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lunes, marzo 4, 2024

El amanecer azul

Este lunes 3, la UNS entregará los primeros legajos reparados de víctimas del terrorismo de Estado en la institución. El Ágora anticipa las historias de vida y militancia de los nueve nombres que incluirá un acto hasta ahora inédito en la ciudad y la región.

Para que llegue pronto ese amanecer azul en que ya se hayan ido todos los corrompidos y quedemos los hombres para construir el mundo.

Si el presente de la segunda mitad de los 70 era –en el profético decir de Marcelo Gelman- de tonalidades negras y rojas, plenas de oscuridad y sangre, el amanecer que soñaba Daniel Bombara se dejaba colorear con otras pinceladas.

Azul. Así imaginaba este poeta, militante y trabajador universitario a los nuevos tiempos que algún día llegarían en forma de alba a estrenar. Azules serán las letras que, en uno de los muros del edificio del Rectorado de la Universidad Nacional del Sur (UNS), en Bahía Blanca, recordarán a hombres y mujeres que apostaron por el día en que se hayan ido los corrompidos que por entonces transitaban esos pasillos.

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El Memorial será inaugurado este lunes 3, a las 18, durante el acto por el Día de los Derechos Humanos en la UNS. Unas horas antes se habrán cumplido 48 años del crimen del militante estudiantil comunista David “Watu” Cilleruelo, asesinado en los pasillos del complejo de avenida Alem 1253 por una patota de la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina que respondía al rector de entonces, Remus Tetu.

Este año, la conmemoración incluirá la entrega de los primeros nueve legajos reparados de personal de la UNS que resultó víctima del terrorismo de Estado. Como ya informó esta columna, forma parte de una política institucional que el Consejo Superior aprobó por unanimidad en 2022. Hoy, El Ágora acerca las historias de vida y militancia de aquellos trabajadores cuyas memorias serán reparadas cuando se oficialice la inclusión en sus registros laborales de las verdaderas causales del cese en sus funciones.

En contexto

Nutrido por los aportes del Núcleo de estudios Historia Reciente, el Archivo de la Memoria y la Subsecretaría de Derechos Humanos, el trabajo recién comienza. Decenas de legajos esperan ser relevados y reparados. Por eso es que Claudio Gallegos, titular de la Subsecretaría, estima que antes de fin de este 2023 se organizará otro encuentro como el del lunes 3.

Para Gallegos, “más allá de la trascendencia que este primer acto tiene dentro de nuestra propia Universidad, también busca acompañar el fortalecimiento de las democracias de nuestro país y de la Patria Grande”. En tal sentido, resaltó que este tipo de eventos adquieren particular relevancia en momentos en que la soberanía popular se ve amenazada y citó el ejemplo nacional del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández y, en lo local, el atentado con explosivos en un local del Frente de Todos y la pegatina de afiches negacionistas sobre otro del Partido de Trabajadores Socialistas.

La vicerrectora Andrea Castellano, graduada y primera mujer decana del Departamento de Economía, recordó que la unidad académica había sido cerrada por Tetu y que muchas de las víctimas universitarias del terrorismo de Estado estudiaban o habían estudiado sus carreras, además de quienes debieron alejarse para, en no pocas ocasiones, nunca volver.

“Esta instancia de reparación de legajos es una muestra más del compromiso de la UNS con la Memoria, la Verdad y la Justicia. Quiero destacar especialmente el trabajo de reconstrucción histórica que hicieron los equipos técnicos que desde hace tiempo vienen llevando adelante este proyecto”, añadió.

Silvina Jensen, investigadora y docente de Humanidades, sumó su recorrido y experiencia desde los tiempos en que se acercó al fiscal Hugo Cañón para acompañar el Juicio por la Verdad que habían impulsado las APDH de Bahía Blanca y Neuquén. Reconocida a nivel internacional por sus estudios sobre exilios, Jensen transitó sus tres décadas como docente de la UNS entusiasmando y formando a un grupo creciente de jóvenes en una Bahía Blanca que, recuerda, “todavía se parecía más a la de la dictadura que a la actual”. Hoy, ellas y ellos han construido sus propios caminos en la materia y, de hecho, en muchos casos sumaron su pericia a este trabajo de reparación. Como antecedente inmediato, Jensen participó del relevamiento realizado sobre registros laborales del CONICET.

