El Senado de la Nación sancionó y convirtió en ley esta tarde la ley que busca proteger los ecosistemas de incendios, prohibiendo la venta de terrenos incendiados durante entre 30 y 60 años. De este modo, se desincentivan efectivamente prácticas especulativas relacionados a emprendimientos inmobiliarios. Desde Juntos por el Cambio recogieron el reclamo de la Mesa de Enlace y apuntaron directarmente contra Máximo Kirchner, autor de la iniciativa.
El proyecto de reforma de la Ley de Manejo de Fuego se aprobó con 41 votos de senadores del Frente de Todos, que superaron los 28 en contra del interbloque Juntos por el Cambio y la abstención del senador oficialista correntino, Carlos "Camau" Espínola.
Desde la oposición argumentaron que se trata de una norma "inconstitucional" y que "perjudica a los productores agropecuarios", ya que no podrán "disponer de sus tierras" en caso de que se produzca un incendio, sea o no intencional.
La miembro informante del oficialismo, senadora Ana Almirón, manifestó que "Argentina ardió en llamas literalmente" y recordó que 900 mil hectáreas tuvieron incendios en 22 provincias y que "más del 90 por ciento" de ellos "se dieron producto del accionar del hombre, intencional o por descuido".
"Es sumamente urgente" una ley en este sentido consideró, al tiempo que refutó las críticas de Cambiemos en relación a supuestas medidas contrarias a los productores agropecuarios.
"No podemos permitir que algunos vivos hagan negocios justamente con la afectación del medio ambiente" advirtió.
Por la oposición, fue la senadora PRO Gladys González quien expresó que "no se puede ser hipócrita y ser ambientalista", manifestando que la ley "mezcla todo" (ya que no no toma en cuenta si el incendio fue intencional o accidental).
González fue más lejos y criticó que cuando una "ley busca proteger todo en verdad no quiere proteger nada" y expresó que diputados "no se animaron a sugerirle modificaciones a quien por estas horas pareciera que va a ser su próximo candidato a presidente", en referencia a Máximo Kirchner.
"Está bueno ayudar a nuestro conductor a hacer buenas leyes, no está bueno decirle que si a todo lo que dice. Esta no es una buena ley porque va en contra del principio de no regresividad y establece plazos para proteger tierras que ya están protegidas a perpetuidad".
Por su parte, la cordobesa Laura Rodríguez Machado, de Juntos por el Cambio, opinó que la iniciativa "es cero federal" e "inconstitucional" porque "el derecho de propiedad privada".
El exproductor y exdirigente rural, Alfredo De Angeli, también del macrismo, intentó hacer volver la propuesta a comisión pero su iniciativa fue rápidamente rechazada en una votación.
"Esto no resuelve el problema de los incendios, para eso hay que hacer políticas de prevención, de control y de manejo. Están estigmatizando a los productores", manifestó luego.
La aprobación de la norma establece modificaciones en la ley 26.815, de Manejo del Fuego, disponiendo la prohibición desde la extinción de incendios a realizar modificaciones de uso y destino de los terrenos afectados, o cualquier emprendimiento inmobiliario.
Concretamente, en el artículo 22 bis se dispone que:
"En caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, se prohíbe por 60 años desde su extinción modificar en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio".
La ley reduce las restricciones a 30 años en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural.
Durante el tratamiento de la normativa, Juntos por el Cambio siguió la línea propuesta por la Mesa de Enlace, desde donde habían manifestado que "pone en riesgo la actividad productiva agrícola-ganadera en todo el país" e impone "restricciones que afectan gravemente el derecho de propiedad".
En la misma sintonía, el periódico liberal La Nación había publicado un artículo que llevaba por título "Ignorantes": la reacción de productores del norte por un proyecto de Máximo Kirchner, algo que evidenció el malestar del establishment por la consolidación política del jefe de bloque de Diputados oficialistas.