La exprocuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó acusó al expresidente Mauricio Macri de haber usado "el aparato del Estado ilegalmente" para ejercer sobre ella “violencia con fines privados, personales, del expresidente".
“Fue una persecución en mi contra encabezada por Mauricio Macri y un coro de funcionarios que pedían mi renuncia aun cuando no había asumido la Presidencia. Hubo una secuencia organizada para que me fuera. Como yo era una funcionaria de carrera y no iba a ser fácil sacarme, usaron dos estrategias: una judicial y una institucional”, declaró la exprocuradora Alejandra Gils Carbó.
La declaración fue ante el fiscal Franco Picardi, que la había citado como testigo en la causa donde se investiga a la mesa judicial del macrismo.
Gils Carbó dijo en forma taxativa que sobre ella se ejerció “violencia privada estatizada porque se trató de una violencia con fines privados, particulares, personales, del expresidente Macri, que utilizó el aparato del Estado ilegalmente para llevarla a cabo”.
Antes de asumir al frente de la Procuración, explicó, “yo era una fiscal especializada en fraudes económicos, en particular los realizados con sociedades off shore” y “frustré un intento suyo de crear una Inspección General de Justicia en la Ciudad de Buenos Aires”, que era el equivalente a convertirla en un paraíso fiscal.
“Pero además con el escándalo de los Panamá Papers, surgió que él era titular de sociedades de este tipo”, dijo.
El disparador de la convocatoria a Gils Carbó para dar testimonio fue la declaración del fiscal de la seguridad social Gabriel De Vedia, quien relató bajo juramento un encuentro con el operador judicial del macrismo Fabián Rodríguez Simón, con quien tenía un parentesco.
Fue en octubre de 2017, cuando la embestida contra la exjefa de los fiscales estaba en su punto máximo. De Vedia le planteó que terminaran con la persecución y la respuesta de Pepín fue -según su descripción- que si no renunciaba irían presa ella y sus hijas.
Cuando él se lo contó a Gils Carbó le pareció “verosímil” porque “la violencia iba in crescendo y era una época en que había prisiones preventivas arbitrarias y abusivas”. Tres días después, el 30 de octubre de aquel año, presentó su renuncia. La frase de Rodríguez Simón fue “el tiro de gracia” de un proceso de presiones que avanzaba sin pausa, explicó.
La audiencia estaba convocada para las 11 de la mañana por Zoom. Cuando Gils Carbó encendió la computadora para conectarse encontró una notificación que la dejó con taquicardia: el juez federal Julián Ercolini acababa de elevar a juicio oral la causa judicial que considera uno de los emblemas de la ofensiva en su contra, donde la acusó de una defraudación por la compra del edificio donde funciona actualmente la Procuración General, que encabeza el interino Eduardo Casal, y donde ella estuvo desde el 29 de agosto de 2012 hasta fines de 2017.
Pareció una provocación. De toda la artillería de demandas y artilugios para arrinconarla, fue lo único que quedó en pie estos años. Gils Carbó supone que fue para “silenciarla”.
Ercolini es el mismo juez que mandó a detener a los accionistas del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, (dueños de C5N y Radio 10) en 2017, en una causa por supuesta evasión del impuesto a los combustibles líquidos que empieza a quedar cuestionada en el juicio oral -con los peritajes de la Corte Suprema- y en el juzgado de María Servini que analiza presuntas amenazas y extorsiones. Servini es la jueza que pidió la captura de Rodríguez Simón y que convocó también como testigos a Gils Carbó y a De Vedia.
El fiscal Picardi investiga un abanico de hechos atribuidos a exfuncionarios del macrismo, desde el exjefe de Gabinete Marcos Peña, el exjefe de asesores presidenciales José Torello, el exjefe de la AFI Gustavo Arribas, el exministro de Justicia, Germán Garavano, hasta los propios Rodríguez Simón y Macri.
En la causa hay documentos y testimonios sobre presiones a un grupo de jueces laborales y otros como la camarista de Casación Ana María Figueroa y la jueza federal de San Martín Martina Forns, que dictaban fallos que no eran del agrado del gobierno de Macri.
La situación de Gils Carbó se sumó el mes pasado y ella ahora incluso evalúa la posibilidad de ser querellante para impulsar la investigación. Tras su declaración, Picardi ordenó nuevas medidas.
En la audiencia, el abogado de Rodríguez Simón le preguntó por qué no había denunciado la amenaza que le relató De Vedia, sobre su posible detención y la de sus hijas. Gils Carbó respondió:
"Lo mismo les preguntaban a las víctimas de crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, sobre por qué no denunciaban a los represores. Yo también tenía un aparato estatal organizado para ejercer violencia sobre mí".