Un primer gran paso

El acto no será solo iniciático en la UNS, sino en la ciudad y su región. Desde 2012 existe una normativa que ordena a la Administración Pública Nacional reparar legajos de sus trabajadores y trabajadoras que sufrieron persecución política. En 2021, una ley lo extendió a las empresas del sector privado. En el ámbito provincial, dos resoluciones que la Secretaría de Derechos Humanos emitió entre 2007 y 2009 recomendaron a las dependencias del Estado bonaerense y a los 135 municipios de su territorio obrar en igual sentido.

En el sudoeste provincial, además de las decenas de casos que abordará la UNS, quedan todavía pendientes las reparaciones de legajos de víctimas que se desempeñaban en la Municipalidad de Bahía Blanca, el Servicio Penitenciario, el Banco Provincia y empresas privadas como el multimedios que controla el diario La Nueva Provincia. Los registros laborales de sus obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola podrán ser un caso testigo: cuando se asiente allí que dejaron de trabajar cuando fueron secuestrados y asesinados, el dato convivirá con las huellas que en la documentación haya dejado la militancia sindical que disparó contra ellos la persecución.

Si la tarea de investigación se extiende por todo el entramado público y privado del país, también será posible detectar vínculos laborales desconocidos u olvidados de víctimas del plan criminal. La reciente reparación para con el personal de los Ferrocarriles Argentinos incluyó casi medio centenar de nombres. Uno de ellos era el de Heldy Rubén Santucho, padre de la militante de la regional bahiense de H.I.J.O.S. Alejandra Santucho y obrero del riel a sus 19 años: fue cesanteado a poco de ingresar, en 1955, por su condición de peronista. Veinte años después, cuando militaba en Montoneros, fue asesinado en La Plata.

El caso ejemplifica que la recuperación documental no es únicamente una reparación individual o familiar, sino que permite leer décadas de historia colectiva. Alejandra, su hija, explicó que este tipo de actos de reparación ofrecen la oportunidad de “armar nada menos que el rompecabezas de nuestras vidas, porque resulta asombroso cómo uno cree que ya tiene todo y de pronto surgen cosas de las que no tenía idea”. A su vez, recordó que la base sobre la que se han cimentado estas acciones puede encontrarse en “las políticas iniciadas en 2003 y desarrolladas, específicamente, dentro de los gobiernos kirchneristas, cuando pudo avanzarse pasos agigantados”.

En el ámbito universitario cercano a la región, también la Universidad Nacional del Comahue ha comenzado un sendero similar, que el lunes 27 se cristalizó en un acto como el que la UNS vivirá una semana después. Ambas instituciones están estrechamente vinculadas. Por su origen, los académicos y las académicas en común y por el terrorismo de Estado: ambas padecieron en simultáneo a Remus Tetu como rector y, después del 24 de marzo de 1976, se incluyeron bajo la órbita de la zona V del Ejército en el organigrama de la represión clandestina.

Las nueve historias

  • Cuando la crueldad rompió su madrugada, Chiclana al 600 y octubre de 1976, habían pasado varios meses desde la cesantía de Carlos Rivera como docente en la UNS. Los torturadores del Centro Clandestino de Detención “La Escuelita” no le permitieron siquiera tratar su asma y, tras su cumpleaños 31, lo asesinaron a sangre fría. El juez Guillermo Madueño abrazó la versión oficial, que narraba un enfrentamiento inverosímil, y ordenó sepultar el cuerpo como NN. Recién en 1987 pudo identificarse, cuando la Cámara Federal bahiense –que ese año ingresaría en la poco nutrida historia de la dignidad judicial- convocó para ello al Equipo Argentino de Antropología Forense.
  • Los cuerpos de los ingenieros Juan Carlos Prádanos y Daniel Riganti fueron hallados en el mismo punto de la inagotable pampa, un paraje mediterráneo de nombre marítimo: Gaviotas. Ambos habían sido secuestrados y acribillados cuando faltaban tres días para el 24 de marzo de 1976. Docente de la UNS, Prádanos tuvo hasta 1974 como lugar de funciones a la Estación Experimental Regional Agropecuaria Alto Valle del INTA, a partir de un convenio entre ambas instituciones. Riganti trabajaba en una empresa llamada PROA. El legajo de Prádanos incluye una anotación a mano: “se tuvo conocimiento de su muerte el 12-4-77”, día en que sus familiares y los de Riganti pudieron dar con los restos, tras recibir indicios anónimos.

