El presidente Alberto Fernández se presentará personalmente esta martes en Comodoro Py para declarar como testigo en una causa emblemática del lawfare contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: la de la obra pública de Santa Cruz.
El mandatario tenía derecho a contestar las preguntas por escrito, pero optó por concurrir personalmente esta mañana –llegó pasadas las 9 y media-, lo que le da una fuerza adicional a su testimonio.
En realidad, en los casi tres años del juicio, a CFK casi ni se la mencionó, porque las obras se licitaron, adjudicaron y controlaron en la provincia sureña. Aún así es el expediente más importante porque, supuestamente, las irregularidades en las rutas de Santa Cruz fueron el origen de otras causas como Hotesur, Los Sauces y la búsqueda que se hizo de supuestas bóvedas y dinero enterrado en la Patagonia. En las audiencias del juicio, la acusación va naufragando cada día más.
La causa
El centro de la acusación es que, supuestamente, se le dieron demasiadas obras a la provincia de Santa Cruz y que, de los 81 tramos de rutas, 51 recayeron en empresas propiedad de Lázaro Báez. También se dijo que las obras no se hicieron o que se hicieron mal.
Estos últimos dos aspectos fueron descartados luego de una auditoría de Vialidad Nacional, cuando Mauricio Macri era presidente, y se determinó que entre lo pagado y lo construido había sólo un 0,01 % de diferencia, que las obras estaban bien hechas y que las demoras eran las habituales en todo el país.
Lo que queda ahora por definir es si CFK, quien no tenía buena relación con Báez, favoreció al constructor adjudicando más obras de las debidas a Santa Cruz y direccionándolas hacia Austral Construcciones o alguna de las empresas de Báez.
La declaración de Alberto Fernández es de importancia porque fue jefe de Gabinete de CFK. Hasta ahora ya declararon otros ocupantes de ese cargo, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y la semana próxima será el turno de Sergio Massa.
Todos los testimonios fueron pedidos por el abogado de Cristina, Carlos Alberto Beraldi, que por esa razón será el primero en preguntar. Luego preguntarán los otros defensores y también los fiscales de la causa Diego Luciani y Sergio Mola.
La importancia de las figuras de los mencionados es que los jefes de Gabinete son quienes firman las leyes de presupuesto y quienes también rubrican las transferencias de partidas que estaban destinadas originalmente a un ministerio y que se redireccionaron a otro. Los jefes de Gabinete son los administradores del presupuesto.
Pero lo central es que el presupuesto nacional lo vota el Congreso, de manera que la responsabilidad penal del mismo es de las dos cámaras (Diputados y Senadores), no del presidente. Y la ejecución también es controlada por el Congreso porque se aprueba lo que se llama “Cuenta de Inversión”, que es el visto bueno del Congreso a todo lo que ingresó y egresó del estado.
Además, hay un dictamen previo de la Auditoría General de la Nación, que aprobó lo hecho en cada uno de los años del gobierno del Frente Para la Victoria.
En la mayoría de las obras, todo el proceso se hizo en las provincias. Es decir que, en el caso de Santa Cruz, se licitaron en el Sur, se adjudicaron en el Sur y se controlaron en el Sur. El control de Vialidad Nacional, es decir de las autoridades nacionales, se hacía por muestreo o por denuncias.
Seguramente habrá una serie de preguntas al Presidente sobre la legalidad de todos los pasos. Por ejemplo, si hubo alguna anomalía en la elaboración del presupuesto. Lo mismo respecto de las reasignaciones de partidas. En la última audiencia se exhibió documentación que probaba, curiosamente, que a Santa Cruz se le sacaron partidas porque el invierno impidió avanzar en las obras y por lo tanto se redireccionaron a provincias del Litoral.
También se le preguntará si alguien pidió que se beneficiara a Báez o si vio indicios de existencia de una asociación ilícita en las obras del sur.
El argumento de Báez es que ganó las licitaciones porque tenía los trabajadores y las maquinarias en Santa Cruz, por lo que podía ofrecer valores más bajos por las obras, mientras que otras empresas tenían que trasladar a sus empleados y máquinas a 1.800 kilómetros.
Es probable que Alberto Fernández se salga del libreto, porque el juicio es una de las más claras expresiones de la persecución política contra el Kirchnerismo de la que el Presidente viene hablando desde que asumió. Todo parece indicar que el Presidente señalará el caso como un emblema del lawfare en Argentina.