La pregunta central que le hizo la fiscalía a Gils Carbó fue si se sintió perseguida. La exprocuradora hizo un repaso de una hora y media sobre su gestión y los mecanismos del macrismo para sacarla de su cargo.
La estrategia judicial, explicó, fue la que se enfocó en causas judiciales en contra suyo y de sus hijas: entre esas causas, destacó la del edificio y a una causa que apuntaba a sus hijas, por las publicaciones de un portal noticias judiciales que manejaban, que estuvo a cargo del fallecido Claudio Bonadio, con impulso del fiscal Eduardo Taiano, y que incluyó tareas de inteligencia sobre las jóvenes.
La estrategia institucional apuntó a promover reformas que habilitaran algún mecanismo para echarla que fuera más sencillo que el juicio político, que requería mayoría agravada en el Congreso.
La secuencia que repasa comienza desde antes que Macri asumiera la Presidencia. Le mostró al fiscal algunas publicaciones con declaraciones. Una del propio expresidente, del 3 de diciembre de 2015, que decía: “Encárguense, no la quiero en mi gobierno”.
Otra del diputado y consejero de la Magistratura Pablo Tonelli:
“La presencia de Gils Carbó como Procuradora es incompatible con una presidencia de Cambiemos, en particular de Mauricio Macri, por lo tanto si ella no acepta renunciar, haremos lo posible por removerla”.
Gils Carbó hizo hincapié en que ella impulsó cambios en el Código Procesal Penal para instalar un sistema acusatorio (que diera protagonismo a los fiscales, agilidad a las causas y oralidad, entre otras cosas) que fueron aprobados en el Congreso en 2015 y que a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal se incorporaron una gran cantidad “de dispositivos que yo había creado para fortalecer y modernizar la persecución penal, como diez direcciones generales y procuradurías especializadas”.
Su gestión, dijo, apuntó a “dar acceso a la Justicia a sectores postergados de la sociedad también”. “Para todo eso compré el edificio de la Procuración”, pero “había fiscales, funcionarios políticos y magistrados que me perseguían y me querían pintar como una mujer boba, como si quisiera un despacho de reina”.
Los ataques con denuncias judiciales, a su entender, se deben a que era “una funcionaria de carrera y no iba a ser fácil sacarme”. Enfatizó que la causa por el edificio empezó con un anónimo “que pretendía decir que yo había hecho un negocio con mi ex marido” pero luego “cambiaron la hipótesis delictiva para decir que direccioné la licitación porque quería un despacho señorial, otro ataque misógino infundado”.
También precisó que la causa contra sus hijas, donde a ella la señalaban como instigadora, ganó actividad durante el gobierno de Macri y Bonadio la cerró después de su renuncia.
El año crítico fue 2017 y el mes clave, octubre. La exjefa de los fiscales enumeró ante Picardi: el 12 de ese mes Ercolini la procesó por administración fraudulenta por la compra del inmueble; el 13 de octubre Ricardo Roa publicó en Clarín el número de teléfono de una de sus hijas, quien comenzó a recibir todo tipo de insultos; el 20 de octubre, el juez contencioso administrativo Pablo Cayssials declaró inconstitucional el régimen de remoción del procurador por juicio político para habilitar que la pudieran remover por otro mecanismo como un decreto.
Fue en base a una demanda del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, contra el Estado, evidentemente sincronizada con el gobierno. A los pocos días el macrismo impulsó un proyecto de reforma de la Ley de Ministerio Público que habilitaba la posibilidad de suspender al procurador/a con impulso del Poder Ejecutivo y mayoría de los presentes en las cámaras. El 27 de octubre De Vedia le relató la conversación con Rodríguez Simón, y el 30 ella presentó la renuncia.
Más allá de que Gils Carbó supone que Macri llegó al gobierno con una idea de perseguir opositores, le dijo a Picardi que en su caso:
“Macri no me quería porque yo, como fiscal, le había frustrado su intento de crear una Inspección de Justicia (IGJ) paralela en la Ciudad de Buenos Aires. Yo era una fiscal especializada en fraudes económicos, en particular los realizados con sociedades off shore”, declaró.
“Pero además, con el escándalo de los Panamá Papers, surgió que él era titular de sociedades de este tipo”, destacó. Por eso sostuvo que está convencida de que se ejerció sobre ella “violencia privada estatizada”. La cautelar que promovió para frenar la IGJ paralela sigue vigente.