  • Manuel Tarchitzky, docente de la UNS graduado en el prestigioso Instituto Balseiro, fue una de las cuatro víctimas del hecho conocido como la “Masacre de la calle Catriel”. Había sido secuestrado el 20 de julio de ese año. En la madrugada del 5 de septiembre, el Ejército lo asesinó junto a Zulma Matzkin, Juan Carlos Castillo y Pablo Fornasari, en Catriel al 300. Al día siguiente, La Nueva Provincia tituló: “Otra eficaz acción del Ejército. Cuatro extremistas fueron abatidos en nuestra ciudad”.
  • Roberto Garbiero se había alejado de Montoneros tras la ruptura de esa organización con Juan Domingo Perón. Concentró entonces sus esfuerzos en la acción sindical y para comienzos de 1976 integraba la conducción de la ATUNS. En agosto fue secuestrado de su casa de 19 de Mayo al 500. La puesta en escena, cuidadosamente calculada, procuró adjudicar el rapto a Montoneros. Pero el gran operativo realizado, que involucró a cinco vehículos, resultaba a todas luces imposible para esa organización en la Bahía Blanca de 1976. El destino de Garbiero se desconoce hasta hoy.
  • Hasta que el interventor Tetu comenzó su persecución, Arturo Rosés fue estudiante y trabajador no docente de la UNS, doble condición que conjugaba con su militancia en la Juventud Universitaria Peronista y Montoneros. En las primeras horas de abril de 1977 fue secuestrado en Buenos Aires. Desde entonces, permanece desaparecido.
  • Ya desde la segunda mitad de la década del 60 el legajo de Néstor del Río consigna “severos apercibimientos” por participar en medidas de fuerza sindicales. En la década siguiente, participó de la conducción de la Asociación de Trabajadores de la UNS (ATUNS) y de Acción Católica. El rector Tetu lo cesanteó en abril de 1975. Días más tarde, la presión sindical lo obligó a revisar la medida y del Río fue reincorporado, aunque no en sus mismas funciones. Pocos días antes del golpe cívico militar de Estado, una patota intentó secuestrarlo. La acción despertó a los vecinos, lo que frustró el rapto. Del Río fue internado en grave estado. Los criminales completaron su tarea irrumpiendo en la sala del Hospital Municipal en que se encontraba internado.

  • Gabriel Prado también fue parte del grupo de no docentes que Tetu cesanteó y, por insistencia sindical, reincorporó en 1975. Sin embargo, su caso acerca una curiosidad: la resolución 280/75 indica que el 28 de abril se le aceptó la renuncia, retroactiva al 7 de ese mes. Militante del Peronismo de Base, Prado sufrió dos secuestros entre 1976 y 1977. El primero fue en Bahía Blanca. El segundo, en Mar del Plata. Permanece desaparecido desde entonces.
  • El mismo día en que sus matones asesinaron a Watu, el rector Tetu dispuso la “limitación de servicios” de un grupo de docentes entre los que se encontraba Daniel Bombara, profesor de Psicología y militante del catolicismo tercermundista en la Juventud Peronista. Horas después fue cesanteado también en su condición de no docente, en la resolución que también incluyó a Prado, del Río, Rosés y otras 49 personas de la planta. Ante el reclamo de la ATUNS, en la que Bombara había tenía activa participación, el interventor reincorporó a parte de los 21 cesanteados. Sus legajos aún atestiguan que les reprochó “fallas de comportamiento” enmarcadas en lo que definía como “atropellos de la subversión”. El 29 de diciembre de ese año, Bombara fue víctima de un secuestro que derivó en las torturas que le produjeron la muerte. Su cuerpo estuvo desaparecido hasta 2009. Su apellido reclamó justicia desde la burocrática carátula de la primera causa por delitos de lesa humanidad que llegó a juicio. Se tituló Bayón, Juan Manuel y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Bombara, Daniel José y otros en área operacional Cuerpo Ejército V. El debate oral de se desarrolló, íntegro, en el Aula Magna de la UNS de avenida Colón 80, en Bahía Blanca. El recinto contiguo al muro que desde este lunes recordará a ausentes muy Presentes. Ahora, y siempre. En letras azules. Aquel amanecer tan esperado de algún modo llegó.

 

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