En las próximas semanas, el ministro de Economía Martín Guzmán deberá reunirse con los ministros de Finanzas de las principales potencias para buscar su apoyo político para que el FMI le dé a la Argentina un nuevo préstamo con el que cancelar la deuda del crédito de Dujovne en plazos más largos. Al fin y al cabo, entre 2021 y 2024 el país no tiene forma de juntar los 45 mil millones de dólares que se le deben.
Las próximas reuniones del G-7, que este año preside Italia -y aun no se sabe si serán presenciales o por videoconferencia-, son la ocasión para que Guzmán explique a sus pares de otros países la situación que enfrenta y la necesidad de su respaldo en el directorio del FMI.
Por su parte, Alberto Fernández hace lo mismo con los primeros mandatarios. Así, ya ha tenido reuniones con Merkel y con Macron, con quien desarrolló un vínculo particularmente cercano, que se extiende más allá de las estrictas conversaciones protocolares. Macron podría resultar un primer aliado en el G-7, para la gira de Guzmán por Europa a mediados de mes.
Las personas con las que conversan para intentar llegar a un acuerdo con el FMI son las mismas con las que conversan para llegar a un acuerdo con el Club de París, al que a más tardar el mes que viene deberían pagarse 2.400 millones de dólares y que el gobierno no está en condiciones de honrar.
El diagnóstico del gobierno es que si se llega a un acuerdo con el FMI, entonces la prórroga del vencimiento con el Club de París será casi automática. En cambio, si las negociaciones con el Fondo se estancan, los términos de la negociación con las potencias europeas serán otros y las posibilidades más acotadas.
La dimensión geopolítica ya la puso de relieve Cristina Kirchner al pedirle públicamente a los Estados Unidos, que tienen el 16,5% de los votos en el FMI, tenga con el país “algún gestito político” y dé el OK para un crédito a más largo plazo y tasas más bajas con el Fondo.
Pero ese crédito no existe, el más extenso de la “góndola de préstamos” del FMI es el Servicio Ampliado del Fondo (SAF, o Extended Funds Facilities, EFF) que es a diez años.
Lo que sí es claro para el gobierno son dos cosas: primero que, aunque se llegue a un acuerdo con el FMI, el regreso a los mercados llevará tiempo y no será inmediato, por lo que el argumento del precio de los bonos no los apura a cerrar.
Y lo segundo es que la etapa técnica de la negociación pasó a un segundo plano desde el momento en que el staff sacó un comunicado con dos definiciones con corolario político, que la inflación es un “fenómeno multicausal“, lo que es otras palabras quiere decir que no le van a exigir al Banco Central una política monetaria muy contractiva -como ocurrió durante la gestión de Sandleris-, sino que se va a trabajar en la coordinación de expectativas para bajar la inflación y no solo en una suba de tasas, y se va a priorizar la “sostenibilidad de la recuperación económica“.
Lo que se traduce como que la reducción del déficit no va a ser la variable prioritaria de un nuevo programa con el FMI. Entre líneas de ambas definiciones se lee que el programa de Dujovne estuvo mal concebido desde el principio y que no van a insistir con el viejo recetario.
Así y todo, hay tres países que son definitorios en la posibilidad de llegar a un acuerdo sin las viejas recetas: Alemania, China y, más en particular, Estados Unidos, cuyo voto en el directorio del FMI pesa 16,5% y es crucial para alcanzar el 85% de aprobación que requiere un crédito con condicionamientos políticos como son las EFF, pero esta vez con un programa sin las condiciones de ajuste tradicionales.
Por lo pronto, con la llegada de los 4.350 millones de dólares de la emisión de Derechos Especiales de giro del FMI, la premura por cerrar es menor.
