de las 81 licitaciones.
Se trata de un fenómeno que se repite en otras provincias: las empresas locales ganan la mayoría de las licitaciones porque están en condiciones de ofrecer mejores precios. Eso es todavía más razonable en Santa Cruz. Las empresas no quieren trasladar a sus empleados y maquinarias a 1800 kilómetros de sus sedes y a una zona donde el clima impide los trabajos varios días, semanas y meses del año.
La semana anterior había declarado Juan Chediak, dueño de Chediak Construcciones y también expresidente de la Cámara. El empresario también fue contundente: “nunca recibimos ninguna denuncia por irregularidades en Santa Cruz”.
También dijo que no hubo privilegios en los pagos y que podía suceder que en una misma empresa existieran obras en que los pagos estaban adelantados y en otras, los pagos estaban atrasados.
En el listado de empresarios, citados por Luciani y también por la defensa de Báez a cargo de Juan Villanueva, seguirían Enrique Esquenazi, el dueño de Petersen y quedará pendiente una nueva citación para Eduardo Eurnekian. Después se supone que seguirán todos los exjefes de Gabinete, lo que incluye al actual presidente de la Nación, Alberto Fernández y al actual titular de Diputados, Sergio Massa.
