El 18 de diciembre de 2020, el gobierno promulgó la Ley Nacional 27.605, que establece el Aporte Solidario y Extraordinario sobre las Grandes Foturnas, conocido mediáticamente como “Impuesto a la Riqueza”. La norma que busca disminuir el impacto económico de la pandemia del COVID-19 está vigente pero todavía no se aplicó.
La ley fue sancionada por el Congreso a pesar de la habitual resistencia de Juntos por el Cambio a toda normativa que busque avanzar hacia una mayor equidad y justicia social. Con ella, el gobierno nacional calculaba que recaudaría unos 300 millones de pesos.
El texto de la norma implica el cobro por única vez de una tasa del 2% a los patrimonios de las personas físicas que tengan declarados más de 200 millones de pesos. Además, se esperaba que esta medida alcanzara a unos 12 mil contribuyentes.
Además, el aporte se elevará al 3% en el caso de fortunas de más de 800 millones y menos de 1.500 millones, que en caso de superar esta última cifra deberán pagar el 3,25%. Según la AFIP, son 380 personas las que se encuentran en esta situación y sus aportes alcanzarían el 55% del total de lo recaudado por el Aporte Solidario.
Frente a esta iniciativa, desde Juntos por el Cambio compraron el argumento de los empresarios más ricos del país y sus economistas y expertos tributarios que oficiando de voceros, manifestaban que se trataba de un “impuesto confiscatorio”, y que constituía un obstáculo para inversores y emprendedores. Todo esto pese a que en los “países serios” (otrora llamados del primer mundo) se han impulsado este tipo de iniciativas.
No obstante, desde la AFIP manifiestan que hasta el momento no hay noticias de la implementación de este tributo ni precisiones de cómo será el mecanismo de recaudación.
Es que el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont espera la reglamentación por parte del Ministerio de Economía que lidera Martín Guzmán y que esperan, llegaría la próxima semana.
