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viernes, marzo 29, 2024

Los abogados de la UIF macrista: del lawfare al narcotráfico

Agustín Biancardi y Martín Olari Ugrotte, ex miembros de la Unidad de Información Financiera (UIF) en tiempos del gobierno de Mauricio Macri, hoy son abogados de Nicolás Javier Albornoz, hijo del capo narco de San Martín Javier “El Rengo” Pacheco. Durante su paso por la UIF, estos "expertos en arrepentidos", se ocupaban de dar las directivas para las querellas penales contra ex funcionarios kirchneristas.

El día que la policía bonaerense fue a detener al poderoso capo narco de San Martín Javier “El Rengo” Pacheco a la mansión donde vivía en Parque Leloir, los agentes e investigadores encontraron pruebas muy valiosas bajo tierra: cuando picaron los cerámicos del suelo de uno de los baños hallaron una caja de herramientas llena documentos de propiedades en Uruguay, pagarés, mutuos y otras constancias societarias que darían cuenta de una actividad económica de Pacheco fuera del país.

En el jardín, debajo de una casita de juegos, al excavar apareció una bóveda, también llena de títulos y otros papeles. Buena parte de esas evidencias explican por qué Pacheco no sólo está acusado de liderar una sociedad criminal para la venta de estupefacientes, sino de un delito que suele ir de la mano del narcotráfico, que es el lavado de dinero.

También está detenido uno de sus hijos, Nicolás Javier Albornoz, y con él llegó una gran sorpresa a la investigación. No tanto por él mismo sino por los abogados que fueron a tribunales en su nombre y que se presentaron como expertos en “arrepentidos”: uno es el ex director de litigio de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri, Agustín Biancardi, y el otro fue uno de sus leales colaboradores en aquel organismo, Martín Olari Ugrotte.

Los abogados ex UIF, que fueron colaboradores claves de la gestión de Mariano Federici suelen hacer gala, al ofrecer sus servicios, de manejar con habilidad el arrepentimiento de imputados para colaborar con las causas y obtener rápido su libertad.

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La UIF macrista, de hecho, intervino en casos donde la figura del “arrepentido” se usó para hacer salir de la cárcel a grandes empresarios, como la de las fotocopias de los cuadernos, a cambio de que comprometieran a exfuncionarios (y en especial a Cristina Fernández de Kirchner), y lo mismo se intentó en la llamada “Ruta del dinero K”.

Ésta vez, Biancardi y Olari, ya lejos de la función pública, se presentaron como abogados de Nicolás Javier y de su madre y, enseguida, ofrecieron su arrepentimiento para dar pistas sobre la banda narco de Pacheco.

La respuesta que recibieron en la fiscalía fue categórica: nadie obtendrá una excarcelación express a cambio de un arrepentimiento y, además, para aceptar su declaración en ese carácter, deberían dar datos muy novedosos para el expediente.

El abogado Biancardi, como jefe de litigios de la UIF se ocupaba de dar las directivas para las querellas penales.

El papel central que tuvo ese organismo en los tiempos del macrismo estuvo lejos de ser la prevención del lavado de activos: fue una máquina de querellar a los exfuncionarios kirchneristas, y en especial a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La UIF fue el organismo que pidió hasta el cansancio que ella fuera incluida en la causa de lavado contra Lázaro Báez, conocida como Ruta del dinero K, algo que no logró. En cambio, en otras empujaron hasta el cansancio y avanzaron, como en la causa cuadernos y en la de Los Sauces.

Son en total 16 las querellas iniciadas por la gestión de Federici contra la vicepresidenta y otros exfuncionarios de su gestión. Ex funcionarios de la UIF que tuvieron que dejarle la oficina a Biancardi cuando cambió el gobierno cuentan que le escucharon anunciar al llegar: “nosotros vamos a poner presa a Cristina”.

El abogador Olari, paradójicamente, venía de Libres del Sur y había estado en la UIF en el gobierno de CFK. Biancardi y Olari hoy comparten estudio con otro ex miembro de la UIF, Facundo Orazi. Solían funcionar como cuarteto con otro letrado, Gonzalo Romero.

La ley de Etica Pública y la del propio organismo no les impediría, por los cargos que ocupaban, participar de causas de narco-lavado como esta.

En Comodoro Py existe una causa en trámite, a partir de una denuncia del diputado Rodolfo Tailhade en la que exmiembros del Consejo asesor de la UIF declararon ante la fiscala Alejandra Mángano y el juez Luis Rodríguez que la gestión de Cambiemos en el organismo eludió sancionar al banco HSBC en un caso vinculado con el narco colombiano Henry de Jesús López Lodoño, conocido como “Mi Sangre”.

Los testigos en cuestión dijeron que en 2018 recomendó sancionar al banco por incumplir procedimientos para la prevención del lavado, pero no lo hizo. Tailhade había denunciado la vinculación de Federici y su número dos, María Eugenia Talerico con la entidad.

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