En medio de la polémica, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández confirmó que el gobierno nacional compró en octubre pistolas Taser para ser usadas por fuerzas federales. Además, cediendo a los reclamos del macrismo, adelantó que "seguramente" aprobarán la adquisición de las armas eléctricas por parte del gobierno porteño.
La semana pasada, tras el asesinato de una policía porteña en la estación Retiro del subte C, el cuestionado ministro de licencia Marcelo D’Alessandro aseguró que el hecho se podría haber evitado con la utilización de una Taser, lo que revivió la polémica por el uso de estas armas que incluso tuvo su capítulo en la interna del PRO.
D'Alessandro había resaltado que el gobierno de CABA había comprado 60 pistolas en 2020, pero que aún no tenían el permiso para importarlas.
“Nosotros ya compramos las pistolas Taser en octubre. Esto nos permite que los grupos de élite empiecen a entrenar. Todavía no sabemos cuándo; no las tenemos todavía. Hay que terminar el proceso, pero no estamos muy lejos”, explicó el funcionario declaraciones a Radio 10.
El ministro del riñón más cercano al presidente Alberto Fernández aclaró que las pistolas no están disponibles aún por estar en el proceso final de licitación.
“Las compré en octubre. Iniciamos una licitación, se presentaron diferentes oferentes y uno que en su momento se había presentado como vendedor del Estado en la época macrista nos tomó un pago que se había hecho en aquel momento y eso nos baja considerablemente el costo, ahora falta terminar el proceso”, explicó Fernández al ingresar a su oficina.
Se trata de 100 dispositivos modelo T7, con su correspondiente Kit AB3, accesorios, cartuchería y licencias, por un monto total de 293.490 dólares, que serán adquiridos por contratación directa, a través de la firma Axon Enterprise INC., según se puede leer en la resolución publicada en el Boletín Oficial el 4 de enero pasado sobre el proceso de compra que se inició en octubre de 2022 y aún no finalizó.
La compra se materializó por contratación directa con una empresa que tomó en parte de pago un lote de ese tipo de armas electrónicas que había sido adquirido en el 2019 por la entonces ministra Patricia Bullrich y que había quedado en desuso por tratarse de pistolas de un solo cartucho, que no cuentan con emisión de advertencia ni cámaras incorporadas.
La decisión del Ministerio de Seguridad -conocida recién ayer- generó sorpresa porque existe una polémica abierta con la Capital Federal, que argumenta que el Estado Nacional no le permite ingresar al país 60 pistolas similares.
Esta mañana, Fernández fue consultado sobre qué sucederá con la habilitación pendiente para que la administración de Horacio Rodríguez Larreta incorpore el armamento. “Seguramente sí (los vamos a habilitar), pero no soy yo quien debe hacerlo”, contestó.
Efectivamente, el trámite depende de otra órbita que se encuentra bajo la conducción política del ministro de Justicia, Martín Soria.
En 2020 la administración larretista había tramitado una autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) para comprar 60 pistolas.
Ramiro Urristi, el funcionario que firmó la habilitación, fue removido del cargo a los pocos días de haber consentido el acto administrativo y la nueva conducción del organismo que depende del ministro Soria nunca permitió el ingreso del cargamento al país.
La Ciudad pretende destrabar la cuestión por la vía judicial, con un amparo que fue presentado en octubre del año pasado. Recientemente, la Justicia le ordenó al gobierno nacional que resuelva en un mes si acepta la importación de estas pistolas.
En Argentina, las Taser se regulan y controlan por la Ley de Armas y Explosivos de 1975 (20.429) y los Decretos 395/1975 y 1039/1989.
La polémica por las Taser
La compra de las Taser y el visto bueno para que CABA también las compre completan un nuevo capítulo de las repetidas ocasiones en que Aníbal Fernández se desmarca del sector mayoritario del FdT, el kirchnerismo, desde donde se oponen al uso de estas armas eléctricas por su potencial letalidad y su uso como instrumento de tortura.
Una pistola Taser es un tipo de arma electrochoque que dispara un par de dardos conectados a la pistola por medio de cables conductores. Cuando los dardos se clavan en la piel de una persona, la pistola envía una descarga eléctrica de alta frecuencia y baja intensidad de 400 volts que interrumpe temporalmente el sistema neuromuscular de la persona, provocando un intenso dolor y la pérdida de control muscular.
Según el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) constituyen "una forma de tortura y en algunos casos pueden causar la muerte".
Las pistolas Taser se utilizan principalmente por fuerzas de seguridad y agencias policiales como una alternativa no letal a las armas de fuego. Se considera que son una herramienta efectiva para controlar a personas que se resisten al arresto o que representan una amenaza para la seguridad pública, al mismo tiempo que reducen el riesgo de causar lesiones graves o la muerte.
Sin embargo, las pistolas Taser también son controvertidas debido a su potencial para causar lesiones graves o incluso la muerte, especialmente cuando se utilizan de manera inadecuada o excesiva.
Ha habido casos documentados en los que las descargas eléctricas de una pistola Taser han sido responsables de lesiones graves o la muerte, especialmente en personas con ciertas condiciones médicas preexistentes o en aquellos que reciben múltiples descargas.
En Estados Unidos, donde su uso está regulado -igual que en Argentina- existen numerosas denuncias de uso indebido, excesivo e indiscriminado de parte de la Policía contra la comunidad afro-americana, en lo que consideran un "abuso sistemático".
Además, en nuestro país persiste la memoria histórica del uso de armas de electrochoque en los centros clandestino de detención del último gobierno dictatorial, donde la picana eléctrica constituyó un método sistemático de tortura que llevó a miles de compatriotas a la muerte.
De hecho, en mayo del 2019, el bloque de diputados Unidad Ciudadana - FPV-PJ presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para prohibirlas en el territorio provincial.
El proyecto impulsado por Susana González, legisladora de Ensenada, y firmado por los legisladores Avelino Zurro, Florencia Saintout, Lucía Portos, Lauro Grande, Facundo Tignanelli, Santiago Révora, Mariana Larroque, Gabriel Godoy y Juan Debandi, sostenía que las Taser podrían ser utilizadas como elementos de tortura:
"Resulta imposible olvidar que la Argentina vivió una de las etapas más oscuras de la historia, donde el uso de la electricidad como elemento de tortura por parte de las fuerzas de seguridad produjo la muerte de miles de argentinos y argentinas que lucharon por sus derechos, los nuestros y el retorno a la democracia", dijo González en su momento.
"Estamos convencidos que en democracia las fuerzas de seguridad deben estar sujetas a un férreo control ciudadano en materia de políticas represivas y coactivas, en virtud que las mismas detentan el monopolio de la fuerza", sostuvo.
Y agregó:
"El hecho de dotar a las mismas de elementos de represión altamente peligrosos, en un país y en una provincia donde acabadamente se han demostrado los excesos de la fuerza policial (tormentos y las torturas entre otros), nos permiten inferir que las pistolas Taser lejos de ser utilizadas como un elemento de disuasión, pueden constituir la legalización de la herramienta perfecta para consolidar los excesos sin rastros visibles".
Por el momento, las pistolas compradas por Aníbal serán destinadas a los grupos especializados de cada fuerza federal, como el Albatros de Prefectura, el Alacrán de Gendarmería, los Grupos Tácticos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las Unidades tácticas de Intervención Federal y el GEOF de la Policía Federal Argentina.
Para el uso de estas armas, los agentes deben cumplir con el "protocolo de Actuación para la utilización de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea (D.E.I.M.) de baja letalidad", vigente desde la gestión de la antecesora de Aníbal Fernández, Sabina Frederic.